EL “Muro de la Barbarie” y Mínimo Vital Garantizado.

¿Qué diferencias hay entre el ingreso mínimo vital y la renta básica universal? Realidad frente a fantasía

  • La renta básica no se implementa en ningún país completo ahora mismo
  • El ingreso mínimo vital es una prestación muy extendida en Europa
  • El IMV va desde los 400 euros de España hasta los 1.400 de Holanda

18:52 – 2/05/2020

En una era de creciente desigualdad económica y de elevado riesgo para el futuro del trabajo, algunas propuestas como la renta básica universal (RBU) o el ingreso mínimo vital (IMV) han ido ganando relevancia como posibles paliativos ante la transformación que están sufriendo las economías, que puede verse acelerada por la crisis del coronavirus, dejando a miles de personas fuera del mercado laboral. Sin embargo, aunque resulta habitual meter en el mismo saco ambos conceptos, la renta básica y el ingreso mínimo son prestaciones completamente diferentes. Sin ir más lejos, la primera no se aplica de forma estricta en ningún país del mundo, mientras que la segunda es una prestación muy extendida en los países desarrollados y, sobre todo, en Europa, donde el Estado de Bienestar es más poderoso que en otras regiones avanzadas.

Por un lado, el ingreso mínimo vital es una prestación con unos parámetros muy claros, que suele ir dirigida a colectivos sociales muy desfavorecidos, con bajos ingresos y que suelen formar parte de la población activa (buscando trabajo) si están en condiciones para ello. Por ejemplo, el IMV en el que está trabajando el Gobierno de España se entregará bajo unos requisitos que ha de cumplir el beneficiario durante el periodo que esté recibiendo la prestación. Entre ellos destaca la necesidad de buscar trabajo y estar en disposición de incorporarse al mercado laboral, tener unos ingresos muy bajos, a la par que se evaluará el patrimonio del individuo para decidir si puede acceder a esta prestación. De lo contrario, estos beneficiarios saldrían del programa de ingreso mínimo vital.

Llegará en mayo a España

El ingreso mínimo pretende crear una especie de red o suelo para todas aquellas personas que carecen de los ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. Esta propuesta llegará al Consejo de Ministros en mayo después de cotejar datos entre CCAA y la Administración Central para evaluar cómo coordinar esta prestación que ahora es competencia de las autonomías.

Por el contrario, la RBU es un programa en el que se hace una transferencia directa de dinero, de forma incondicional (se trabaje o no, te dediques a buscar empleo o a pasear por la playa), y es para toda la población, según la define el Banco Mundial en un libro publicado recientemente dedicado al estudio de la renta básica universal. De este modo, la renta básica universal llega a todos los ciudadanos en forma de ‘derecho’, sin que éstos tengan que cumplir ningún requisito. Esto a veces genera ciertas dudas entre los teóricos: ¿debería recibirla un asesino que ha cumplido su condena? O ¿a qué edad se debe adquirir el derecho para recibirla?

Por otro lado, la renta básica sería mucho más cara de financiar, puesto que cubre a toda la población de forma incondicional. La mayor parte de las ocasiones en las que se ha puesto a prueba un programa así, la idea final era sustituir todas las prestaciones existentes por una renta básica universal, lo que reduciría los costes administrativos de gestionar decenas de prestaciones. Sin embargo, se podría quedar corta (en términos monetarios) para las personas que más lo necesitan, mientras que sería redundante para los ciudadanos con mayores ingresos, que también la percibirían. Estas son algunas de las críticas a la RBU.

El ingreso mínimo y su extensión

El IMV está muy extendido, mientras que con la RBU solo se han realizado pruebas con poco éxito. En uno de los últimos trabajos publicados por Eurostat sobre el IMV se explicaba que en los 35 países analizados existía algún tipo de ingreso mínimo vital, solamente “en Bulgaria los programas son muy limitados, parciales o poco sistemáticos, estando restringidos a categorías limitadas de personas y no cubren a muchos de los que necesitan apoyo”, destacaba el informe.

En la mayoría de los países, los pagos se realizan sobre una base de criterios estrictos establecidos en la legislación. Sin embargo, en algunos países hay elementos discrecionales sustanciales. Por ejemplo, en Lituania, las autoridades locales pueden tomar decisiones sobre un solicitante individual sin necesidad de la legislación. Por ejemplo, el informe de Eurostat destacaba que “en la mayoría de las regiones de España, la falta de precisión en la definición de los mecanismos para materializar los derechos y obligaciones de los beneficiarios potenciales de los esquemas del IMV, así como en las razones que se supone que regulan la suspensión o exclusión de una persona de estos programas, parece dejar un amplio margen para la discreción burocrática y la toma de decisiones subjetiva”. La propuesta del Gobierno pretende equiparar estas condiciones y que el marco sea igual para todos.

Dado que cada país tiene unos estándares de vida diferentes y con unos costes distintos, resulta más ajustado a la realidad saber qué porcentaje de la renta disponible media del país alcanza el ingreso mínimo vital. No es lo mismo una prestación de 300 euros en Portugal que en Dinamarca. Según los datos de la OCDE de 2019, Japón es el país que mayor cobertura ofrece con un IMV que representa el 65% de la renta disponible media del país, seguido de Irlanda (1.450 euros al mes) con una cobertura del 64% y Holanda del 60% (1.400 euros mensuales). Estos datos pertenecen a una persona que vive sola y sin hijos. En la mayor parte de los países las prestaciones aumentan con las personas dependientes a cargo.

En Francia, la prestación alcanza los 767 euros, un 40% de la renta disponible, y en Alemania (886 euros) un 46%. En Reino Unido son 886 libras mensuales o lo que es lo mismo, el 54% de la renta media disponible. En el caso de Portugal, la prestación no llega a los 300 euros y solo alcanza el 22% de la renta disponible per capita. En España, el IMV se sitúa en el 30% de la renta disponible media del país y promedia unos 400 euros al mes con datos de 2019. En España son las comunidades autónomas las que tienen ahora mismo esta competencia, lo que deja un mosaico de prestaciones que va desde los más de 700 euros mensuales en el País Vasco o Navarra, hasta los escasos 300 euros de Murcia. A la cola en Europa aparecen Bulgaria, Rumanía y Hungría, donde el IMV apenas ofrece una cobertura que iguala el 15% de la renta disponible media del país.

Frente al vasto elenco de países que tienen algún sistema de IMV, actualmente, ninguna nación tiene una renta básica universal, aunque ha habido (y todavía hay) varios programas piloto a pequeña escala y algunas experiencias a mayor escala. “Solo dos países, Mongolia y la República Islámica del Irán, tuvieron una RBU nacional en funcionamiento durante un corto período de tiempo. Las experiencias en regiones, como en Alaska, proporcionan información valiosa, pero están limitadas en una o más características”, explican los autores del libro publicado por el Banco Mundial.

No obstante, la creciente desigualdad de ingresos en los países desarrollados y la precariedad laboral están dando cada vez un mayor protagonismo a la RBU, que podría ser un complemento para los empleados con trabajos más precarios, y un ‘salvavidas’ para las personas que han quedado expulsadas del mercado laboral (por la tecnología, globalización…) y tienen escaso espacio para reciclar sus habilidades laborales.

Pros y contras de la Renta Básica Universal

Gayle Allard es economista y profesora de IE BUSINESS SCHOOL y de IE University

Quizás la desventaja más importante es que la RBU no va dirigida sólo a quien realmente lo necesita. Es un pago a todos, con independencia de su nivel de renta. Gran parte del gasto iría a personas que no lo necesitan. Es una política sencilla de administrar, pero muy ineficaz en la consecución de sus objetivos.

Los proponentes de la RBU no están sólo pensando en momentos de crisis. Quieren un programa que asegure a toda persona una renta básica para vivir, tanto en crisis como en momentos de normalidad. Algunos argumentan que los cambios tecnológicos acabarán eliminando tantos puestos de trabajo que una RBU será necesaria. Pero incluso si este es el futuro que nos espera, hay programas que tienen menos desventajas y menores costes que la RBU. Quizás el mejor sería pagar un subsidio a las rentas más bajas.

Plantilla:Salarios mínimos en Latinoamérica

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Países de América Latina según su salario mínimo mensual en 2020
PaísSalario mínimo mensual
(en dólares, a tasa oficial)
Salario mínimo mensual
(en moneda local)
EL “MURO DE LA BARBARIE” que hemos vivido la mayoría de Latinoamericanos, debe llegar a su fin y para ello fue 
necesario que llegara el “CORONAVIRUS” y solo saldremos adelante si modificamos la forma como generamos TRABAJO 
y PAZ para lograr FELICIDAD.
Paises sostenibles con equidad en los programas sociales donde gobiernos y sindicatos cumplan con mecanismos de 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL, que privilegie la LEY sobre la Conveniencia, que este por encima del populismo que tanto 
daño nos esta generando.
CONSTITUCIONAL NACIONAL DE COLOMBIA. 
C.N. Art. 53 PRINCIPIOS: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS TRABAJADORES; REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y MÓVIL 
PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO; ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS EN LAS MINIMOS
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LABORALES; FACULTADES PARA TRANSIGIR Y CONCILIAR SOBRE DERECHOS INCIERTOS Y DISCUTIBLES; SITUACIÓN
MAS FAVORABLE AL TRABAJADOR.   
EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO; PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE 
FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES LABORALES; GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y DESCANSO NECESARIO; PROTECCIÓN ESPECIAL A LA  MUJER, A LA MATERNIDAD Y TRABAJADOR DE MENOR EDAD.  
LEY 1429 DE 2010: ART. 2° DEFINICIONES. 3. TIPOS DE INFORMALIDAD DEL EMPLEO: 
a) INFORMALIDAD POR SUBSISTENCIA: ES AQUELLA QUE SE CARACTERIZA POR EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD POR FUERA DE LOS 
PARAMETROS LEGALMENTE CONSTITUIDOS, POR UN INDIVIDUO, FAMILIA O NÚCLEO SOCIAL PARA PODER GARANTIZAR SU MÍNIMO VITAL.
LEY 1450 DE 2011: POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014:
ART. 1°. MAS EMPLEO FORMAL MENOS POBREZA.
ART. 171. VINCULACIÓN LABORAL POR PERIODOS INFERIORES A UN MES O POR DIAS. LA AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS 
TRABAJADORES DEPENDIENTES QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS LABORALMENTE POR PERIODOS INFERIORES A UN MES O POR DÍAS, Y QUE POR
DICHA SITUACIÓN PERCIBAN UN INGRESO MENSUAL INFERIOR A UN SMMLV, SE REALIZARA MEDIANTE COTIZACIÓN DE ACUERDO AL NUMERO 
DE DÍAS LABORADOS Y SOBRE UN MONTO NO INFERIOR A UN SALARIO MÍNIMO LEGAL DIARIO VIGENTE.
ART. 172. EL GOBIERNO NACIONAL DISEÑARA UN ESQUEMA FINANCIERO Y OPERATIVO QUE POSIBILITE LA VINCULACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES INFORMALES DEL SECTOR PRIMARIO A LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.
LEY 100 DE 1993. 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 
PRINCIPIOS GENERALES  b) UNIVERSALIDAD; c) SOLIDARIDAD; d) INTEGRALIDAD; e) UNIDAD.
ART. 80. RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.   I) EN DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, EL ESTADO APORTARÁ LOS 
RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE PENSIONES MÍNIMAS; Y AQUELLOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES
REQUERIDAS PARA EL EFECTO
LEY 1607 DE 2012
(diciembre 26)
Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012
Reforma Tributaria – Exoneración de Aportes a Salud, SENA e ICBF
 La Ley 1607 de 2012 exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF). A continuación le explicamos lo que debe de tener en cuenta para aplicar a dicha exoneración, así como su aplicación en el pago de su planilla PILA:
le explicamos lo que debe de tener en cuenta para aplicar a dicha exoneración, así como su aplicación en el pago de su planilla PILA:
¿A qué empleados aplica la exoneración?
 Para saber si a sus empleados les aplica la exoneración debe tener en cuenta lo siguiente
Persona natural:
Si usted es persona natural y tiene dos o más empleados (trabajadores, servicio domestico, etc.), los aportes a salud corresponden al 
4% del IBC (antes 12,5%) y no debe pagar ICBF y SENA. Si usted solo tiene un empleado entonces este beneficio no le aplica y debe 
continuar haciendo todos los aportes de forma normal.
Empresas:
Si usted es una empresa, entonces la exoneración aplica solo para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos 
mensuales ($6.160.000), en este caso los aportes a salud corresponden al 4% del IBC (antes 12,5%)  y no se deben hacer aportes en
SENA e ICBF.Para los empleados que devenguen 10 o más salarios mínimos se continúan realizando todos los aportes de forma normal.
Normatividad Relacionada:
A continuación ponemos a su disposición toda la normatividad que rige estos cambios en la planilla.
ü Ley 1607 de 2012 Art. 25 y 31
ü Decreto 1828 de 2012 Art. 7
ü Resolución 1300 de 2013 Art. 7
ü Memorando 201311200156063
LEY 1819 DE 2016
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 65. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al 
Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo
anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes
de que trata este inciso.
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de 
acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso 
anterior o con el parágrafo 4o del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena 
y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
CONSIDERACIONES:
Las pequeñas y medianas empresas están atravesando muchas dificultades y su razón principal es que las utilidades 
comerciales están desapareciendo y ahora la utilidad es financiera o producto de grandes operaciones que no están al 
alcance de todos; por lo tanto es necesario abocar nuevas estrategias y nuevas formas de contratar y negociar. 
También pronostico como nuevo ciclo social el de la ESPIRITUALIDAD donde lo mas importante no es el dinero sino el 
logro de la FELICIDAD y en consecuencia la PAZ. 
CONSCIENCIA DEL GOBIERNO para entender que en la medida en que una persona obtenga trabajo dejara de ser una 
carga para el ESTADO y se convertirá en CONTRIBUTIVO. También quien obtiene trabajo queda habilitado para comprar 
ALIMENTOS, SALUD, EDUCACIÓN, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO, CULTURA, RECREACIÓN, VIVIENDA ETC….
CONSCIENCIA DEL EMPRESARIO que hoy en día las personas necesitan mas tiempo disponible para su Hogar, 
Capacitación y tiempo libre para realizar las actividades que mas lo enamoran.
CONSCIENCIA DEL TRABAJADOR para entender que el COMPROMISO con identidad, respeto, actitud, buen trato y 
cultura son necesarios para ser reconocidos como tales y poder mantener un camino hacia Prosperidad y la PAZ.
“No son las riquezas y su resplandor, sino el TRABAJO y la PAZ en el hogar lo que me genera FELICIDAD”. (Jefersson)
ADEMAS PROPUESTA PARA EL GOBIERNO NACIONAL, ESQUEMA FINANCIERO Y OPERATIVO, QUE PODRÍA PERMITIR QUE LOS AÑOS
INICIALES DE PENSIÓN Y CESANTÍAS, A TRAVÉS DE UNA CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, SEAN LA BASE PARA AHORRAR
CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN CRÉDITO DE VIVIENDA CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DE ESTA FORMA AUMENTAR 
COBERTURA PENSIONAL Y GARANTIZAR EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El trabajador dependiente o independiente tendría un Piso Mínimo de (2) dos horas día para cotización a seguridad 
social y su objetivo será lograr otro trabajo de (6) horas, para completar las (8) horas necesarias para ser objeto de
crédito con el Fondo Nacional del Ahorro.
El trabajador autoriza que las pensiones y cesantías se hagan en forma mensual a través de una cuenta de ahorro 
programada, primero para ahorrar la cuota inicial, que sería el 10% del crédito objetivo.
El trabajador primero obtiene un trabajo aunque sea de (2) dos horas día y esta es la oportunidad para relacionarse con 
otras personas o empleadores para aumentar sus horas de trabajo.
*TENER UN TRABAJO ES UN PRIVILEGIO………NO TENERLO ES UNA DESGRACIA.
Que es necesario acabar con la instrumentalización de jóvenes por las personas dedicadas al narcotráfico y delincuencia.
Finalmente solo falta que se defina como Política de Estado para la generación de Trabajo y/o empleo y Formalizar para 
lograr Equidad y Legalidad además de un fuerte CRECIMIENTO ECONÓMICO.
*No hay manera fácil de hacer algo difícil, el secreto esta en empezar por las cosas pequeñas. “ANA PERRY”
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las micro, pequeñas y medianas
empresas en Colombia representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional.
Para Alicia Bárcena, secretaria de la Cepal, la emergencia por el COVID-19 obliga a replantear asuntos fundamentales dentro del
funcionamiento de los Estados, como el gasto en los sistemas de salud o la transformación energética y productiva con miras a la 
sostenibilidad ambiental. “La crisis nos ha mostrado que vivimos en una cultura del privilegio, en la que es normal que fenómenos, 
como la corrupción o la evasión de impuestos, sean asuntos normales”.
Bárcena, quien también participó en el aniversario de CAF, dice algo que parece obvio, pero que lleva una carga de profundidad: 
“Esta es una crisis de oferta y demanda.
También propone una subvención temporal a las micro y pequeñas empresas de la región, así como apoyo para orientarlas hacia una 
transformación productiva en el mundo después de la pandemia. Y finaliza diciendo que “tenemos que proteger a las personas; 
proponemos un ingreso básico de emergencia con una duración de seis meses, que puede estar en el orden de los US$140 mensuales”.
El virus ha sacado a la luz las desigualdades socioeconómicas incluso en países desarrollados como Estados Unidos y algunos expertos 
consideran que llegó la hora de replantear muchas cosas, incluidos el trabajo, los sueldos y las coberturas médicas, sobre todo a 
medida que aumenta la automatización y desaparecen muchos oficios tradicionales.
En todo el mundo, las medidas de seguridad que se están tomando para combatir el virus implican que restaurantes y otros negocios
no pueden recibir tanta gente como antes. Esto hace que tampoco puedan contratar la misma cantidad de personal, si es que pueden 
reabrir.
Formato Esquema Financiero y Operativo para Trabajadores por Horas que devenguen menos de un
Salario Minimo Mensual Legal Vigente, tendría las siguientes explicaciones:
Cuáles son los países donde la gente trabaja más y menos horas semanales (y qué quieren cambiar en Chile)
RedacciónBBC News Mundo. 21 de agosto de 2019
En Chile hay dos proyectos de ley en el Congreso que buscan reducir el horario laboral y que han generado un intenso debate 
en la sociedad de ese país.
Uno propone disminuir las horas semanales de 45 a 40, mientras que el otro (presentado por el gobierno) apunta a una reducción 
gradual estimada en 41 horas promedio a la semana e incluye flexibilidad en la distribución del horario y en otros aspectos.
En América Latina hay límites semanales de 48 horas en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua,
Panamá, Perú y Uruguay.
Mientras que en el rango que va de 40 a 47 horas están Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Ecuador.
Sin embargo, más allá de la ley, hay países donde lo que establecen las normas se aleja de la realidad, especialmente en aquellas 
economías menos desarrolladas donde la mayor parte de la población tiene empleos informales que no siguen ninguna regulación.
Senado de Brasil aprueba la reducción de la jornada laboral y de los salarios por pandemia
miércoles, 17 de junio de 2020
El Senado de Brasil aprobó con 75 votos a favor y ninguno en contra la proposición de ley que permite la suspensión temporal y la 
reducción de la jornada laboral, así como de los salarios mientras dure la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
El texto, considerado fundamental por el Gobierno de Brasil para poder hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, 
pasará a manos del presidente, Jair Bolsonaro, para que lo firme en los próximos días.
Países con menos horas de trabajo semanal en la OCDE
Fuente: OCDE
Con una perspectiva más amplia, el informe Working conditions in a global perspective, un estudio de la OIT publicado en mayo de 
este año, analiza la situación laboral en 41 países del mundo, según los resultados de encuestas.
En él se indica que las semanas laborales extensas (de más de 48 horas) “siguen siendo frecuentes” en distintas partes del mundo.
Por ejemplo, en países como Corea del Sur, Turquía y Chile, cerca de la mitad de los empleados trabaja más de 48 horas a la semana,
mientras que en la Unión Europea es el 15% y en Estados Unidos el 19%.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), del total de empresas que cerrarían
producto de la pandemia, 2.650.528 corresponden a microempresas, el sector más vulnerable de la cadena
productiva de la región. Evitar la destrucción de la capacidad productiva
La pandemia, que deja alrededor de 2,6 millones de contagiados y más de 119.000 muertos en América Latina, 
provocará la peor caída del PIB regional desde que hay registros: un 5,3%.
Según Cepal, un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente 
afectados por la crisis derivada de la pandemia, mientras que menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan 
en sectores que serían afectados solo de forma moderada.
Hasta ahora las empresas han enfrentado la crisis mediante la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito.
Sin embargo, “estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los
impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años 
ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual”, advierte el organismo de las
Naciones Unidas.
Ante esta situación, la Cepal enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de 
capacidades productivas a través de la implementación de cuatro medidas:
*Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas; 
*cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades; 
*realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
*apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
LEY 1955 DE 2019
(mayo 25)
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

ARTÍCULO 71. POLÍTICA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. El Gobierno nacional acompañará a los entes territoriales en la formulación de la política de uso y aprovechamiento del espacio público, a fin de procurar alternativas para los vendedores Informales en el marco del principio de la confianza legítima y del derecho al trabajo. También promoverá su acceso a la seguridad social, según su capacidad de pago, y su acceso a los programas de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), promoviendo la capacitación y desarrollo de proyectos productivos.

PARÁGRAFO. Los Concejos Municipales y Distritales podrán reglamentar, previo estudio de impacto fiscal, que parte del cobro para el uso y aprovechamiento del espacio público se podrá destinar a programas de ahorro para la vejez.

ARTÍCULO 182. FOMENTO DE LOS MICROCRÉDITOS. En armonía con las Bases del “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el Gobierno nacional reglamentará la manera en que se profundicen los microcréditos a través de las entidades del sector financiero como instrumento de formalización de generación de empleo e instrumento para combatir el “gota a gota” o “paga diario”.

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional fomentará el desarrollo de cadenas productivas entre empresarios MiPymes a través de figuras como la Asociatividad que generen valor agregado al producto final y permitan mayor innovación tecnológica entre las unidades productivas

ARTÍCULO 192. PRÁCTICAS LABORALES. Además de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación profesional integral del SENA, así como de toda la oferta de formación por competencias.

PARÁGRAFO 1o. El tiempo de la práctica laboral que el estudiante realice para optar a su título de profesional, tecnológico o técnico cuenta como experiencia laboral, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en la materia.

PARÁGRAFO 2o. Las prácticas laborales realizadas durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, serán tenidas en cuenta al momento de contabilizar el tiempo de experiencia laboral.

PARÁGRAFO 3o. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo, los estudiantes de posgrado del sector salud.PARÁGRAFO 4o.En el sector público se generarán oportunidades de prácticas laborales para estudiantes de administración pública

ARTÍCULO 193. PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON INGRESOS INFERIORES A UN SALARIO MÍNIMO. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS.

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social.

PARÁGRAFO 1o. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los vinculados al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar.

ARTÍCULO 196. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN JOVEN DEL PAÍS. Con el fin de generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar cuando adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas.

ARTÍCULO 204. EXONERACIÓN DE APORTES. Adiciónese un inciso al parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así:

Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo.

ARTÍCULO 205. APLICACIONES Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. El Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los Ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas.

Las aplicaciones y plataformas, así como las personas naturales y jurídicas del sector, suministrarán la información necesaria que servirá de insumo para la política pública y los estudios sectoriales que se requiera, incluyendo la caracterización del sector.

PARÁGRAFO. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas.

ARTÍCULO 244. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia.

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el presente artículo.

PARÁGRAFO. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) deberá, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables, determinar un esquema de presunción de costos.

No obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP, siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que regulen las exigencias para la validez de dichos documentos.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La UGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto en el parágrafo anterior a los procesos de fiscalización en curso y a los que se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo procedente y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite de resolver a través de revocación directa y no dispongan de una situación jurídica consolidada por pago.

Los plazos que se encuentren cursando para resolver recursos o la revocatoria directa de actos administrativos proferidos por la UGPP en la materia, se ampliarán en el mismo término del inicialmente definido por la ley. A las decisiones resultantes de la aplicación de la presente disposición también le será aplicable lo dispuesto en el artículo 110 de la presente ley, cuyo plazo para solicitar la transacción con la UGPP será el 31 de diciembre de 2020