Noticias Laborales febrero de 2021. Informalidad, desempleo y pobreza.

Revistaformas.com “vea la realidad”  *Informalidad, desempleo y Pobreza.

Actualmente el gobierno Subsidia con el 40% del Salario Mínimo Mensual Vigente que equivale a $363.410 
a partir de tener mínimo tres (3) trabajadores, que beneficia a pequeña, mediana y gran empresa y según el 
Presidente Duque informo que en Julio 2020 se beneficiaron 3,250 millones de trabajadores y 113.000 empresas
con un costo estimado de 900.000 millones por mes.
Se queda corto nuestro Presidente al no tener en cuenta a los Micronegocios, trabajadores por cuenta propia 
y desempleados, reconociendo que los programas de Familias en acción, jóvenes en acción , adulto mayor y 
devolución del iva son buenos programas que mitigan la desgracia de no tener trabajo.
Llego la Hora de reconocer que en Colombia ha sido un PRIVIGELIO tener un Trabajo Formal y una DESGRACIA no
tenerlo, porque nos ha faltado plantear la VERDAD y actuar con REALIDAD. Las nominas estan cargadas de Programas 
Sociales Sena, I.C.B.F., Caja de Compensación, Salud, Pensión, Riesgos laborales y sufrir el Desempleo con inseguridad
social y además la CORRUPCION que es necesario ERRADICAR.
Una idea que funcionó en varios países es ayudar a las empresas a pagar salarios y afrontar otros costos en
proporción a los ingresos perdidos, con la condición de que no despidan trabajadores.

Finalmente solo falta que se defina como Política de Estado para la generación de Trabajo y/o empleo y Formalizar
para lograr Equidad y Legalidad además de un fuerte CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Bruce Mac Master destacó la gestión de Italia durante la crisis que la pandemia desató

jueves, 25 de febrero de 2021

Italia y Francia fueron naciones con importantes retos en Europa, el presidente de la Andi destacó sus iniciativas en una de sus cápsulas

Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co

El presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, afirmó en la miniserie Estrategias de Reactivación, de sus cápsulas #LasNotasDeBruce, que países como Italia, Francia y Canadá tuvieron que invertir grandes sumas de dinero para tratar de superar la crisis económica y financiera desatada por la llegada del virus del covid-19.

Italia fue uno de los países, según Mac Master, que tuvo que encarar la crisis de forma más estricta, debido a los confinamientos fruto del aumento de casos en el país y esto afectó su economía en marzo, abril y mayo. “Se trató de la peor caída desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó el empresario.

Sin embargo, Mac Master destacó que hoy en día la situación está mucho más controlada en el país europeo a pesar de haber tenido una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. El empresario resaltó que el confinamiento estricto se convirtió en un confinamiento controlado que les permite seguir operando.

“Ante los efectos económicos se lanzó el programa Cura Italia que generó una inversión del 6,8% del PIB en los siguientes rubros: salvar empleos, apoyo a empleados, apoyo a informales, familias, empresas y fondos para el sistema sanitario”, afirmó el empresario.

Adicionalmente, Mac Master destacó cómo el Gobierno prorrogó la deuda para las pequeñas empresas y la extensión del salario faltante a los trabajadores que vieran un recorte en sus ingresos. “Para este año habrá un programa adicional de US$39.123 para continuar con el plan de reactivación”.

Con 993.000 personas, Bogotá tuvo 24% del total de los desempleados en enero

sábado, 27 de febrero de 2021

El Dane informó que la tasa de desempleo en enero fue de 17,3%. El número de personas desocupadas fue de 4,1 millones

Carolina Salazar Sierra

En enero la tasa de desempleo se ubicó en 17,3% y hubo 19,9 millones de ocupados

A pesar de que la tasa de desempleo venía recuperándose desde que tocó máximos en mayo de 2020 (21,4%), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en enero se ubicó en 17,3%. Ello representa un deterioro de 4,3 puntos porcentuales frente a la cifra del mismo periodo de 2020 (13%) y de 3,9 puntos frente a diciembre (13,4%). Así, en los últimos 12 meses se quedaron sin trabajo 951.000 personas puesto que el número de desempleados subió de 3,2 millones a 4,1 millones.

Según lo comentó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, estos resultados estuvieron explicados, en su mayoría, por el deterioro en el mercado laboral en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, cuyas tasas de desempleo en enero fueron de 21,6%, 18,4%, 19,7%,13,4% y 16,2%, respectivamente.

Bogotá fue la ciudad que más aportó a la variación, pues en enero el número de personas desocupadas fue de 993.000, es decir, 24% del total de desempleados que hubo en el mes, que fue de 4,1 millones de personas. “Bogotá ha empezado a tener una tendencia de mayor contribución a la variación de la tasa de desempleo”, dijo Oviedo.

Según varios analistas, el aumento en el número de desempleados se debe, en parte, a las restricciones a la movilidad que se impusieron en diferentes ciudades por cuenta del aumento en los casos de contagio. “Ese desmejoramiento de las cifras de empleo lo podemos responsabilizar a los nuevos cierres que tuvimos por la segunda ola de contagios del covid-19. Por supuesto, eran necesarios, sin embargo, esto ralentizó la recuperación de la economía colombiana”, dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Por su parte, el sector que más empleos perdió fue el de las industrias manufactureras, pues el número de ocupados pasó de 2,4 millones en enero de 2020 a 2,04 millones en enero de 2021, una disminución de 404.000 empleos. Le siguen los sectores de actividades artísticas y de entretenimiento (-387.000) y de alojamiento y servicios de comida (-278.000).

Por sexo, la tasa de desempleo en hombres fue de 13,4%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 22,7%, lo que representa una brecha de 9,3 puntos porcentuales.

En los resultados de enero se observó que la contracción del personal ocupado estuvo concentrada en las personas que han trabajado de manera continua por cinco años o más.

“El mercado laboral está expulsando de la población ocupada a personas con menor nivel educativo y a personas que tenían muchos más años de continuidad de ocupación en el mercado laboral”, mencionó Oviedo.

Analistas esperan que la tasa disminuya en los próximos meses

Ante el inicio del plan de vacunación y con la disminución de las medidas de confinamiento y de las restricciones a la movilidad, algunos analistas proyectan que la tasa de desempleo disminuirá en los próximos meses. “Creemos que en adelante, en febrero, con la flexibilización de las restricciones a la movilidad, el empleo gane dinamismo nuevamente y el mercado laboral tenga un mejor desempeño a nivel nacional”, dijo María Claudia Llanes, economista senior de Bbva Research.

“El 82% de nuestros afiliados gana menos de dos salarios mínimos”: Colsubsidio

La caja de compensación mostró su preocupación por el impacto negativo de la pandemia en la economía en las personas que menos ganan en el país.

Luis Carlos Arango Vélez, director de Colsubsidio. Foto: W Radio

Redacción W Radio 25/02/2021 – ( hace 21 horas )

Luis Carlos Arango Vélez, director de Colsubsidio, pasó por los micrófonos del Gran Foro Visión 2021 para hablar sobre la reactivación económica en medio de la pandemia de COVID-19.

Evolución del empleo tras un año de pandemia

En el momento en el que inició la pandemia teníamos 1.500.000 trabajadores afiliados, terminado el año, bajó 150.000, es decir un 10% de personas”, dijo.

De 1.350.000 trabajadores, el 82% gana menos de dos salarios mínimos, cuando uno mira eso se da cuenta que hay una clase laboral con ingresos bastantes bajos (…). La reactivación la debemos hacer todos juntos o no lo vamos a lograr”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, indicó que lo principal para reactivar la economía es el optimismo.

Lo principal es ser optimista, aunque no es solamente creer, sino jugárnosla por el futuro. El golpe de la pandemia fue suficientemente grande para decir que estamos en un estado puntual de la economía”, aseguró.

De igual forma, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, mencionó que esperan un crecimiento de la economía del 5% en el 2021.

Apuntamos al crecimiento de más del 5% durante este año con un activo muy poderoso: la confianza“, indicó.

Empresas con registro mercantil no son el universo de potenciales beneficiarios PAEF: UGPP

La UGPP reitera que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que, como proporción de su participación en el total de aportantes, más se han beneficiado del PAEF.

La UGPP aclaró las diferencias que hay entre las empresas potencialmente beneficiadas y las efectivamente cobijadas por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Foto: Getty Images / KIKINUNCHI

María C. Suárez25/02/2021 – ( hace 22 horas )

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) aclaró las diferencias que hay entre las empresas potencialmente beneficiadas y las efectivamente cobijadas por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 

Indica la entidad que la totalidad de empresas que cuentan con un registro mercantil no constituye el universo de potenciales beneficiarios del Programa, teniendo en cuenta que muchas de ellas no están en operación y, específicamente, no tienen cotizantes activos en el Sistema de Protección Social.

Incluso, resaltaron que hay beneficiarios que no tienen registro mercantil y no lo requieren para serlo. “La Corte Constitucional en su análisis de constitucionalidad de las normas asociadas al PAEF, manifestó que no es procedente solicitar el registro mercantil a aquellos aportantes que no están obligados a tenerlo pero que sí realizan adecuadamente sus aportes a seguridad social”, manifestó la UGPP. 

Y en esa línea, expresan que son potenciales beneficiarios del programa el total de aportantes que realizan contribuciones en PILA y no el total de los que cuentan con registro mercantil.

La Unidad reitera que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que, como proporción de su participación en el total de aportantes más se han beneficiado:

Asimismo, explican que mientras los aportantes que tienen entre 2 y hasta 200 cotizantes representaron el 68,5% del promedio total de aportantes del periodo de abril a diciembre, su participación en el promedio general de los beneficiarios del programa ascendió a 93,1%, casi 25 puntos por encima de sus niveles de participación en el promedio de los aportantes.

“Las empresas grandes y muy grandes, por su parte, se benefician en una proporción muy similar a su participación en el total de aportantes (1,2% vs. 2%)”, especificaron.

Para el caso de los mono empleadores, es decir, aportantes con un solo cotizante que para el periodo fueron en promedio 136.663, asegura la Unidad que son en algunos casos personas que hacen cotizaciones para ellos mismos o para un único trabajador y que por tanto, no han sido la población a focalizar por el programa, como lo muestran las cifras del cuadro anterior.

El porcentaje de los aportantes efectivamente beneficiados frente al promedio de los potenciales beneficiarios alcanza sus mayores niveles para el caso de, según la entidad, las pequeñas empresas, que en promedio alcanzaron una participación de 32,5%, mientras las medianas, grandes y muy grandes están en niveles promedio muy similares, cercanos al 30%.

Crisis subiría pobreza y afectaría las clases media y vulnerable

En el Conpes de reactivación, el Gobierno plantea revisar las ayudas sociales, impulsar formalizacíón y más apoyo a firmas.

Algunos recursos del Fome van a los más vulnerables.

PORTAFOLIO

FEBRERO 16 DE 2021 – 09:00 P. M.

Luego de haber anunciado la aprobación del documento el pasado viernes, ayer el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el texto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en el que, entre otras cosas, plantea que se espera que por la crisis suba la pobreza y se debiliten las clases media y vulnerable.

(Lea: Covid-19 causaría más muertes en el mundo por hambre que por infección)

De acuerdo con el documento, que además cita otras proyecciones de Fedesarrollo y el Banco Mundial, revela que el Gobierno estima que el aumento de la pobreza sería de 6,3 puntos porcentuales, por lo que pasaría de 35,7% a 42%.

(Lea: Piden a Duque renta básica de $370.000 para hogares en pobreza)

Asimismo, señala que eso significa que las clases media y vulnerable también se reducirían, con una caída de 3,9 pps y 2,1 pps, respectivamente. Con eso, la primera pasaría de 30,4% a 26,5%; y la segunda de 31,3% a 29,2% del total.

Cabe recordar, en ese sentido, que las personas ubicadas en la clase vulnerable son aquellas que tienen ingresos mensuales superiores a $327.674, que es la línea de pobreza monetaria fijada en 2019; pero no logran tener las mismas condiciones de una persona de clase media.

Ante ese panorama que identificó el Gobierno, y que es más optimista que el que proyecta Fedesarrollo, con un ascenso de la pobreza a 47,6%, o el Banco Mundial, de 45,5%, se planteó la posibilidad de reestructurar los programas sociales, con el fin de tener una mejor focalización y mitigación de las personas en esas condiciones.

“A pesar de que las estimaciones revelan que las medidas de mitigación están bien focalizadas, no resultan ser suficientes para evitar el retroceso en cuanto a reducción de la pobreza. Se requieren esfuerzos adicionales para mejorar la implementación y focalización de las medidas que ya existen.

En especial, es importante promover la actualización de la información socioeconómica de los hogares en el Sisbén IV, así como el registro de hogares nuevos en la encuesta para ampliar el Registro Social de Hogares (RSH)”, dice el documento.

Asimismo, plantean que será clave que haya acuerdos de intercambio de información entre entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, “con el fin de contar con un mayor volumen de datos sobre los hogares y los beneficiarios de programas sociales, lo cual será clave para mejorar la focalización de la oferta social del país”.

De igual forma, llama la atención que también proponen que la población migrante vulnerable pueda acceder a los programas sociales para superar los niveles de pobreza, así como una mayor participación de estas personas en los programas de reactivación del Gobierno.

INCENTIVOS A EMPRESAS Y A HOGARES

De acuerdo con los datos proporcionados por el DNP, el 44% de las acciones que se plantean en el documento Conpes están dirigidas a los hogares, con 798 iniciativas; el 37% al sector productivo (671) y el 19% al Gobierno (355 acciones).

Para el caso de las empresas, como ya lo habían planteado en el borrador de ese documento, se prevé reducir los costos para abrir o cerrar organizaciones.

En concreto, la Dian queda con la tarea de proponer unas modificaciones legales al Régimen de Tributación Simple, y así ampliar la base impositiva con la inclusión de empresas de diferentes ingresos que puedan acogerse al régimen ampliado, previa presentación y aval de la Comisión de Expertos Tributarios, dice el texto.

Asimismo, la Superintendencia de Sociedades diseñará la propuesta de un instrumento normativo “que fortalecerá las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia Empresarial con especial énfasis en la reducción de los costos de cierre de las empresas de manera que se dispongan de medidas más ágiles para su liquidación, para atender de mejor manera los procesos de insolvencia y así facilitar la recuperación de las empresas que han tenido dificultades con la crisis”.

Como ya lo habían solicitado gremios y representantes empresariales, el Gobierno también tendrá algunos incentivos para la formalización empresarial, créditos de línea directa para micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de dinamizar el sector.

Finalmente, y en cuanto a los problemas estructurales del mercado laboral, agudizados por la pandemia, el Gobierno plantea que a partir del informe de la Misión de Empleo se definan las medidas prioritarias en ese sentido a partir del segundo semestre de 2021

Los seis departamentos que llegan al covid con más pobreza

Cuatro de la región Caribe, así como Huila y Norte de Santander tuvieron un aumento significativo en ese indicador

Los hogares cuyo jefe de hogar está desempleado tienen una mayor probabilidad de caer en la pobreza.

PORTAFOLIO

DICIEMBRE 21 DE 2020 – 09:30 P. M.

Pese a que ya se prevé que la pandemia dejará estragos sociales y económicos, la foto de la pobreza antes de el covid-19 ya venía prendiendo alarmas, sobre todo en seis departamentos del país.

Eso se vio ayer con las cifras desagregadas por zona geográfica que publicó el Dane, y que mostró que la pobreza monetaria aumentó significativamente en cuatro departamentos del Caribe (La Guajira, Sucre, Cesar y Bolívar), en Huila y en Norte de Santander.

Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, uno de los motivos que pueden explicar esos incrementos del número de personas en esas condiciones de pobreza monetaria en esas zonas de Colombia, tiene que ver con el deterioro del mercado laboral y un incremento de la informalidad.

“Detrás de los resultados que vamos a presentar, debemos reconocer que el efecto más drástico que vemos en función de las incidencias está concentrado en la zona rural. Además, la mayor prevalencia de la posición ocupacional ‘cuenta propia’ puede estar detrás de esa vulnerabilidad, que está relacionada con la informalidad”, dijo Oviedo.

Incluso, el director señaló que precisamente los hogares cuyo jefe de hogar está desempleado tienen una mayor probabilidad de caer en la pobreza, y eso empeora si esa cabeza es una mujer.

Según el Dane, aunque esos seis departamentos no son los que necesariamente tienen la mayor incidencia de pobreza monetaria, que son las personas que tienen ingresos por menos de $327.674 al mes para sobrevivir, estas regiones tuvieron los aumentos más significativos si se compara con el desempeño de 2018 frente al de 2019.

Cabe recordar que, como ya lo había anunciado previamente el departamento estadístico, la pobreza monetaria y extrema subieron el año pasado, pues para el caso de la primera esta pasó de 34,7% en 2018 a 35,7% en 2019; y para la segunda este indicador pasó de 8,2% a 9,6% en ese mismo periodo de tiempo.

Eso quiere decir, en otras palabras, que el país en 2019 contó con 661.899 personas que entraron a la pobreza monetaria y otras 728.955 que entraron a la extrema, que son aquellas que ganan menos de $137.350 para sobrevivir en un mes.

Precisamente, la mayor concentración de esas personas nuevas que ingresaron a esa en condición de pobreza monetaria están ubicadas principalmente en Antioquia (152.252 personas), Bogotá (88.951 personas), Huila (71.408 personas), y Norte de Santander (68.587 personas).

En cuanto a los departamentos que tienen una mayor incidencia de pobreza, los que encabezan la lista son Chocó (68,4%), La Guajira (61,8%), Cauca (59,6%), Córdoba (54,2%), Magdalena (53,5%), Norte de Santander (51,9%), y Cesar (51,7%). De esos, destaca el Dane, dos departamentos del Caribe y Norte de Santander tuvieron un incremento significativo de un año a otro, y el resto se mantuvo en los mismos niveles.

EL CHOQUE COVID

Con la foto de pobreza del año pasado más clara, Oviedo destacó que será clave para tomar decisiones con respecto a la recuperación, con el fin de mitigar el choque que está teniendo la pandemia por coronavirus en el país, en unas zonas geográficas más que en otras, y de forma desigual.

De hecho, algunos expertos, como Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo han hecho las previsiones del impacto de la pandemia en la pobreza monetaria y calcula que esta podría subir a 44% al cierre de este año, por lo que llama la atención para tomar medidas urgentes para amortiguar el impacto social de la crisis.

Medio millón menos

La pandemia generó un alto impacto en los negocios más pequeños y más informales, que también requieren ayuda estatal.

Francisco Miranda Hamburger

Director de Portafolio 

Cuando se habla del impacto generalizado y transversal que la pandemia ha infligido en la economía, se suele pasar por encima los negocios más pequeños y los de cuenta propia.

La más reciente encuesta de micronegocios, que publicó el Dane esta semana, es una útil panorámica sobre los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores de cuenta propia y las unidades económicas de entre 2 y 10 personas.

La revisión de estos datos no es caprichoso. Una parte importante de la actividad económica del país, en el campo y en las ciudades, se desarrolla en esos niveles micro. De hecho, de acuerdo al ente estadístico el 67, 7 por ciento de los ocupados en el país trabajan en empresas de máximo 10 personas.

Conocer mejor desde el Estado las dinámicas, las estadísticas básicas y los comportamientos de los emprendimientos de mínimo tamaño ayudará a la creación e implementación de mejores políticas para la atención de ese universo productivo.

Si bien son conocidos por el nombre técnico de “micronegocios”, estamos hablando de actividades y establecimientos que integran la vida cotidiana de la sociedad. Servicios de peluquería, panaderías y confecciones, restaurantes, jardines escolares integran esta categoría así como vendedores ambulantes, conductores de plataformas, taxistas y mototaxistas, ventas por catálogo y de minutos de celular, entre otros.

El ejercicio de actividades profesionales como los tutores escolares, los médicos, los abogados y los contadores hacen también parte de la medición del Dane.

El año de pandemia -más exactamente entre enero y febrero de 2020- arrasó con unos 509 mil micronegocios en todo el país, una reducción del 8,7 por ciento y mayoritariamente de propiedad femenina.

Hoy son 5,3 millones de pequeños emprendimientos donde el 26 por ciento son de comercio, el 21 por ciento de agricultura, el 10 por ciento de alojamientos y comidas y el 10 por ciento de manufacturas -que incluye panaderías.

Una tercera parte de estos micronegocios son el resultado del emprendimiento por supervivencia y otra tercera parte sí responden a “oportunidades de negocio”. Cabe la pregunta sobre si estos trabajadores a cuenta propia por necesidad deberían integrar los canales de transferencias monetarias que se han reforzado por la pandemia.

Esta fotografía de los microemprendimientos es la imagen de la informalidad. Prácticamente el 80 por ciento de los 5,3 millones son de una sola persona, el 77 por ciento no tienen RUT y casi el 90 por ciento no cuentan con registro de Cámara de Comercio ni aportaron a salud y a pensión.

Que el 57,4 por ciento de los micronegocios tenga más de diez años refleja esta realidad permanente, informal y vulnerable de las unidades productivas más pequeñas de la economía nacional. A lo anterior se añade que la pandemia mantiene al 20 por ciento cerrado temporalmente, el 64,1 por ciento no conoce los apoyos del Gobierno y el 81,8 por ciento no los ha solicitado.

Cabe destacar que el impulso a los domicilios generó un incremento del 6,7 po ciento en los micronegocios de servicios puerta a puerta, muchos de ellos individuales.

Cualquier apuesta por el avance de la formalización empresarial en Colombia pasa por la creación de salidas y políticas públicas sensibles a esta fotografía de los negocios pequeños. Precisamente esta medición hace parte de unas recomendaciones del Conpes 3956. Conocida esta foto, el Gobierno debe destinar apoyos bien diseñados al microemprendimiento.

Bogotá, Cali y Cúcuta, las tres ciudades en las que más se perdieron micronegocios

jueves, 25 de febrero de 2021

Debido a la crisis por covid-19, desaparecieron 509.370 de estas unidades económicas, y en el sector comercio se perdieron 205.178

Valentina Acosta Fonseca

Debido a la pandemia del covid-19, según reportó el Dane, entre enero y octubre del año pasado Colombia perdió 509.370 micronegocios. La cifra de unidades económicas que emplean con máximo a nueve personas cerró en 5,3 millones frente al dato de 5,6 millones del año anterior. De estos, 3,4 millones eran de hombres y 1,9 millones pertenecían a las mujeres.

Las ciudades en las que más micronegocios se destruyeron en este periodo fueron Bogotá, Cali y Cúcuta, con 33.438, 17.615 y 13.962, respectivamente. (ver gráfico) Después le sigue en volumen Villavicencio, que perdió 12.978; Sincelejo, con 12.824 menos; y Valledupar, con una reducción de 12.161.

Pérdida de Empleos
Según el Dane, debido a la crisis generada por la pandemia, de esa salida de micronegocios en términos de empleo, se vio una disminución de más de un millón de personas ocupadas. Así las cosas, en los 10 primeros meses de 2020, los micronegocios del país ocuparon a 7,2 millones de personas, de los cuales 5,3 millones eran propietarios (74,2%) y 954.000 eran trabajadores que recibieron un pago.

Así mismo, 57,3% del total de los micronegocios reportó que entre julio y septiembre de 2020 tuvo una reducción de trabajadores u horas laboradas; 79,3% confirmó una disminución en la demanda de sus bienes y servicios; y 62,0% presentó una baja en el flujo de efectivo.

Brecha de género
Hay que resaltar que esa destrucción de micronegocios afectó más significativamente aquellos que tenían como propietarias a una mujer. Estas pasaron de 2,18 millones a 1,92 millones, es decir, 261.544 menos. “Fue a las mujeres en la zona rural a las que peor les fue en el marco de esa disminución significativa de actividad económica y generación de empleo que justamente se da en esos micronegocios en el país”, puntualizó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

Ahora bien, destaca que las únicas ciudades que registraron cifras positivas en micronegocios durante la crisis, son Medellín y Bucaramanga, con 17.613 y 1.424 nuevos micronegocios, respectivamente.

Por actividades, el comercio, la manufactura y la agricultura fueron las más afectadas, ya que entre las tres perdieron hasta 390.440 micronegocios. El comercio pasó de tener 1,6 millones de estas unidades económicas a 1,4 millones, lo que implica una reducción de 205.178 (-12,5%); en las actividades manufactureras se pasó de 634.280 a 532.743, lo que implica 101.133 micronegocios menos (-16%) y en el agro se destruyeron otros 83.729 al pasar de 1,25 millones a 1,72 millones.

Es más, según el Dane, entre las 12 actividades económicas, únicamente las de educación y alojamiento y servicios de comida generaron nuevos micronegocios, con 3.783 y 4.667 respectivamente.

También se destaca que 26,9% de los micronegocios se ubicaron en una vivienda, es decir, 1,4 millones. Por el contrario, un total de 1,0 millones de unidades económicas (19,5% del total) trabajaron de puerta en puerta o a domicilio. Adicional a ello, el país tuvo 4,8 millones de micronegocios con trabajadores por cuenta propia (90,1% del total).

Solidaridad y unión están entre los legados que les quedan a los empresarios

martes, 23 de febrero de 2021

Los líderes empresariales resaltaron el compromiso y el trabajo en equipo, así como haber superado barreras como el teletrabajo

José González Bell – jgonzalez@larepublica.com.co

La crisis del covid-19 en el país puso en jaque a los empresarios, así como a muchos sectores socioeconómicos en Colombia. Adaptarse al teletrabajo, la suspensión de proyectos, obras e inversiones, así como el reto de mantener los contratos de su personal fueron algunos de los obstáculos con los que se enfrentaron en 2020. Pero no todo son malas noticias, hay legados que se fueron construyendo y que hoy los empresarios destacan están para quedarse.

Trabajo en equipo, entre lo que destacan 25 empresarios tras la llegada de la pandemia

Por ejemplo, la mayoría de CEO resaltan en sus respuestas la solidaridad, pues fue una oportunidad que -aseguran- les permitió acercarse más a sus empleados, y sumar esfuerzos para lograr un ambiente de trabajo de mejor calidad.

Esto ayudó a compensar costos como los de pérdidas de ingresos para los trabajadores, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fueron de US$3,7 billones en 2020, por la destrucción de más de 255 millones de empleos; un impacto cuatro veces mayor al que provocó la crisis financiera de 2009.

Asimismo, el covid-19 les permitió “reinventarse”, basándose en nuevas plataformas y estrategias para así lograr el cumplimiento de los objetivos trazados.

“La pandemia nos ha evidenciado que debemos hacernos cargo como personas, empresas y sociedad para contribuir a soluciones conjuntas, orientadas por propósitos comunes y basadas en el conocimiento colectivo, reconocer la diversidad y escuchar al otro”, dijo el CEO del Grupo Sura, Gonzalo Pérez.

También, tanto como para empresarios como para sus colaboradores, uno de los legados de la pandemia fue el tiempo de calidad en familia, que debido al aislamiento aumentó para muchos líderes de grandes compañías.

“Retomar lo más esencial, compartir momentos de calidad con nuestros seres queridos y apreciar lo más simple de cada día fue el mayor legado de la pandemia. Adicionalmente, vimos la inminente aceleración tecnológica y la necesidad de promover la inclusión financiera desde la innovación”, manifestó Federico Martínez, country manager de Mastercard Colombia.

En 2020, a pesar de la pandemia del covid, 63,20% de las empresas del país mantuvo su número de trabajadores permanentes. Incluso, 3,80% reportaron que aumentó su nómina. Estas dos cifras lograron ser mayores que ese 33% restante, que tuvo que asumir desvinculaciones.

Lo anterior, se suma como un esfuerzo importante teniendo en cuenta que 65,20% de las empresas en el país reportaron haber disminuido sus ventas, y que 23,40% las mantuvo estables.

“La pandemia nos dejó un legado mucho más humanitario, de que somos muy frágiles. Por eso, cada día debemos agradecer, abrazar a la familia, a la que nos pudimos unir y la que me hizo feliz en medio de una crisis”, aseguró el COO de Tecnoglass, Christian Daes.

Frente a estas adversidades valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y empatía se convirtieron casi en indispensables en las compañías, que tuvieron que valerse de estas para superar momentos como el aislamiento obligatorio y los primeros contagios en las oficinas.

“La pandemia nos dejó una gran enseñanza sobre el valor del trabajo en equipo en momentos de crisis. Pocas veces en la historia hemos trabajado como sociedad tan unidos”, expresó el director de Latam Colombia, Santiago Álvarez.

Un valor que también destacaron la mayoría de líderes de las empresas más grandes del país fue la empatía, para intentar buscar soluciones con esos que no lograron salir de la crisis, y que se evidenciaron en cifras como la de insolvencias que el año pasado llegaron a 1.292. De ese total, 997 fueron admitidas, siendo 882 para reorganización y 175 para liquidación.

Para Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Empresarial Argos, “nos quedó como legado la solidaridad y empatía para ponernos en el lugar de los demás, para entender que solo ayudándonos los unos a los otros saldremos adelante”.

Para cerrar, un punto que señalaron tampoco se puede perder en la pandemia es la importancia de la sostenibilidad. Juan David Correa, presidente de Protección, concluyó que “no podemos seguir viviendo de la forma como lo veníamos haciendo, no es sostenible. Debemos enfrentar los problemas con sentido de humanidad”.

El empleo es prioridad

Es fundamental la creación y protección de puestos de trabajo para la reactivación económica.

31 de enero 2021 , 11:34 p. m.

El viernes pasado, el Dane publicó su informe del mercado laboral correspondiente a 2020. El año pasado, la tasa nacional de desempleo en Colombia ascendió a 15,9 por ciento, un aumento de más de cinco puntos porcentuales en comparación con la de 2019. Estos son datos preocupantes para la economía nacional.

EDITORIAL

Si bien la reactivación económica del segundo semestre ayudó a la recuperación de millones de empleos, la pandemia terminó destruyendo el año pasado alrededor de 2,4 millones de puestos de trabajo. Indudablemente, la dinámica del empleo en el país está mejorando –la población ocupada viene retomando niveles cercanos a los de antes del desplome de abril–.

No obstante, factores coyunturales y estructurales evitan que el ritmo de este crecimiento sea aún mucho mejor. Dentro del primer grupo están las cuarentenas y restricciones que Bogotá y otras grandes capitales implementaron en enero para contrarrestar el impacto del segundo pico de la pandemia. Precisamente han sido sectores como el comercio, tanto los más golpeados por los cierres como los que más puestos de trabajo han perdido.

En el segundo grupo aparece el preocupante desequilibrio con el que los empleos se están recuperando. Las mujeres y los jóvenes están retornando a los trabajos a un ritmo mucho menor que los hombres. Una tendencia similar se está presentando con los trabajadores informales. En otras palabras, la informalidad es una vía más dinámica para regresar a la ocupación que un empleo formal y estable.

Esta fotografía del empleo tomada por el Dane ratifica que la prioridad del Gobierno Nacional, como es la recuperación económica, debe ir acompañada de una estrategia de creación y protección de puestos de trabajo. Es, también, momento de avanzar en la necesaria actualización y modernización de las normas laborales que faciliten abrir más vacantes y atacar la informalidad. En conclusión, el empleo es vital para una reactivación con equidad.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

Crisis subiría pobreza y afectaría las clases media y vulnerable

En el Conpes de reactivación, el Gobierno plantea revisar las ayudas sociales, impulsar formalizacíón y más apoyo a firmas.

Algunos recursos del Fome van a los más vulnerables.

PORTAFOLIO

FEBRERO 16 DE 2021 – 09:00 P. M.

Luego de haber anunciado la aprobación del documento el pasado viernes, ayer el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el texto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en el que, entre otras cosas, plantea que se espera que por la crisis suba la pobreza y se debiliten las clases media y vulnerable.

(Lea: Covid-19 causaría más muertes en el mundo por hambre que por infección)

De acuerdo con el documento, que además cita otras proyecciones de Fedesarrollo y el Banco Mundial, revela que el Gobierno estima que el aumento de la pobreza sería de 6,3 puntos porcentuales, por lo que pasaría de 35,7% a 42%.

(Lea: Piden a Duque renta básica de $370.000 para hogares en pobreza)

Asimismo, señala que eso significa que las clases media y vulnerable también se reducirían, con una caída de 3,9 pps y 2,1 pps, respectivamente. Con eso, la primera pasaría de 30,4% a 26,5%; y la segunda de 31,3% a 29,2% del total.

Cabe recordar, en ese sentido, que las personas ubicadas en la clase vulnerable son aquellas que tienen ingresos mensuales superiores a $327.674, que es la línea de pobreza monetaria fijada en 2019; pero no logran tener las mismas condiciones de una persona de clase media.

Ante ese panorama que identificó el Gobierno, y que es más optimista que el que proyecta Fedesarrollo, con un ascenso de la pobreza a 47,6%, o el Banco Mundial, de 45,5%, se planteó la posibilidad de reestructurar los programas sociales, con el fin de tener una mejor focalización y mitigación de las personas en esas condiciones.

“A pesar de que las estimaciones revelan que las medidas de mitigación están bien focalizadas, no resultan ser suficientes para evitar el retroceso en cuanto a reducción de la pobreza. Se requieren esfuerzos adicionales para mejorar la implementación y focalización de las medidas que ya existen.

En especial, es importante promover la actualización de la información socioeconómica de los hogares en el Sisbén IV, así como el registro de hogares nuevos en la encuesta para ampliar el Registro Social de Hogares (RSH)”, dice el documento.

Asimismo, plantean que será clave que haya acuerdos de intercambio de información entre entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, “con el fin de contar con un mayor volumen de datos sobre los hogares y los beneficiarios de programas sociales, lo cual será clave para mejorar la focalización de la oferta social del país”.

De igual forma, llama la atención que también proponen que la población migrante vulnerable pueda acceder a los programas sociales para superar los niveles de pobreza, así como una mayor participación de estas personas en los programas de reactivación del Gobierno.

INCENTIVOS A EMPRESAS Y A HOGARES

De acuerdo con los datos proporcionados por el DNP, el 44% de las acciones que se plantean en el documento Conpes están dirigidas a los hogares, con 798 iniciativas; el 37% al sector productivo (671) y el 19% al Gobierno (355 acciones).

Para el caso de las empresas, como ya lo habían planteado en el borrador de ese documento, se prevé reducir los costos para abrir o cerrar organizaciones.

En concreto, la Dian queda con la tarea de proponer unas modificaciones legales al Régimen de Tributación Simple, y así ampliar la base impositiva con la inclusión de empresas de diferentes ingresos que puedan acogerse al régimen ampliado, previa presentación y aval de la Comisión de Expertos Tributarios, dice el texto.

Asimismo, la Superintendencia de Sociedades diseñará la propuesta de un instrumento normativo “que fortalecerá las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia Empresarial con especial énfasis en la reducción de los costos de cierre de las empresas de manera que se dispongan de medidas más ágiles para su liquidación, para atender de mejor manera los procesos de insolvencia y así facilitar la recuperación de las empresas que han tenido dificultades con la crisis”.

Como ya lo habían solicitado gremios y representantes empresariales, el Gobierno también tendrá algunos incentivos para la formalización empresarial, créditos de línea directa para micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de dinamizar el sector.

Finalmente, y en cuanto a los problemas estructurales del mercado laboral, agudizados por la pandemia, el Gobierno plantea que a partir del informe de la Misión de Empleo se definan las medidas prioritarias en ese sentido a partir del segundo semestre de 2021

Independientes, los que más han perdido empleos por la crisis.

Entre marzo y agosto, la contracción para ellos fue de 6,8%, mientras que para los dependientes fue de 5,5%, según el Dane.

Las propuestas de los empresarios buscan preservar el empleo formal.

PORTAFOLIO 

OCTUBRE 22 DE 2020 – 10:00 P. M.

La destrucción de empleos ha sido uno de los efectos más adversos que ha tenido la pandemia en el país, y las personas con relaciones laborales independientes han sufrido una contracción más fuerte que la de los dependientes.

Eso dice el más reciente informe del Dane, que analiza las dinámicas laborales a partir de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), y en la que muestran que entre marzo y agosto el número de relaciones laborales independientes cayó 6,8%, frente a un 5,5% de los dependientes.

Y aunque los dependientes son los que tienen una mayor proporción de relaciones laborales, pues en dicho periodo había alrededor de 8,6 millones de contratos de esa modalidad, frente a las 2,1 millones para los independientes; esos últimos han visto una reducción más fuerte de ese tipo de contratos.

Precisamente, si se mira los datos de población ocupada
, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de ese mismo departamento estadístico, se ve que los empleados particulares y los que están por cuenta propia son los que más han perdido puestos de trabajo, pues del total de los 3,7 millones de personas que se han quedado desempleados entre marzo y agosto, 1,9 millones los han aportado los particulares y 1,1 millones los cuenta propia.

LOS OTROS RESULTADOS
Pese a ese panorama, según el reporte que entregó ayer el Dane, en agosto el número de relaciones laborales tuvo una pequeña recuperación -excluyendo de relaciones de un mes-, pues en agosto hubo 463.884 ingresos o contrataciones de dependientes, lo que significó un alza de 5,5% frente al mismo mes del año pasado.

Eso contrasta con el dato de abril, cuando fue de apenas 3,1%. En cuanto a los independientes se ve una leve recuperación en agosto, pues el número de nuevos contratos fue de 3,7%, frente a un 3,1% de abril. Y el porcentaje de retiros también se redujo a 1,7% en dicho mes, comparado con un repunte de 2,7% en marzo.

Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, “en agosto estamos reportando 276.570 novedades con suspensión de contrato, lo que corresponde al 3,3% de las relaciones laborales dependientes. (Ver recuadro) En ese sentido, quisiéramos hacer énfasis en que el pico del uso de este mecanismo, que permite seguir con los aportes de seguridad laboral tuvo un máximo en el mes de abril.

En ese primer mes de confinamiento estricto, los empresarios acudieron 3 veces más intensivamente a ese mecanismo, con el fin de preservar las relaciones laborales. Y eso se corrigió en agosto”, manifestó. Y si se mira por sectores, los que más han recurrieron a la suspensión de contratos en agosto fueron alojamiento y servicios de comida (5,79 puntos porcentuales), actividades artísticas y de entretenimiento (5,1 pps), y transporte y almacenamiento (3,65 pps).

Los cartuchos de las vacaciones, otra de las salidas de los empresarios para enfrentar los momentos más duros de la pandemia, también se ha ido acabando.

De acuerdo con los datos del Dane, mientras que en abril 2,4 millones de personas solicitaron vacaciones, con un aumento de 20,2% frente al mismo mes del año anterior, ese número bajó a 393.396 personas en agosto, un incremento de apenas el 4,7% si se compara con el mismo mes del 2019.

LARGO PLAZO

En los primeros meses de la pandemia, una de las salidas de los empresarios para mantener las relaciones laborales fue suspender los contratos y, según los últimos datos del Dane, esos mecanismos se han mantenido en el largo plazo.

Es quiere decir que de las 276.570 suspensiones, 77.651 son de 30 días o más. Eso se traduce en que las suspensiones pesaron el 28,1% dicho mes, cuando en agosto de 2019 eso pesaba solo pesaba el 3%. “Eso significa que están siendo en promedio 12 veces más en los meses de confinamiento”, agregó Oviedo.

En crisis, empleos formales de pymes

En crisis, empleos formales de pymes

Eso dice un informe publicado ayer por los ministerios de Trabajo y Comercio e iNNpulsa.

El 56,1% del empleo generado por la pandemia está concentrado en las organizaciones de más de 10 años, y el resto en firmas más jóvenes.

PORTAFOLIO

FEBRERO 05 DE 2021 – 08:57 P. M.

Los empleos formales más afectados por cuenta de la pandemia están concentrados en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Eso dice un informe publicado ayer por los ministerios de Trabajo y Comercio; la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno e iNNpulsa que también revela que los más vulnerables a la pérdida de empleo por cuenta de la pandemia han sido los trabajadores independientes e informales.

Asegura que eso es preocupante si se tiene en cuenta que el 60% del total de las empresas y el 88% de las microempresas son informales, al citar un informe del Consejo Privado de Competitividad. Según esa entidad, el 1,2% de las organizaciones genera el 66,6% del trabajo formal, mientras que 94,5% produce apenas 15,2% de los puestos de trabajos formales.

“Aproximadamente, la mitad del empleo formal del país la generan 4.000 empresas. Pese a su reducción en los últimos años, la informalidad laboral sigue siendo elevada”, dice.
Precisamente, en el estudio de Mintrabajo e iNNpulsa resaltan que uno de los retos en términos de políticas públicas para generar empleo es impulsar la formalidad en las pequeñas y medianas empresas.

“Este estudio sobre cómo se comportó el empleo formal el año pasado, nos incentiva a seguir apoyando a ese núcleo empresarial que se esfuerza por mantener empleos formales”, aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

De hecho, el reporte dice que el 56,1% del empleo generado por la pandemia está concentrado en las organizaciones de más de 10 años, y el resto en firmas más jóvenes.

Gobierno debe evaluar una nueva emergencia económica’

Directora ejecutiva de Acopi, Rosmery Quintero, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas pasan serias dificultades y hay que crear ayudas.

Rosmery Quintero Castro, directora ejecutiva de Acopi, dice que en el sector hay un alto nivel de sobreendeuramiento.

PORTAFOLIO

FEBRERO 04 DE 2021 – 08:15 P. M.

Las micro, pequeñas y medianas empresas están en un alto nivel de incertidumbre y necesitan ayudas que les permitan sobrellevar una crisis que, al parecer, no se solucionará en el 2021. Por ejemplo, muchas no tienen con qué responder por el pago de cesantías, obligación que se vence este 14 de febrero.

(Gremios piden control al virus sin afectar marcha de la reactivación). 

Por eso, el Gobierno debe considerar una nueva declaratoria de emergencia económica, afirma la directora ejecutiva de Acopi, Rosmery Quintero, en diálogo con Portafolio.

¿Cómo quedan las pymes tras esta segunda ola de la pandemia?
En el fin de año hubo un incremento en los contagios y los alcaldes tomaron medidas. Y si bien prima la salud, es cierto que deben concertar más apropiadamente con el sector empresarial. Abrir y cerrar una empresa no es lo mismo que abrir y cerrar un libro. Eso tiene muchas implicaciones y se comprometen temas como la estructura de costos, la estabilidad de los contratos laborales, entregas de productos o servicios. Nos someten a posibles incumplimientos que se suman a factores de incertidumbre y bajos ingresos.

¿Qué dicen los empresarios?
En nuestra última encuesta, el 41% de los consultados dicen que sus ingresos han disminuido más del 50%. A eso se suma el sobreendeudamiento. Es tal, que una de las medidas que los empresarios están proponiendo para este año es que miremos cómo esa tasa de interés de los créditos, ojalá pueda se asumida por el Gobierno y solamente tengamos que pagar capital, cuando ya se cumpla el período de gracia determinado. Sería un alivio muy importante en estos momentos tan complejos.

¿En qué tipo de créditos?
La mayoría de la financiación que está absorbiendo el sector es respaldada por el Fondo Nacional de Garantías. Ese es el punto de partida y aquí los bancos no van a perder. Lo que pasa es que las empresas estamos dependiendo de los demás y los demás incluye a la ciudadanía en general, porque un pico está sujeto a que nos cuidamos o no.

(Acopi y la mipyme entran en la fase de la recuperación). 

¿Cuál es el impacto real?
En marzo, cuando se vence la fecha de actualización del registro mercantil, nos vamos a dar cuenta de la gran afectación porque las estadísticas que llevamos están basadas en el número de empresas que solicitan apertura, pero no en el universo de las que tienen registro mercantil, que son muchas más.

Estamos convencidos de que pérdida del tejido empresarial no son aquellas que han pedido acogerse a la Ley de Insolvencia, sino las que hoy son invisibles, y la mayoría son microempresas. No sabemos cuántas se han perdido en el país.

¿Cree que frente a la primera ola se han relajado las medidas?
Nos relajamos en la bioseguridad y, en Bogotá, se dejó de montar capacidad hospitalaria. Esto generó un pico tan elevado. Y mirando los otros instrumentos, el subsidio a la nómina está pero tenemos problemas para el pago de cesantías. Por ejemplo, el 50% acudiría a créditos porque no tiene recursos para pagarlas, y hay que hacerlo para evitar la sanción.

Uno mira la cifra de contagios y en una empresa pequeña es alto. El 64% tiene entre 1 y 5 casos, cuando en promedio tiene 35 empleados. Eso es significativo. Tenemos muchos problemas en un proceso de reactivación tan inseguro.

¿Falta mayor respaldo al sector productivo?
Total. Incluso, ya nos estamos preguntando si los indicadores se han deteriorado significativamente. Por ejemplo, los empleos no los hemos podido recuperar.

La pregunta del millón es si es el momento de una nueva declaratoria de emergencia económica que le facilite al Gobierno crear instrumentos para atender el tejido empresarial y salvar empleos. Dentro de esos instrumentos hay que focalizar esas ayudas. Por ejemplo, en salud a los laboratorios que hacen pruebas les va bien, pero las instituciones que hacen cirugías estéticas están muy afectadas.

Seguimos en un alto nivel de incertidumbre. A pesar de que existe la vacuna, la reactivación requiere mucho tiempo, creo que pasará este año y no recuperaremos la nueva normalidad.

¿Hay ambiente para eso?
El mismo Gobierno tiene la responsabilidad de hacer los análisis. La pregunta es qué es más económico: salvar empresas y empleos ahora o dejar que se acaben ambos y después intentar hacer algo cuando ya la gente está deteriorada, desgastada y con todos los problemas. No quiere decir que yo sea pesimista, son análisis que son necesarios.

Que esto no se extienda tanto que ya después sea demasiado tarde. Hay medidas que sin una emergencia económica serían difícil aprobar. Se necesitarían leyes, pero se requiere tiempo para tramitarlas. Es lo más práctico para el país, una nueva declaratoria y que se tomen decisiones.

¿Y el margen fiscal?
Si miramos la información de la Dian, la gente ha pagado sus impuestos con gran sacrificio. Es más, en el cumplimiento de créditos se está haciendo mucho esfuerzo porque una sanción fiscal acaba la empresa.

Muchas está usando recursos de los mismos socios para responder. Eso es válido a nivel empresarial pero hasta dónde estas estrategias soportan una empresa en la incertidumbre, sobre todo si no sabemos cuándo terminará la crisis.

¿Su mensaje es que se tomen medidas porque la crisis no ha parado?
Esto no va a parar y el proceso de vacunación requiere un tiempo. Va a ser un año bastante largo e intenso en los esfuerzos que hay que seguir haciendo. No es pesimismo, es ser prevenidos y anticiparnos a los impactos, y no perder más tejido empresarial.
congom@portafolio.co

COLUMNISTA

Reactivación, ¿para quién?

En la reactivación, el Gobierno debería elegir políticas que generen más empleo y beneficien a los más pobres.

Mauricio Cabrera Galvis

FEBRERO 14 DE 2021

Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Inversión en infraestructura, exenciones tributarias, transferencias monetarias a los más pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de vivienda, modernización tecnológica, renta básica universal, etc., etc.

Dado que no hay recursos suficientes para todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, hay que tener criterios claros para escoger las más adecuadas frente a las circunstancias del país, y para superar la aguda recesión económica que ha dejado el manejo de la pandemia.

Son tres los criterios principales que deberían utilizarse para la evaluación de las políticas de reactivación: primero, ¿a quién benefician?; segundo, ¿cuál es su impacto sobre las causas de la recesión?; y tercero, ¿son suficientes y oportunas para mitigar los efectos de la crisis? Hoy me refiero al primero.

Ante una crisis como la actual que no es solo económica sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB; este es solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el bien-estar de toda la población. Por eso no solo es importante que crezca, sino sobre todo como se distribuye ese crecimiento.

No puede ser un objetivo disminuir ahora el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas; buscar la austeridad fiscal en medio de la recesión es como sacarle sangre aun anémico. Son aún menos validas políticas para aumentar la rentabilidad de las empresas; esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe dedicar a eso sus escasos recursos.

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que impulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la pobreza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.

Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del impacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la inversión en modernas carreteras y concesiones de 5G, y otra la construcción de vías de acceso en los municipios PDET. Las primeras son intensivas en capital y benefician a los sectores modernos de la economía, mientras que las segundas generan más empleo y mejoran la vida de poblaciones azotadas por la violencia y abandonadas del Estado.

Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas del pago de IVA en la compra de bienes de capital, y otra muy distinta dar subsidios a esas empresas pero condicionados a la creación de empleo.

En ese sentido la intención del PAEF fue acertada, pero su ejecución no, pues se concentró en las grandes empresas: 1.115 con más de 500 empleados se quedaron con el 39% de los recursos, mientras que 90.000 microempresas con menos de 10 empleados solo recibieron el 10%.

El gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la reactivación. Debería elegir aquellas que generen más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, y ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se quede en el discurso.


Mauricio Cabrera Galvis
Consultor privado.
macabrera99@hotmail.com

TRIBUNA PARLAMENTARIA 10/02/2021

El reto de la formalidad empresarial

Catalina Ortiz

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Cuando se habla de medidas para reactivar la economía en Colombia a menudo nos encontramos con propuestas y análisis que omiten las altísimas tasas de informalidad en el país, que en las principales 24 ciudades comprende 59% de las empresas, 37% de los trabajadores y 33% de los ingresos netos reportados, de acuerdo con el artículo “Informalidad Empresarial” de la economista Cristina Fernández en la más reciente publicación de Fedesarrollo.

A pesar de su enorme relevancia, la informalidad empresarial es un tema que no tiene toda la discusión que merece teniendo en cuenta su prevalencia en el escenario empresarial colombiano. Tampoco ayuda que no exista definición unificada de los tipos de informalidad ni mediciones fiables o suficientes del fenómeno.

Está estudiado que no hay un camino lineal hacia la formalización. Por el contrario, en diferentes momentos los negocios cumplen con algunos requisitos y faltan a otros, y pueden ir y venir con el cumplimiento de uno o varios. Por eso la informalidad empresarial debe entenderse como un proceso dinámico y complejo y no lineal ni estrictamente progresivo para poder adoptar políticas públicas más efectivas.

La formalidad sólo es posible cuando para una empresa es rentable ser formal. Así las cosas, el reto para el Gobierno es diseñar una ecuación que permita avanzar en el espiral de la formalización. Eso pasa, pero no se soluciona, con disminuir y simplificar trámites para su registro formal; bajar los costos de producción y comercialización; flexibilizar y agilizar el pago de tributos, parafiscales, salud y pensión; facilitar, y en algunos casos eliminar, certificaciones de calidad y licencias sanitarias; y encontrar formas de otorgar créditos a empresas en proceso de formalización; entre otras medidas.

Se debe tener en cuenta que las características de las empresas las hacen más o menos aptas para formalizarse por la ecuación de costo-beneficio de “legalizar” empleados y requisitos empresariales. Para los negocios con gran capacidad productiva los costos de formalizarse son pocos y son sobrepasados por ventajas como el acceso a créditos y acceso a mercados

Sin embargo, para las empresas medianas y pequeñas los costos de formalizarse pueden superar las ganancias de hacerlo. Hay negocios que son informales porque no habría una ganancia considerable en formalizarse, porque no podrían operar y a la vez pagar los costos de formalizarse, o bien porque deciden aprovechar las ganancias de la competencia desleal de la informalidad-ilegalidad a pesar de poder pagar los costos de formalización.

Al aumentar la formalización se benefician los trabajadores con mayores ingresos y protección social, se beneficia el Estado al aumentar el recaudo y garantizar el cumplimiento de medidas sanitarias y medioambientales, y -más importante aún- se benefician las empresas porque aumenta su producción y sus ganancias. Las medidas estructurales que pueden combatir la informalidad requieren de un debate profundo y pasan por las reformas a los tributos y al régimen laboral. No podemos seguir ignorando este debate mientras crece una “para-economía” que cobija ya a la mayoría de los colombianos.

La reactivación económica del país está en la reconstrucción del tejido empresarial. Pero ninguna medida será realmente efectiva si se deja de lado el profundo reto de reducir la informalidad de manera estructural y permanente.

‘La reforma laboral no es la única vía para generar empleo’

El Ministro de Trabajo dijo que a finales de febrero reciben el informe de la Misión de Empleo, que será la base para hacer trámites en el Legislativo

Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, dijo que el Piso de Protección social busca reducir la informalidad.

PORTAFOLIO

FEBRERO 04 DE 2021 – 08:16 P. M.

Colombia cerró el 2020 con la destrucción de más 2,4 millones de puestos de trabajo y con una tasa de desempleo a doble dígito (15,9%), que además golpeó con más fuerza a mujeres y a jóvenes.

(Lea: ‘El país sí necesita las reformas tributaria, laboral y pensional’)

Ese es uno de los desafíos a los que se enfrenta Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, quien habló sobre la reforma laboral, el Piso de Protección Social, y los planes para que el país alcance una tasa de desempleo de un dígito en 2022.

(Lea: Colombia cerró el 2020 con una tasa de desempleo en 15,9%)

¿Cómo van a hacer para evitar que el Piso de Protección sea una vía de precarización laboral?

Vamos a sacar una circular conjunta con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UNGPP) para mostrar el mecanismo de protección y va a haber fiscalización.

¿En qué consisten esos dos decretos con los que van a modificar el Piso de Protección Social?

Estamos preparando varios actos administrativos. Una es una circular del Ministerio de Trabajo aclarando todos los temas, porque a veces confundimos que el trabajador que ingrese al Piso de Protección Social no va a tener ninguna garantía.

Lo que cambia es que el empleador tiene que hacer una cotización del 15% para la protección de la vejez, y dentro de ese 15% hay un 1% que se destina a riesgos laborales. También vamos a ver si logramos protección para la maternidad y un subsidio familiar.

¿El piso de protección social cuándo empieza a ser implementado?

Le adelanto que la primera experiencia será con la Federación Nacional de Cafeteros, con los recolectores de cosecha en el Eje Cafetero.

¿Cómo van los planes para reactivar el empleo, tras la crisis por covid-19?

En compañía con el Gobierno Nacional tenemos nuestro plan de reactivación económica para el 2021. En primer lugar se aprobó la Ley de emprendimiento en diciembre, que busca generar empleo.

Por otro lado, tenemos que aprovechar estos tres meses que tenemos del subsidio a la nómina. Ya algunos sectores están planteando revisar ese tema, y será una decisión del Gobierno.

En nuestro caso, el Ministerio de Trabajo apoya con las políticas de, por ejemplo, jóvenes y mujeres.

¿Qué se está haciendo en ese sentido?

En este momento el Ministerio está trabajando en dos programas. El primero es uno que se llama Equipares. Vamos a trabajar con las empresas para romper esas brechas de género y premiaremos a las que lo hagan.

Tenemos la tarea de encontrar cerca de 300 empresas que se quieren comprometer para mejorar el empleo para ellas.

Para los jóvenes tenemos incentivos tributarios para las empresas con una ley que se aprobó. También, buscaremos impulsar que contraten a los mayores de 57 años estas personas, que no tengan posibilidad de una pensión.

También estamos trabajando para educar para el trabajo y fomentar nuevas competencias.

Se espera que el Gobierno tramite este año una reforma tributaria, ¿hay espacio para la laboral?

Desde octubre o noviembre creamos la Misión de Empleo, y en este momento está trabajando fuertemente con los expertos nacionales, internacionales y académicos. Ahora, con todos los elementos que nosotros colocamos en temas como formación para el trabajo, cesantes, la protección social y empleo de plataformas digitales se está avanzando.

Y lo que nos adelantó la Misión es que las propuestas laborales no se pueden de hacer de una forma mediática. Esto significa hacer una reforma estructural muy seria, donde intervengan todos los actores. Esto significa que cualquier propuesta tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. No vamos a sacar en tres meses alguna propuesta.

¿Cuál es entonces el cronograma de eso?

Finalizando febrero tendremos ya unos insumos fuertes. Y tomaremos la decisión sobre cuáles son los temas a corto plazo, que son los que se llevarán inmediatamente al Congreso. Y luego definiremos los temas a largo plazo.

Cualquier reforma que hagamos tiene que tener dos elementos: la protección para la vejez y generación de empleo. Esos son los parámetros bajo los cuales tenemos que presentarle al país en los próximos días cualquier propuesta.

Los informales se están recuperando más rápido que los formales, ¿qué harán para fomentar el empleo formal?

La primera estrategia del Ministerio de Trabajo es el Piso de Protección Social, y llegarle a esas personas que ganan menos de un salario mínimo para poder formalizarlos; ese es el primer paso. Y no perdamos de vista que cualquier reforma debe hablar del formal y del informal, porque ahí es donde hemos cometido los errores en el pasado.

¿Qué opina de eliminar los costos laborales no salariales?

Eso ya se ha venido ensayando. Miremos la ley 1607 del 2012. En el Congreso de la República eliminamos prácticamente los parafiscales y se crearon alternativas de financiación de Sena y el ICBF. En esa parte de los costos laborales hemos avanzado fuertemente.

El debate que se va a venir es, por ejemplo, las cajas de compensación familiar. Son discusiones que se van a dar y estaremos preparándonos para eso.

¿Cuál es su expectativa para la recuperación de la tasa de desempleo?
Si Colombia crece económicamente tiene que disminuir la tasa de desempleo. Y esa es la apuesta que tenemos nosotros como Gobierno. Si todos hacemos bien la tarea, en 2022 tenemos que estar en una tasa de desempleo de un dígito.

Expertos dicen que el país volverá a los niveles previos a la pandemia, pero no a un dígito…
Yo como ministro de Trabajo no lo veo así. Mire no más el plan de reactivación: el Gobierno le está apostando a generar más de 1 millón de empleos.

Es que aquí todo el mundo está pendiente y dicen que la única forma de generar empleo es una reforma laboral, y eso no es cierto. Los estudios están demostrando que son temas estructurales a largo plazo, que son los que tenemos que cambiar.

María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte

Se disparó la pobreza

Más que cualquier otro objetivo, lo que se requiere es generar empleo y así reducir la pobreza.

Mauricio Cárdenas Santamaría

Por: Mauricio Cárdenas Santamaría 16 de octubre 2020 , 09:25 p. m.

Esta semana se supo que el número de personas que viven en condiciones de pobreza monetaria extrema aumentó en un alarmante 18,4 % en 2019 y los ingresos de los 10 millones de colombianos más pobres se redujeron más de 6 por ciento. Mientras tanto, los ingresos de los 10 millones más ricos siguieron aumentando. Hace mucho tiempo el país no veía tendencias tan regresivas.

El país no está polarizado Semejante retroceso no es producto del azar. Las condiciones externas no podían haber sido más favorables, tanto por el lado del petróleo como de los mercados financieros. Esto quiere decir que las causas son internas. Lo que ocurrió es el resultado de preferencias políticas y decisiones económicas. No hay duda de que algo cambió para mal desde el punto de vista de la equidad.

El país venía por una senda correcta de reducción de la pobreza y la desigualdad. Según el Dane, las personas en condición de pobreza –aquellas cuyos ingresos son inferiores a $ 327.674 por persona o $ 1’310.696 en un hogar de cuatro personas– bajaron del 40,8 % del total de la población en 2012 a 36,3 en 2014. Luego vino el choque petrolero que tumbó las exportaciones a la mitad y causó la pérdida de una quinta parte de los ingresos fiscales. Pese a esto, no se retrocedió y la pobreza se mantuvo estable hasta 2016. En 2017 se retomó la senda descendente, hasta alcanzar 34,7 % en 2018. La principal razón es que la política de ajuste adoptada, denominada ‘austeridad inteligente’, protegió el empleo y la inversión social.

Lo increíble es que, en un entorno mucho más favorable, la pobreza haya vuelto a aumentar, hasta llegar a 35,7 % de la población en 2019.

La pobreza extrema –o indigencia– es aquella que se da cuando las personas no tienen siquiera el ingreso suficiente para comprar una canasta de alimentos que proporcione 2.100 calorías diarias. El costo de esta canasta el año pasado fue de $ 137.350 mensuales por persona. En 2012, 11,7 % de la población se encontraba en esta deplorable condición. Para 2018 se había reducido a 8,2 %, pero el año pasado volvió a aumentar a 9,6 %.

Es indispensable entender qué pasó, entre otras razones porque este año las cifras de pobreza y desigualdad van a empeorar mucho más por el covid-19, lo que hace imperativo tomar las medidas correctas para enderezar el rumbo.

Aquí es donde entran en colisión dos enfoques económicos que muy posiblemente explican lo que ocurrió en 2019. Una escuela de pensamiento considera que la reducción de los impuestos al capital es la mejor forma de estimular el crecimiento económico. La ley de financiamiento de 2018 es el mejor ejemplo de este enfoque. Otra escuela considera que, en una economía como la colombiana, con un alto desempleo, lo mejor es bajar los impuestos sobre la nómina para que las empresas tengan el incentivo a contratar más mano de obra, lo que a su vez estimula la demanda. La reforma de 2012 es un claro exponente de esta visión.

¿Abaratar el capital para aumentar la cantidad de maquinaria o reducir los impuestos para estimular el empleo formal? Ese es el dilema. Las dos reformas mejoran la competitividad de las empresas, pero lo hacen a través de canales diferentes.

Es evidente que lo que el país necesita en este momento es empleo. El propio FMI publicó esta semana un documento en el que muestra que la reducción de los impuestos al trabajo, al igual que los apoyos monetarios a los hogares pobres y los programas de inversión pública, son herramientas mucho más potentes de reactivación que la reducción de los impuestos al capital.

Ayer se supo que el alto Gobierno les pidió a los técnicos del DNP retirar cualquier alusión a la reducción de los impuestos a la nómina como parte de la estrategia de reactivación. Para nadie es un misterio que la reducción de los llamados parafiscales es un asunto políticamente complejo, pero con grandes beneficios, como lo demostró la reforma de 2012. El Gobierno no debería tirar la toalla tan fácilmente.

Lo que ocurrió con la pobreza en 2019 debe, cuando menos, poner al Gobierno a pensar. El crecimiento económico pasó de 2,8 % en el segundo trimestre de 2018 a 3,1 % un año después, pero 729.000 colombianos cayeron en la pobreza extrema. Más que cualquier otro objetivo, lo que se requiere es generar empleo y, de esa manera, reducir la pobreza.

Propuestas aquí y ahora

Con tantos negocios cerrados y desempleados, necesitamos propuestas concretas, viables y efectivas.

Mauricio Cárdenas Santamaría

Mauricio Cárdenas Santamaría

05 de febrero 2021 , 09:25 p. m.

Las elecciones presidenciales de 1982 fueron las primeras en las que pude votar. Lo hice por Belisario Betancur. Me atrajo la mezcla del hombre de origen humilde y afable, convertido en intelectual, abierto a un amplio espectro ideológico.

Nunca me han gustado los dogmatismos en economía ni los sectarismos en la política, y quizás por ello me atrajo su candidatura. No era la figura de moda en las aulas universitarias, donde gustaba más Luis Carlos Galán, y menos entre los compañeros antisistema, que tenían simpatías por el M-19, todavía en la insurgencia.

Con el paso de los años conocí mejor a Betancur, ya en su condición de expresidente.

Muchas veces me relató, con una sagaz sonrisa, la anécdota del “sí se puede”, a la que él le atribuía su triunfo en las urnas. Betancur había propuesto el programa de viviendas sin cuota inicial, a lo que el expresidente López Michelsen, su verdadero rival en esa elección, se había opuesto con argumentos financieros.

En una manifestación en Cartagena, uno de los asistentes lanzó de manera espontánea un “eche, sí se puede”, y él lo registró. Días después, en un debate con López, sacó la frase de la manga y dejó a su contrincante mal parado.

Las casas sin cuota inicial se hicieron y Betancur cumplió su promesa, aunque algunos contratistas no terminaron los proyectos y pusieron en evidencia que el Estado era un mal constructor. Años después, durante el gobierno Gaviria, se liquidó el Instituto de Crédito Territorial y nació la política donde el Gobierno otorga subsidios a los compradores y deja que el sector privado haga las viviendas por su propia cuenta y riesgo, lo cual ha resultado más efectivo.

Traigo esto a colación porque todo indica que en las elecciones de 2022 muchos candidatos tratarán de llevar a sus contrincantes a la esquina del ‘no se puede’. Habrá propuestas de todo tipo: reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, prender la imprenta del Banco de la República para girar un cheque mensual a los colombianos menos favorecidos, aumentar el salario mínimo en un 50 % y muchas otras que faltan.

La confrontación entre el sí y el no se puede no es lo que necesita el país en este momento. Estamos en medio de una crisis profunda, y la salida será más lenta de lo esperado. Con tantos negocios cerrados y personas desempleadas es necesario poner el foco en el aquí y ahora, aterrizado a propuestas concretas, viables y efectivas. No tengo duda de que será necesario prolongar los programas de apoyo al empleo –que termina en marzo– y el de Ingreso Solidario a las familias, que va hasta julio. Es mejor, desde ya, tomar las medidas para que no falten los recursos. El orden de las cosas es que el Gobierno mantenga el estímulo fiscal y el Banco de la República el monetario, lo cual es muy distinto a decir que el Emisor debe liderar iniciativas de gasto, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo.

Lo que sí deben hacer Gobierno y Banco es lanzar un nuevo programa de apoyo financiero para que los empresarios pequeños y medianos tengan créditos subsidiados a muy largo plazo, con dos o tres años de gracia, y tengan con qué poner en marcha nuevamente sus negocios.

Pasado lo peor de esta crisis, llegará el momento para lanzar propuestas audaces para resolver los problemas estructurales de Colombia. Asuntos como la desigualdad y la baja productividad no se resuelven imprimiendo billetes ni trabajando menos: se resuelven con medidas de fondo –que reduzcan la segregación y que den verdaderas oportunidades a quienes arrancan en condiciones de desventaja–. Hay que tener el coraje para proponerlas.

Y no olvidemos que el mundo tendrá un ‘reseteo’ después de esta pandemia. Preparémonos también para que Colombia sea protagonista en esa conversación, de manera que las nuevas reglas de juego resulten más favorables para nosotros, incluyendo el manejo de las deudas que quedarán y las fuentes de recursos que necesitaremos para acelerar el crecimiento en condiciones sostenibles. Ahí nos jugaremos mucho de nuestro futuro.

ANALISTAS 02/02/2021 Carlos Ronderos MÁS COLUMNAS DE ESTE AUTOR

Resistencia al cambio.

Mauricio Cárdenas Santamaría

La crisis generada por el covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad que tienen las sociedades de realizar cambios profundos en materia social, ambiental, económica e institucional. Fenómenos latentes como el calentamiento global y la degradación de la vida silvestre, la desigualdad entre naciones y al interior de ellas, las rigideces económicas e institucionales se han hecho protuberantes y han resultado ser un llamado a repensar muchos de estos temas.

No obstante, existe una resistencia al cambio en las sociedades que es persistente en virtud a pequeños intereses que se incrustan y perduran.

En Colombia, tanto la necesidad de cambios profundos como la resistencia al cambio fomentada por grupos minoritarios de intereses creados están a la orden del día. Son muchos los frentes en que esto es cierto. Empecemos por el mundo laboral. Con una de las tasa de desempleo y subempleo más altas del mundo, Colombia mantiene una rigidez en la legislación laboral que hace prácticamente imposible superar este estado. El país tiene hoy por hoy tasas de desempleo cercanas a 20% y la mitad de la población trabajadora en el sector informal reclama un cambio en la legislación y la normatividad laboral, pero ello no es posible. La noción de este cambio se estrella contra la resistencia al cambio proveniente de pequeños grupos sindicales, quienes muy bien organizados y constituidos en élite laboral tienen la capacidad de frenar cualquier intento en este sentido.

Relacionado con el mundo laboral está el tema pensional. Allí es evidente el colapso del sistema. Cambiaron las expectativas de vida y, con ello, la pirámide poblacional, haciendo imposible que las finanzas públicas puedan, en el mediano plazo, soportar el peso del sistema. Pero aquí, tal como en la normatividad laboral, la resistencia al cambio impide que un sistema costoso, al que acceden solo una pequeña proporción de la población pueda repensarse.

¿Que cambios serán necesarios para que el país aborde seriamente el tema de la inequidad y la desigualdad? El mundo coincide en que esta tarea empieza por la educación y la pandemia ha hecho evidente cómo el poder de sindicatos de maestros ha mantenido fuera de la aulas a millones de niños, que a diferencia de una minoría con internet, computador y apoyo doméstico, puede avanzar en la formación académica. Allí se ha incubado para los años venideros un mal que se traducirá en mayor inequidad fomentada por grupos cuyas banderas son la justicia social y los derechos de las mayorías. De otra parte, Oxfam reclama gravar más a las grandes fortunas y los expertos recomiendan eliminar subsidios a los más ricos, sin que ello vaya a tener grandes resultados porque pesarán los intereses de esos pocos.

Son muchas las inmensas necesidades del cambio y se destacan dentro de ellas los cambios que son necesarios para superar la corrupción. La pandemia demostró que esta sigue intacta y fue ocasión para acrecentarla. Pero esta lucha es inútil si no se supera la resistencia al cambio de la cúpula política que sistemáticamente se niega a entender que el sistema de partidos y la forma como se ejerce la política están en el centro de los obstáculos al cambio.

Es que si la sociedad no hace esos cambios por las vías institucionales con la celeridad que demandan las circunstancias, nos harán cambios a las malas y no propiamente aquellos que más contribuyan a construir una mejor sociedad. Remember Venezuela.

RETROSPECTIVA

Las ayudas a los más pequeños

La cuestión aquí ya no es la existencia de ayudas sino su monto, su ampliación y su diseño más focalizado. Francisco Miranda Hamburger Director de Portafolio

Francisco Miranda Hamburger

POR: FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER FEBRERO 05 DE 2021

En varias ocasiones durante esta crisis económica desatada por la pandemia, estos espacios editoriales han hecho llamados a los gobiernos nacional y locales para un abordaje más sensible a la dinámica de las empresas. En especial, a las de tamaño mediano, pequeño y micro que crean empleo y son más vulnerables.

El proceso de reapertura de las actividades económicas durante el segundo semestre del 2020 abrió una luz de esperanza para la recuperación de las mipymes en todo el territorio nacional. El desarrollo de protocolos estrictos en distintos sectores como industria manufacturera, comercios y servicios envío el mensaje adecuado: el mejor camino para una reanudación sostenible de las ventas era mediante la bioseguridad.

No obstante, el choque del segundo pico de contagios en enero desembocó en un abanico de duras restricciones a las empresas, negocios y comercios, en especial en Bogotá. Tal como lo afirmó Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, en entrevista a este diario: “abrir y cerrar una empresa no es lo mismo que abrir y cerrar un libro”.

Los impactos sobre el tejido empresarial del país, en especial sobre sus hilos medianos y pequeños, son incontables. Por ejemplo, de acuerdo a Fenalco Bogotá, el 31 por ciento de los establecimientos comerciales capitalinos cerraron en 2020 y en el primer mes de 2021 ya va en 2 por ciento el índice de cierre. Esto equivale a 58 mil negocios y 2.850, respectivamente.

Además, la más reciente encuesta de Acopi muestra que el 41 por ciento de las mipymes consultadas han disminuido sus ingresos más del 50 por ciento. Asimismo, hay problemas de sobreendeudamiento, falta de recursos para el pago de cesantías e incluso contagios dentro de las mipymes que descarrilan la reactivación.

La cuestión aquí ya no es la existencia de ayudas sino su monto, su ampliación y su diseño más focalizado.

Francisco Miranda Hamburger
​framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Cuba da un histórico paso para legalizar el trabajo privado

A través de una reforma, la isla autorizó el trabajo por cuenta propia en la mayoría de los sectores.

La isla, de 11,2 millones de habitantes, tiene actualmente más de 600.000 personas que trabajan por su cuenta, que representan el 13% de la fuerza laboral del país.

PORTAFOLIO

FEBRERO 06 DE 2021 – 03:23 P. M.

Cuba anunció este sábado un sustancial aumento de la actividad privada en diversos sectores lo que implica una reforma mayor en este país socialista en el que el Estado y sus empresas dominan la economía.

(Así es la reforma monetaria que aplicará Cuba en 2021). 

La medida, que había sido anunciada en agosto por la ministra del Trabajo, Marta Elena Feito, fue aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, señaló el diario del gobernante Partido Comunista (PCC, único).

Según Feito, como parte del “perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia (privado)”, “se elimina el anterior listado donde se recogían las 127 actividades” que los cubanos podían ejercer legalmente y lo amplía a “más de 2.000 actividades en las cuales se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia”.
La funcionaria precisó que solo se limitan, total o parcialmente, 124 actividades, pero no dio detalles.

El propósito de esta reforma es facilitar “que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose”, dijo al señalar que quitará ataduras a las fuerzas productivas y permitirá que los cubanos pongan en marcha negocios de un perfil más amplio.

El gobierno viene ampliando desde hace una década las actividades que los cubanos pueden realizar por cuenta propia, las cuales se centran en servicios de gastronomía, transporte y arrendamiento de habitaciones para el turismo.

La isla, de 11,2 millones de habitantes, tiene actualmente más de 600.000 personas que trabajan por su cuenta, que representan el 13% de la fuerza laboral del país.

Este sector “ha sido duramente impactado por el recrudecimiento del bloqueo” de Estados Unidos bajo la anterior administración de Donald Trump, y “también por los efectos de la pandemia” del coronavirus, indicó Feito.

El ministro de economía, Alejandro Gil, dijo que Cuba da un “importante paso para el incremento del empleo, a tono con el ordenamiento monetario del país”, refiriéndose a la compleja reforma económica que entró en vigor el pasado 1 de enero y tras un duro 2020 que registró una caída del PIB del 11%.
Se trata de “una buena noticia” y “definitivamente, un paso en la dirección correcta”, a pesar de que “desafortunadamente, demoró demasiado”, señaló por su parte el economista Ricardo Torres, de la Universidad de La Habana.

Así es la reforma monetaria que aplicará Cuba en 2021

El proceso había sido anunciado en 2013 pero constantemente pospuesto a la espera del mejor momento para implementarlo.

DICIEMBRE 12 DE 2020 – 12:42 P. M.

El salario mínimo en Cuba pasará de 400 a 2.100 pesos cubanos (de 17 a 87 dólares), como parte de una reforma salarial y monetaria que entrará en vigor el 1 de enero junto con la unificación de las dos monedas que existen actualmente en la isla, informó este viernes la gaceta oficial.

Esta reforma integral de salarios y pensiones se realiza en el marco de un complejo proceso de fuertes correcciones en la economía, cuya puesta en marcha fue anunciada la noche del jueves por el presidente Miguel Díaz-Canel, en una emisión en cadena nacional acompañado por Raúl Castro, primer secretario del gobernante Partido Comunista (PCC, único).

A partir del próximo mes, Cuba pondrá fin a su actual sistema de dos monedas locales, único en el mundo y vigente desde hace 26 años. Con este ordenamiento monetario a realizarse en un plazo de seis meses desaparecerá el peso convertible (CUC), que actualmente equivale a un dólar, y prevalecerá el peso cubano (CUP), hasta ahora utilizado por el estado para pagar salarios y cobrar los servicios y fijado en 24 unidades por dólar.

El presidente advirtió también que esta reforma “no está exenta de riesgos” y que podría provocar inflación y especulación de precios. “Resulta necesario establecer un salario mínimo en el país que garantice la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia, así como la escala de tarifas salariales aplicable a todos los trabajadores”, señala una resolución del Ministerio del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba.

El texto fija “el salario mínimo del país en 2.100 pesos cubanos mensuales”, un aumento de 525% en comparación con el vigente, que es de 400 pesos cubanos.

ADIÓS A SUBSIDIOS

El ministerio establece 32 escalas según el tipo de actividad laboral o profesional, que va hasta los 9.510 pesos cubanos (396 dólares). Actualmente, el salario medio en la isla es de 879 pesos cubanos (37 dólares), según la estatal Oficina Nacional de Estadísticas.

Las medidas anunciadas tienen por objeto hacer más eficiente la economía y facilitar las inversiones extranjeras, en momentos en que el país requiere de dinero fresco luego de meses de verse privado de divisas de la industria turística debido a la pandemia del coronavirus.

Antes de la llegada de la pandemia en marzo, la isla ya sufría el impacto de un recrudecido embargo de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Con 11,2 millones de habitantes y una población envejecida, el incremento de las pensiones llegará hasta un máximo de 1.733 pesos cubanos (72 dólares) contra los 242 pesos cubanos (10 dólares) que las personas retiradas reciben actualmente, indicó el Ministerio de Trabajo. El duro ajuste económico contemplan también la eliminación paulatina de subsidios “excesivos y gratuidades indebidas” para una mejor redistribución de los recursos, señala la gaceta.

La economía cubana ha estado sostenida con numerosos subsidios estatales, tanto para mantener el ineficiente sistema empresarial estatal, como para la vida cotidiana de los trabajadores. Ahora los subsidios se otorgarán a “las personas en lugar de a los productos, hasta que de forma gradual, estas puedan financiar el consumo con sus ingresos”, añade la publicación.

El proceso, que había sido anunciado en 2013 pero constantemente pospuesto a la espera del mejor momento para implementarlo, se lleva a cabo en el peor contexto posible, cuando se espera que la economía cubana caiga un 8% este año, según las previsiones de la Cepal, la comisión económica de la ONU para América Latina.

“Esto es una transformación que de alguna manera podría permitir colocar a Cuba otra vez mucho mas claramente en el tablero internacional, hacer más comparables si se quiere nuestros números con los de otros países, y a partir de ahí, claro que facilita la toma de decisiones y la llegada de potenciales inversionistas”, dijo a la AFP Ricardo Torres, economista de la Universidad de La Habana.

Los capitalinos corrían el viernes por la mañana a comprar el periódico o revisaban los medios digitales para enterarse de los detalles de la reforma, que pondrá fin a un complicado sistema dual de monedas con el que han tenido que convivir por tanto tiempo, tratando de descifrar sus implicaciones.

El antiviral que tiene Cuba para tratar el coronavirus

Se trata de una medicina que repone las defensas humanas y que ya se aplicó en China.

El presidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, Dr. Eduardo Martínez Díaz, dio a conocer la capacidad de producción de Cuba del Interferón Alfa 2B para tratar el Coronavirus.

PORTAFOLIO

MARZO 13 DE 2020 – 12:19 P. M.

Cuba produce Interferón Alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes de coronavirus y que ha generado interés de compra en unos 15 países, informaron este viernes especialistas médicos de la isla.

Se trata de un antiviral que repone las defensas humanas. “El Interferón es un producto terapéutico, no es una vacuna”, dijo Eduardo Martínez, presidente del grupo industrial estatal BioCubaFarma, desmintiendo publicaciones de redes sociales que informaban de que en el país se tenía la cura para esta pandemia.

Recordó que, según la asociación farmacéutica china, “entre las propuestas (para combatir el coronavirus) el primer producto de acción antiviral que se recomienda es el interferón”, dentro de una treintena de opciones.

Martínez explicó que además de en Cuba, el medicamento es fabricado también por una empresa mixta en China, lo que facilitó su disponibilidad para el tratamiento. “Es un medicamento que tenemos todas las capacidades para suministrar al sistema nacional de salud en Cuba y en China”.

Según precisó luego el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), Eulogio Pimentel, hay unos 15 países interesados en adquirir el producto en América Latina, Europa, África y Asia.

“Estamos recibiendo solicitudes de un grupo grande de países que nos están pidiendo ofertas. Tenemos la capacidad para suministrárselo sin poner en riesgo las cantidades que se requieren para el país”, declaró en rueda de prensa este viernes Eduardo Martínez, presidente del grupo estatal de medicamentos BioCubaFarma.

Contamos con un “inventario de Interferón, de producto terminado, para los casos que en un horizonte de tres a seis meses pudieran aparecer en Cuba. Y en proceso, tenemos inventario equivalente para tratar todos los infectados que ocurrieron en China”, agregó.

En brotes de otros coronavirus y del SARS se utilizaron interferones para prevención y tratamiento, explicó la vicepresidenta del CIGB, Marta Ayala.

“Los interferones son moléculas que produce el propio organismo ante los ataques virales. Es una primera defensa natural del sistema inmune para combatir la entrada del virus e inhibirlo”, detalló.

Pero el coronavirus, en lugar de inducir la producción de interferones, la disminuye. “De alguna manera administrar el Interferón desde fuera podría ser una aproximación correcta en medio de la gama de tratamientos que se están utilizando”, precisó.

La administración del medicamento se hace a través de inyectables, pero en China se ha aplicado por nebulización “porque es una vía rápida de llegada a los pulmones y actúa en la etapa temprana de la infección”, dijo Ayala.

Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana ChangHeber de la provincia china de Jilin, el Interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y las hepatitis tipos B y C.

En la isla se ha informado hasta el momento de cuatro casos de coronavirus. El gobierno tiene en marcha la producción de 1 millón de mascarillas. El turismo es un importante motor de la economía cubana. Por el momento el gobierno no ha previsto el cierre de sus fronteras y ha reforzado los controles de ingreso.

El sector rural, incertidumbre por baja demanda.

Los gremios buscan reformas estructurales para el campo.

Durante el 2020, los productos del agro nacional se han abierto espacio en siete mercados nuevos.

PORTAFOLIO

DICIEMBRE 23 DE 2020 – 09:00 P. M.

Los temas que trasnochan a los productores del campo, son los mismos de siempre. Problemas de comercialización, bajos precios, rentabilidad, la falta de una ley de tierras y de una reforma laboral adaptada a las condiciones propias del sector.

La idea es avanzar en la formalización, ajustar la política de crédito, e impulsar la reactivación económica.
Las expectativas de los cultivadores están centradas en la reactivación de la demanda, con la posible normalización de las actividades hoteleras y de restaurantes, la cual se producirá muy seguramente hacia mediados del próximo año.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), ve con moderación e incertidumbre las expectativas del año que viene: “El 2021 es todavía incierto para el sector agropecuario porque el país vive un alto nivel de desempleo e informalidad laboral superior al 50%. Eso afecta la demanda local y, por supuesto, a los productores”.
Según Bedoya “también necesitamos las reformas estructurales para el campo, y ojalá no se les vaya a ocurrir gravarles la comida a los colombianos con IVA del 19%”.

Por su parte, las exportaciones agropecuarias ven el 2021 con optimismo, gracias a una posible activación de la demanda externa, lo que permitirá una mejoría en los despachos y muy seguramente en los precios.
Así lo prevén cafeteros, floricultores, bananeros, azucareros, cultivadores de palma de aceite, algunas frutas como aguacate y piña, además de los productores de carne de res.

“El año que viene pinta muy promisorio. En 2020 superamos los 200 millones de dólares en exportaciones de carne y animales en pie. En 2021 aspiramos a abrir los mercados de Indonesia y China, y eso hará que el país empiece a tener una mejor presencia en el mercado internacional”, dijo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. En su opinión, lo importante es que haya una tasa de cambio competitiva.

Mientras tanto, los cultivos orientados al mercado doméstico aspiran a tener una mejora en los precios, especialmente papa y plátano, cuyas actividades resultaron muy golpeadas por la caída de las cotizaciones internas.
“El 2021 es muy esperanzador para los cereales y productores de fríjol soya. Los precios finalizan este año con una tendencia alcista que se mantendrá a lo largo del año entrante, porque gran parte de la cosecha estadounidense ya está vendida, China mantiene su posición compradora y la sequía ha afectado la producción de Mercosur”. Ese es el análisis hecho por los cerealistas.

‘El país sí necesita las reformas tributaria, laboral y pensional’

Para la vicepresidenta Ramírez, algunos alcaldes han sido facilistas al cerrar sus ciudades.

Marta Lucía Ramírez de Rincón, vicepresidenta de la República.

PORTAFOLIO

FEBRERO 03 DE 2021 – 09:00 P. M.

El empleo, la reactivación económica y la competitividad son los tres temas que más preocupan a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en medio de la crisis generada por la covid-19 y de la expectativa sobre su futuro político de corto plazo, sobre el cual se abstiene de opinar. Asegura que sigue concentrada en acompañar al presidente, Iván Duque, en la tarea de salir de la difícil coyuntura que vive el país.

La vicepresidenta habló con por Portafolio sobre temas económicos.

¿Cómo ve la economía hoy en medio de la contracción del 2020?

Veo una reactivación económica segura e irreversible. Aquí lo importante es que todos hagamos la tarea, como la están haciendo los gremios, los empresarios y los mandatarios locales. Lo que sí vemos con mucha preocupación es que la reactivación se frenó en enero por tantos ires y venires en algunas alcaldías importantes del país.

Si bien es cierto que hay que cuidar la salud, también necesitamos mandatarios locales con mucha creatividad, que sean capaces de plantear horarios extendidos de 24 horas en algunas actividades o que peatonalicen calles para mantener la actividad de los restaurantes mientras logramos la vacunación.

Creo que en algunos casos hemos acudido al recurso más facilista que es el de los cierres y toques de queda, cuando estamos necesitando meterle a fondo el acelerador a la reactivación. Yo les rindo un tributo a los empresarios, quienes a pesar de un año tan difícil, siguen buscando la forma de recuperar su actividad y los empleos perdidos.

¿Qué es lo que más le preocupa en materia económica y social?

Yo creo que hay que trabajar duro en la recuperación de la demanda. Esto es clave para mejorar el ritmo de producción y de oferta en el sector productivo. Por eso, el presidente y yo seguimos trabajando en el ‘Compromiso por Colombia’. La idea es avanzar en esos 500 proyectos de infraestructura, vivienda, acueducto, energías renovables y el desarrollo del campo, entre otros. Sabemos que algunos de ellos tienen dificultades por aspectos como las consultas con las comunidades, pero si eliminamos esos cuellos de botella, eso nos despeja la continuidad de la reactivación económica con el sector formal.

Si adicionalmente reactivamos el sector informal, lograremos una economía incluyente que cierre las brechas sociales.

¿Qué se está haciendo para frenar el desempleo de las mujeres?
El trabajo es una prioridad para mujeres y hombres, y necesitamos crear empleo para que no haya reducción de los ingresos en las familias.

Para reducir la diferencia de seis puntos porcentuales en el desempleo femenino hemos hecho varias cosas. Hay una directiva presidencial que instruye a los ministerios para que las entidades que dependen de ellos se comprometan en la contratación formal de mujeres. Logramos que Colombia Compra Eficiente le dé un puntaje adicional a las propuestas de las empresas de propiedad de mujeres o mayoritariamente dirigidas por ellas.

También estamos trabajando en una mayor participación de la mujer rural en el mercado laboral, y avanzamos en facilitar su acceso a activos como tierra y financiación de proyectos asociativos y de agroindustria.

Por eso lanzamos la Iniciativa Nacional para el Emprendimiento Económico y Seguridad de las Mujeres Rurales (Ines). La meta es vincular a 500.000 mujeres. En áreas urbanas también avanzamos en un plan que busca vincular a otras 500.000 mujeres a programas de apoyo para el desarrollo de actividades, como servicios, tecnología, manufacturas y confecciones.

¿Qué resultados se ven en estos programas?

Infortunadamente, esto se demora un tiempo en arrancar, pero ya desarrollamos los instrumentos legales de política pública. Tenemos acuerdos con los gremios del sector rural y hay cifras sobre mujeres vinculadas a los programas. Avanzamos en una estrategia para buscar que las mujeres ingresen a sectores como el de la vivienda. Por ejemplo, en albañilería ellas pueden hacer trabajos menos pesados, pero que requieren cuidado, estética y precisión. En esto estamos trabajando con Camacol.

¿Cree que el país necesita las reformas tributaria, laboral y pensional?

Yo creo que necesitamos hacer las reformas pendientes. Debemos garantizar el ingreso tributario del Estado con distribución equitativa. La pandemia deja al país muy endeudado y la idea es lograr que la base de tributación se vaya ampliando.

Debemos pensar en la eliminación de exenciones y ver cómo logramos que haya más gente contribuyendo, sin caer en el populismo tributario de pensar que solo grabando a las compañías encontramos la solución. Con eso lo que hacemos es que los empresarios se vayan a invertir al exterior. Las tasas de tributación empresarial deben ser competitivas.

También estoy de acuerdo con la reforma pensional. Hay que acabar subsidios, eliminar pensiones altas y lograr que más gente ingrese al régimen individual contributivo.

En lo laboral, estamos esperando el informe de la misión, pero creo que se necesita. Todos debemos estar preocupados y ocupados viendo cómo generamos más empleo. Debemos empezar a trabajar en una legislación laboral que abra más el empleo en el campo.

¿’Fracking’ sí o no?

Hay que esperar los resultados de los estudios piloto. Mientras tanto, me siento muy satisfecha con lo que se está avanzando en energías renovables no convencionales. Los logros han sido extraordinarios.

¿Por qué no despegan las exportaciones?

Estamos revisando con el Ministro de Comercio qué es lo que pasa con el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Europa. La idea es que nos concentremos en la utilización correcta de los TLC. Todo eso lo estamos analizando en la Misión de Internacionalización que entregará sus recomendaciones en marzo próximo.

¿La pandemia frenó los pactos de crecimiento?

No, al contrario, los hemos venido ampliando. Tenemos cerca de 540 acciones ya ejecutadas y hay más de 200 en marcha. Colombia debe ubicarse entre los primeros 40 países productores y exportadores del mundo, al año 2030.

¿Será candidata a la presidencia en las elecciones del 2022?

En este momento estoy concentrada en acompañar al presidente Iván Duque en la reactivación económica, con los 22 pactos por el crecimiento y la coordinación de las comisiones de competitividad. Seguimos trabajando en generar empleo, empleo y empleo.

Édmer Tovar Martínez
Editor de Portafolio

08/02/2021

Economía de la felicidad y el bienestar

Pilar Ibáñez

Esta semana me topé con un libro en el que preguntaba si ¿el dinero da la felicidad?. Allí hallé una cita de Henry Ford, empresario estadounidense, en la que decía “No es el empresario quien paga los sueldos. Los empresarios solo entregan el dinero. Es el cliente el que paga los sueldos”. Este mismo libro hacía un resumen sobre las mediciones de felicidad en el Reino de Bután donde miden no PIB, sino Felicidad Nacional Bruta. Lo sugestivo del libro es que mencionaban que la medida del PIB es muy relativa y no basta para conocer si un país es rico o no. Por ejemplo, a primera vista pareciera que Estados Unidos tiene un PIB mayor, pero en comparación con otros países en los que la población es menor, cada habitante es mucho más rico. ¿Entonces qué es lo que realmente estamos midiendo? Analizando los indicadores y mediciones en materia de felicidad llegué a un concepto muy interesante en el libro de Luis Gallardo, fundador del World Happiness Fest y de BE, la economía de la felicidad y el bienestar.

En su libro menciona que las economías del mundo han llevado al crecimiento de la inequidad, la pérdida de la diversidad y los problemas de cambio climático al cual nos enfrentamos hoy. Si la economía girara en torno al bienestar de los seres humanos, tomando como referencia al Reino de Bután, podría generarse un cambio. El Consejo de Europa recientemente publicó que el bienestar de las personas tiene valor por sí mismo, ¿existe entonces una forma de medirlo?

Hoy se han ido dando algunos pasos hacían esa nueva economía del bienestar, a través del surgimiento de nuevas economías. A continuación, presento varios ejemplos que comparte Luis Gallardo en su libro.

Debajo de la gran sombrilla de la Economía del Bienestar y la felicidad se encuentran: economía circular, economía naranja, y la economía verde. La economía circular es la que se enfoca en reducir, reutilizar y reciclar de productos, componentes y materias primas. Esta economía basa sus esfuerzos en el desarrollo sustentable y sostenible.

La economía naranja, de la cual he hablado en varios de mis artículos, es la encargada de darle valor, canalizar y formalizar a las industrias creativas como lo son la música, artes, arquitectura, escritura, danza, tecnología, etc.

Luis también menciona una nueva economía que, para mí es completamente nueva, la economía verde en la que se valora la interconexión entre las personas y el medio ambiente. Es decir que nuestras decisiones económicas tienen un impacto en el ecosistema, allí radica la importancia de la consciencia y la toma de responsabilidad. “Los principios de la Economía Verde son: El principio del bienestar (poder crear y disfrutar del progreso y prosperidad); El principio de los límites planetarios (salvaguardar, restaurar e invertir en naturaleza); El principio de buena gobernanza (guiarse por personas responsables, resilientes e instituciones integradas); El principio de justicia (promover la equidad entre generaciones y dentro de ellas); El principio de eficiencia y suficiencia (apoyo a la producción sostenible y consumo)”.

En este sentido, el PIB no alcanza a medir lo que realmente es importante para las nuevas dinámicas sociales. Necesitamos hacer más énfasis en la salud mental de las personas, sobre todo considerando el estado en el que se encuentra la mayoría de los ciudadanos debido a la pandemia; énfasis en cómo la tecnología impacta de forma positiva y negativa la salud del ser humano; énfasis en una educación en la que las personas puedan aprender a ser sanas mental, física y socialmente, en la que haya consciencia de la importancia del bienestar y la felicidad.

Tal vez si lográramos tener esa economía de bienestar y felicidad, podríamos prevenir una nueva pandemia, guerras, inequidad, desigualdad y pobreza.

05/02/2021

El servicio de empleo y el covid

Mauricio Olivera

Las últimas cifras del mercado laboral no son alentadoras. Aunque con la apertura de mitad del año pasado la tasa de desempleo se redujo considerablemente, pasando de 20,3% a 13,8% entre el segundo y el cuarto trimestre del 2020, continúa por encima de los dos dígitos, y este descenso se concentró en empleos informales.

En el año se destruyeron 2,4 millones de empleos, a lo que se suman 1,8 millones de personas que pasaron a la inactividad dejando de presionar el mercado laboral. La tasa de desempleo anual fue de 15,9% frente a 10,5% del 2019, creciendo más del 50%. Las comparaciones internacionales también muestran que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el empleo. Entre los países de la OCDE, desde el inicio de la pandemia Colombia fue el país más afectado, superando el 20% de desempleo, y en diciembre se mantuvo en los tres primeros lugares de más altas tasas de desempleo, acompañada por España y Grecia. A este panorama se suman las medidas que los gobiernos tuvieron que tomar para enfrentar la segunda ola de contagios, y aunque se están haciendo los esfuerzos para un plan de vacunación masivo, la incertidumbre es grande.

El panorama laboral ha llevado al país a discutir y diseñar diversos mecanismos para enfrentar la crisis. El gobierno se ha concentrado en alivianar la reducción del ingreso de las familias con los programas Ingreso Solidario y Compensación de IVA. Destinó recursos importantes a las empresas capitalizando el Fondo Nacional de Garantías. Respecto al mercado laboral creó la Misión de Empleo, y en la Mesa de Concertación Laboral se habló de la necesidad de una reforma laboral. Creó y hace unos días puso en marcha el piso de protección social, buscando atacar la informalidad aumentando la cobertura en seguridad social. Para los trabajadores formales que perdieron su empleo, las cajas de compensación han utilizado los recursos de sus agencias de empleo para subsidiar los ingresos de estos trabajadores por un tiempo limitado. También creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), un programa de subsidio a la nómina, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), y ejecutado a través de entidades financieras.

Por su parte, basado en la famosa afirmación de John Maynard Keynes sobre la necesidad de abrir huecos para taparlos en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” cuando analiza la desutilidad del desempleo y la necesidad de gasto público para impulsar la economía, un precandidato presidencial propuso como política de choque para enfrentar el desempleo en el corto plazo un programa de empleo de emergencia, ejecutado por los gobiernos regionales y locales, con financiación del gobierno central, y sabiendo que en las regiones existen muchas obras por terminar -los huecos ya están abiertos, es necesario cerrarlos.

En suma, se han discutido varios temas para enfrentar la crisis del mercado laboral. La realidad actual obliga a actuar más rápido, y a buscar mayores efectos. Un tema del que poco se ha hablado es sobre el papel del servicio de empleo para enfrentar la crisis, más allá del subsidio a los trabajadores formales.

Los servicios de empleo tomaron su relevancia después del trabajo seminal de Dale Mortensen y Christopher Pissarides en 1994 en el cual demuestran que una gran ineficiencia en el mercado laboral se encuentra en el emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral. Gracias a este trabajo fueron galardonados con el premio nobel de economía, al lado de Peter Diamond, en el 2010. Quienes ofrecen su trabajo no saben en qué empresas son necesitados de acuerdo a su conocimiento, experiencia y habilidades, y las empresas no saben donde encontrar los trabajadores que necesitan.

El papel primordial de los servicios de empleo es lograr que las personas que buscan trabajo -la oferta laboral- lo consigan de acuerdo a sus capacidades, y que los empleadores que buscan trabajadores -la demanda laboral- lo consigan de acuerdo a sus necesidades, de manera eficiente. En los países avanzados, el servicio de empleo juega un papel protagónico. El servicio público alemán cuenta con más de 100 mil funcionarios, y más de la mitad trabajan en los centros de empleo, y en el 2020 atendió más de 7,5 millones de personas.

En Colombia se creó el servicio público de empleo en el 2012, atado al mecanismo de protección al cesante, una aproximación al seguro de desempleo. Una evaluación inicial mostró que es una institución en maduración, y entre los retos está la confianza de los empleadores para registrar sus vacantes. A este se suma la unión entre el servicio de empleo y la formación para el trabajo con una perspectiva de mediano plazo. La nueva normalidad traerá nuevos empleos con nuevas habilidades y competencias de los trabajadores.

El servicio de empleo podría jugar un papel más protagónico para enfrentar la crisis del mercado laboral generada por la pandemia. La OIT hace un recuento completo de las respuestas que este ha dado tanto en esta crisis, tanto para las políticas pasivas de empleo (por ejemplo, subsidios al desempleo) como para las políticas activas (Para la demanda laboral, políticas de corta duración para preservar el empleo e incentivos la creación de nuevos empleos, y para la oferta políticas de capacitación e incentivos para buscar activamente empleo, y programas públicos de empleo de emergencia de corta duración, especialmente para trabajadores vulnerables y con bajo nivel educativo).

Una encuesta al servicio de empleo en 72 países realizada por el BID, la OIT, la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (Wapes, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea, y Socieux+, un proyecto de la Unión Europea que busca mejorar las capacidades de la protección social en países de ingreso medio y bajo, muestra que los servicios de empleo se adaptaron para seguir prestando sus servicios durante el confinamiento, se readecuaron y ampliaron para responder a las necesidades prioritarias, por ejemplo, del seguro de desempleo, de subsidios para la retención del empleo o de programas de empleo de emergencia, y para reclutamiento de trabajadores en sectores prioritarios. Algunos también fortalecieron la recapacitación para desempleados con escasos recursos a través de programas virtuales, e implementaron y fortalecieron políticas inclusivas, por ejemplo, cuidado de los niños atados a la acción de búsqueda de empleo. En Colombia, es necesario fortalecer el papel protagónico del servicio de empleo. En el corto plazo, unificando las políticas de empleo para enfrentar la crisis, y, en el largo, para la formación para el trabajo y la creación de trabajo formal.

COYUNTURA

Mercado laboral: acciones urgentes basadas en evidencia

Es necesario dinamizar la participación y empleabilidad de las mujeres y los jóvenes.

Rosario Córdoba Garcés 

Las cifras consolidadas del mercado laboral para 2020 reflejan el efecto disruptivo de la pandemia sobre el empleo y la composición de la población en edad de trabajar.

Sin embargo, es fundamental que la respuesta de política a la crisis del empleo tenga en cuenta, por un lado, que el deterioro de este mercado precede a la pandemia, y que su vulnerabilidad, expresada en altos niveles de informalidad, llevaron a que las medidas de confinamiento y los cambios en los patrones de consumo e inversión lo impactaran amplia y aceleradamente.

Así mismo, es clave entender que la recuperación observada tras el levantamiento de las medidas de confinamiento estuvo concentrada en el segmento de trabajo por cuenta propia, mientras que el trabajo asalariado aún no logra recuperar sus niveles prepandemia. Esto evidencia tanto la falta de sofistificación de nuestro aparato productivo -dada la imposibilidad de que muchos de estos trabajos se realicen desde casa-, como las rigideces que dificultan la generación de empleo formal.

Dinámicas marcadas por la pandemia
En 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 15,9%, 5,4 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2019, acentuando la tendencia al alza observada desde 2015. En el caso de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo anual fue de 18,2 %. Por su parte, la informalidad para la misma agregación geográfica se ubicó en 47,2%, superior en 1 punto porcentual a la observada en mismo periodo de 2019.

La población ocupada en 2020 fue 19,8 millones frente a 22,2 en 2019, lo que equivale a una destrucción de 2,4 millones de empleos, de los cuales 2,1 millones correspondieron a empleos perdidos en las cabeceras y áreas urbanas. Por su parte, la población desocupada alcanzó 3,8 millones -un incremento de 1,1 millones respecto a 2019-, mientras que la población inactiva pasó de 14,4 a 16,3 millones. Si bien la caída en la ocupación en las 23 ciudades principales con respecto a los niveles prepandemia ha sido generalizada, Neiva (26,1%), Ibagué (25,6%) y Cúcuta (23,7%) registraron la mayor incidencia en el desempleo en el país. Vale la pena resaltar que la totalidad de las ciudades principales tuvieron tasas superiores a 12 %.

Como se mencionó, el análisis de las variaciones en los puestos de trabajo según posición ocupacional revela que la recuperación del empleo observada tras el primer ciclo de confinamiento en relación con los niveles prepandemia (esto es, septiembre-diciembre frente a enero-febrero de 2020) estuvo jalonado por el autoempleo, el cual es predominantemente informal. Así, mientras que el número de ocupados cuenta propia y trabajadores sin remuneración aumentaron con respecto a enero y febrero, el empleo asalariado alcanzó únicamente el 90% del valor observado en estos meses.

Por otro lado, las mujeres y los jóvenes han sido afectados más que proporcionalmente por la crisis, ampliando así las brechas económicas entre grupos demográficos. En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo para el acumulado de 2020 fue 20,4% frente a 12,7% para los hombres (Figura 2), mientras que para las personas entre los 14 y 28 años la tasa de desempleo alcanzó niveles de 24,2%; 18,7% para los hombres y 31,7 % para las mujeres.

¿Cómo reactivar generación de empleo?

Sin duda, la reactivación del mercado laboral debe ser la prioridad en la agenda de recuperación económica. En este sentido, el diseño de una estrategia que favorezca la generación de empleo formal no solo debe concentrarse en el impulso a sectores tradicionalmente intensivos en mano de obra, sino que debe tener, al menos, estas consideraciones.

En primer lugar, es indispensable adelantar reformas para minimizar las distorsiones que introduce la normatividad laboral y avanzar hacia un sistema de seguridad social más eficiente, mejor focalizado, y que no penalice al sector formal y más productivo de la economía.

Segundo, es clave adoptar medidas para dinamizar la participación y empleabilidad de mujeres y jóvenes. La reactivación del empleo femenino requerirá continuar con los esfuerzos para la reapertura segura de guarderías y colegios, pero también de la puesta en marcha de una Política Nacional del Cuidado que le permita a las mujeres tener el tiempo para capacitarse y poder ser parte del mercado laboral.

Tercero, el hecho de que cerca del 66 % de los ocupados antes de la pandemia no tuviera posibilidad de adoptar esquemas de trabajo remoto, evidencia la necesidad de que el país se prepare para enfrentar los desafíos que la aceleración del proceso de adopción tecnológica y la automatización que trae consigo.

Para ello, es fundamental mejorar el acervo de habilidades de la fuerza laboral y aumentar la pertinencia de la oferta educativa y formativa. Esto permitirá maximizar las ganancias potenciales en productividad y mitigar posibles efectos negativos sobre el empleo y la desigualdad.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

COLUMNISTA

Una agenda para la reactivación

El reto es alcanzar este año un crecimiento del PIB cercano al 5%, por lo cual es crítico que todos los sectores nos enfoquemos en impulsar esta meta

Julián Domínguez Rivera. FEBRERO 08 DE 2021

No cabe duda de que uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Colombia en su historia reciente es consolidar la reactivación económica ante la crisis generada por la pandemia. El reto es alcanzar este año un crecimiento del PIB cercano al 5%, por lo cual es crítico que todos los sectores del país nos enfoquemos en impulsar esta meta. En este objetivo son fundamentales las alianzas público-privadas para agilizar las acciones que impulsen la economía, protejan la supervivencia empresarial, generen empleo y brinden ingresos a las familias más afectadas por la crisis.

En el marco de la misión del Consejo Gremial Nacional de impulsar el crecimiento económico del país, se ha construido con la participación de los 29 gremios que lo conforman y el apoyo de Fedesarrollo, una Agenda para la Reactivación Económica compuesta por 140 propuestas que buscan promover la recuperación económica, social y sostenible del país, que puede ser consultada en www.cgn.org.co/documentos
Quiero destacar en este espacio algunos de sus ejes transversales, porque son claves en la meta de crecimiento:

Desatrasar la agenda de ejecución de proyectos de gran envergadura, como el impulso a vías secundarias y terciarias que representan 22% y 69,5% de las carreteras del país; el dragado del puerto de Buenaventura; y el programa de quinta generación de concesiones (5G) estimado en $49,22 billones.

Continuar con el impulso a la vivienda garantizando la suficiencia de subsidios; formular una adecuada legislación en leasing habitacional; simplificar las normas para el acceso a vivienda y la gestión del suelo urbanizable; y promover la inversión en infraestructura urbana, equipamientos y servicios públicos.

Acelerar la transformación digital en las Mipymes; exención de IVA para las empresas de Software y TI; avances en política pública para dinamizar el comercio electrónico; y continuar facilitando trámites estatales y tributarios por medios digitales.

Apoyo al turismo, uno de los sectores más dinámicos del mundo en los últimos años, con una alta capacidad de impulsar el empleo. Dado su nivel de afectación a raíz de la pandemia, se proponen beneficios tributarios y otras acciones de fomento.

Aumentar la formalización empresarial con la implementación de una ruta de formalización laboral y empresarial, que permita articular la oferta pública con la capacidad instalada en el sector privado, y complementarla con servicios de desarrollo empresarial, financiamiento, cofinanciación y subsidios sociales.

Modernizar el régimen laboral para corregir las restricciones y rigidices que desincentivan la contratación formal, con el objetivo de disminuir la proporción de trabajadores informales y corregir desbalances en materia pensional, tributaria y de seguridad social. Con estas apuestas buscamos la transformación de las actividades para caminar de manera firme la senda de una reactivación segura y sostenible, que es a lo que debemos apostarle los colombianos durante 2021.

Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial Nacional

09/02/2021

Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad

Luis Felipe Gómez RestrepoMÁS COLUMNAS DE ESTE AUTOR

Las crisis tienen un elemento fundamental para poderlas superar. La flexibilidad personal e institucional. Así lo hemos vivido en esta pandemia, hemos visto cómo muchos de nuestros paradigmas se han derrumbado. Hay muchas decisiones que, si no fuera por la pandemia, nunca habríamos sido capaces de tomar y que ahora se muestran que sí era posible. Esto nos llama a valorar en profundidad la flexibilidad, como gran valor.

En su interesante libro “Crisis”, J. Diamond, muestra cómo uno de las condiciones para que países logren pasar exitosamente por períodos o situaciones de graves crisis, es precisamente la flexibilidad. “… lo que sí puede merecer la pena es considerar si los países son calificables como flexibles o rígidos de forma variable a lo largo de múltiples ejes”. Es decir, no hay países rígidos o flexibles, sino que en cada situación se debe evaluar. Pues bien, en esta época de pandemia, lo más importante es que se tenga flexibilidad para responder a las nuevas y apremiantes situaciones.

Adam Kahane, en su libro “Colaborar con el enemigo” trae tres disposiciones que ayudan para ganar flexibilidad. El primer estirón es la aceptación del conflicto y que se asuma la necesidad de utilizar los dos motores que tenemos todos: el poder y el amor; usarlos ambos es clave. El segundo estiramiento: aplicar diálogo y presencia (sentir al otro) con la decisión de avanzar. Y finalmente sumergirse en la acción con la convicción que se va a cambiar (conjuntamente con el otro), es decir una transformación mutua.

El llamado a la flexibilidad es que como sociedad ganemos en posibilidades de nuevas arquitecturas, en posibles futuros distintos. Y para que se pueda dar se requiere que muchos paradigmas que teníamos los dejemos atrás. Obviamente, no implica crear de cero, pero sí dejar que los procesos puedan tomar nuevos rumbos y forjar nuevas soluciones. Veamos algunos casos concretos.

A nivel nacional está la posición de las centrales obreras sobre el piso mínimo de contratación que busca ir formalizando poco a poco a muchas personas que en la actualidad están totalmente desprotegidas en el fango de la informalidad. Las centrales, comprensiblemente, se aferran a los mínimos que se han ido conquistando con el paso del tiempo en favor de los trabajadores formales.

Pero la realidad es que esa protección deja la mitad de los trabajadores del país ¡por fuera! Hay que ser flexibles, ver que pueden existir rutas en coexistentes, mientras llegamos a los estados deseados. Otro caso, ha sido la crítica del establecimiento económico (Nuevo gerente del Banco de la República, entre otros) sobre la viabilidad de la emisión del Banco Central en favor del Estado colombiano.

Sin ni pensar en qué cuantía, sin ver qué condiciones podría tener, la propuesta fue sepultada. Aquí faltó flexibilidad. Se actuó con la ortodoxia de tiempos normales que, si bien es un dique frente a abusos de gobiernos populistas, ahora no tuvo la capacidad de acoplarse a los tiempos especiales. Hay en el fondo una pregunta para la Junta del Banco de la República; se generó expansión monetaria y mucha para irrigar a los bancos, ¿era necesaria en esa cuantía?, ¿no se habría podido dejar un espacio para el préstamo al gobierno?

El último tiene que ver con la reforma tributaria, sobre la extensión del IVA en la canasta que ya ha generado muchas reacciones. El paradigma de siempre es que la canasta no se debe tocar, porque no es justo que se ponga un impuesto a bienes de primera necesidad. Por ello, hasta grupos políticos ya han dicho que eso no lo votan “ni amarrados, ni enmermelados …” Pues bien, con la devolución del IVA a los más pobres, que ya funciona, una decisión de estas es bastante racional y gracias a ello el impacto puede ser progresivo. Hay que oír bien los argumentos, ser flexibles.

Flexibles, esa debe ser la actitud.

La informalidad le gana la carrera al empleo formal

En diciembre pasado, este indicador era más alto que en 2019. Prevén mayor pobreza y menores ingresos en hogares, entre los efectos de la pandemia.

En las zonas urbanas, según el Banco de la República, ha crecido más rápido la informalidad.

MARÍA CAMILA GONZÁLEZ

PORTAFOLIO

FEBRERO 09 DE 2021 – 09:00 P. M.

Tras la destrucción de al menos cinco millones de puestos de trabajo en los primeros meses de la pandemia en Colombia, al cierre de 2020 el país recuperó el 70% de esos empleos. Sin embargo, las cifras muestran que esta recuperación es principalmente a través de la informalidad, y que los trabajos formales se están quedando atrás.

(Sube informalidad en hombres y hay más inactivas). 

Según el Dane, en diciembre la informalidad ya volvió a los niveles previos a la crisis e, incluso, va en aumento. De hecho, en ese mes el indicador fue de 49,5% en las 23 principales ciudades, frente a un 48% del mismo lapso de 2019; eso significó un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

Y si se mira el número de puestos de trabajo recuperados al cierre del 2020, los informales van por delante de los formales. Precisamente, el departamento estadístico señala que entre enero y diciembre de 2020 1,2 millones empleados particulares perdieron su puesto, mientras que los de por cuenta propia tuvieron una reducción de 692.000 trabajos. Con eso, la participación de los primeros quedó de 38,3% y de los segundos de 44,1%.

Precisamente, en un informe que presentó recientemente el Banco de la República sobre el mercado laboral, aseguran que la informalidad en las zonas urbanas está creciendo de forma más acelerada que la formalidad.

(Lanzan plan piloto para la reactivación de los trabajadores informales). 


“Así como en el total nacional crece a mayor ritmo el empleo no asalariado, en las áreas urbanas el informal lidera la recuperación de la ocupación. Este segmento, que se contrajo fuertemente al inicio de la pandemia (2,2 millones de empleos perdidos frente a 1,4 millones de los formales), ha recuperado a noviembre cerca del 70% de sus empleos perdidos. En contraste, el segmento formal solo ha recuperado el 64% de los trabajos que se eliminaron”.
Como lo han señalado varios centros de estudio y expertos, este panorama tiene que ver con que tras la pérdida de empleos formales, varios trabajadores acuden a salidas rápidas e informales para recuperar una parte de sus ingresos.

Ese fue el caso de Daniel Rodríguez, un joven de 23 años, quien hasta abril trabajó como empleado formal en un restaurante en el norte de Bogotá y que por la pandemia y la situación propia del sector de servicios de comidas tuvo que dedicarse a trabajar como conductor de un taxi.

“La situación está complicada porque los restaurantes no están recontratando. Apenas perdí el trabajo, lo más rápido que vi que podía hacer era manejar, porque tenía mi pase al día. Pero eso es muy difícil porque me toca a mí correr con los gastos de todo y perdí los beneficios que tenía en la empresa”, cuenta Rodríguez, quien asegura que ahora gana la mitad de lo que recibía antes.

Precisamente, Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, señala que uno de los principales efectos que está teniendo el aumento de la informalidad es que hay un detrimento de los ingresos laborales. “Aunque tengan algún sustento, eso no garantiza que tengan mejores ganancias. Al contrario, eso puede representar un aumento de la pobreza”, considera.

A su turno, Mery González, de 64 años y quien no tiene derecho a una pensión, cuenta que también tuvo que recurrir a montar un emprendimiento de tapabocas y de ropa de mascotas con su hija, Carolina Rodríguez, para tener ingresos extra. “Yo trabajaba confeccionando prendas con una empresa que vendía ropa en San Andresito, pero esta dejó de vender como antes y perdí mi trabajo con ellos. Ahora hago tapabocas, con mi hija ofrecemos ropa para perros y nos ha ido bien. Ahí nos vamos recuperando”, cuenta.

Algo similar le ocurrió a Fredy Alberto Acevedo, de 47 años, quien antes de la pandemia trabajaba en el sector de eventos como independiente y que por la cancelación de encuentros con aglomeraciones ha tenido que recurrir a cualquier actividad o empleo que le salga, “incluso a hacer domicilios”, relata.

Y también Andrés Padilla, quien antes de la pandemia trabajaba como copiloto de aviones comerciales, tuvo que montar un emprendimiento de chocolates con su novia y que mueven a través de Instagram. “Hasta ahora nos ha ido bien y el plan es seguir mejorando el producto. Por ahora ese es el plan A, porque yo me demoré cuatro años en conseguir trabajo desde que me gradué y la cosa está muy complicada”.

Para Iván Jaramillo, del Observatorio laboral de la U. Rosario, teniendo en cuenta el aumento de la informalidad, que también afecta a las mujeres, se debe pensar en políticas que fomenten en el empleo formal a través de incentivos tributarios y formación para el trabajo.

María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte

Sube informalidad en hombres y hay más inactivas

El desempleo juvenil, según el Dane, subió 5,7 puntos porcentuales en septiembre – noviembre.

Reducir la informalidad, uno de los retos más urgentes en materia laboral. 

PORTAFOLIO

ENERO 14 DE 2021 – 03:34 P. M.

Una mayor informalidad para los hombres, un aumento significativo de la inactivad para las mujeres y un alza importante del desempleo para los jóvenes son algunos de los efectos que está teniendo la pandemia en el mercado laboral.

(‘Si no mejora la productividad, la informalidad seguirá en aumento’). 

Eso se evidenció con los datos desagregados que publicó el Dane del empleo a noviembre, que evidencian cuál es el perfil de los más impactados por la pandemia.

Cabe recordar que en noviembre la tasa de desempleo siguió bajando y llegó a 13,3% para el total nacional, el dato más cercano a los niveles previos a la pandemia, pues en febrero la desocupación fue de 12,2%.

Precisamente, si se compara con abril, cuando se perdieron casi 5,4 millones de empleos y el número de ocupados descendió a 16,5 millones con respecto al mismo periodo del 2019, en noviembre ya se habían recuperado 4,78 millones de puestos de trabajo, pues los ocupados ascendían a 21,3 millones de personas.

La otra característica que se lee en los datos del Dane es que las ciudades están aportando buena parte de los empleos que se han perdido del promedio nacional, pues en noviembre, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 15,4%, lo que representó un aumento de 5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,4%).

LA INFORMALIDAD 

En ese panorama del mercado laboral, la informalidad ha sido uno de los indicadores que más ha crecido.

De acuerdo con el departamento estadístico, en el trimestre móvil de septiembre y noviembre de 2020, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 (46,2%).

Por otro lado, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 48,7%, lo que también significó un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo lapso de 2019, cuando fue de 47,2%.
Y si se mira según sexo se ve que la informalidad subió más para los hombres, que para las mujeres, pues ese indicador ascendió a 47,7% para ellos, lo que significó un alza de 3,2 puntos porcentuales.

Eso contrasta con que para las mujeres la informalidad fue de 47,8%, mientras que en el mismo periodo del 2019 fue de 48,2%, una variación negativa de 0,4 puntos porcentuales.

Por otro lado, y si se mira por ciudades, las que tuvieron la mayor informalidad fueron Cúcuta (72,2%), Sincelejo (64,4%) y Santa Marta (63,5%). En la otra orilla, las que tuvieron ese indicador por debajo del promedio nacional fueron Manizales (38,2%), Bogotá (41,9%) y Medellín (43,4%).

En cuanto al aporte de seguridad social de los ocupados, este no tuvo cambios significativos entre septiembre y noviembre de 2020, frente al mismo periodo de 2019.

El departamento estadístico reveló el 90,2% de los ocupados en las 13 ciudades estaba afiliado a salud, mientras que en 2019 el dato ascendía a 90,8%. Y los que aportaban a pensión esa proporción fue de 49,9% y hace dos años era de 50,3%.

MÁS MUJERES EN LA INACTIVIDAD

Otro de los datos que llaman la atención que publicó el Dane tiene que ver con el aumento significativo de la inactividad para las mujeres, comportamiento que se ha visto desde el comienzo de la pandemia en el país.

Precisamente, en el trimestre móvil el 38,7% del total de la población en edad de trabajar no estaba buscando trabajo, lo que representó un aumento de 2,2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año pasado.

Y si se desagrega por sexo se ve que la variación para el caso de la mujeres fue de 3,2 puntos porcentuales, pues la proporción subió a 46,6%. En contraste, el incremento para ellos fue de 1,2 puntos porcentuales, con 27,3%.

Llama la atención que una de las actividades a las que más se están dedicando las personas que salen del mercado laboral son las labores del hogar, que para el caso de las mujeres es significativamente más alta que para los hombres, pues el 62,5% de ellas se está quedando en la casa, mientras que el dato para ellos es apenas el 12,4%.

Y en línea con la reducción de ingresos en los hogares, también se ve que tanto para los hombres como para las mujeres, quedarse en estudiando ha sido más difícil, pues esta actividad tuvo una variación negativa de 5,3 puntos porcentuales para ellos y de 3,3 puntos porcentuales para ellas.

Como ya han alertado en varias ocasiones, la pérdida de empleos está profundizando las brechas que venían desde antes.

EL DESEMPLEO JUVENIL 

Otra de las alarmas que prenden los efectos sobre el empleo de la crisis es el desempleo juvenil que, según el Dane, se ubicó en 22,4%, registrando un aumento de 5,7 puntos porcentuales (pps) frente al trimestre de septiembre – noviembre de 2019. Para las mujeres esta tasa se ubicó en 31,2%, un alza de 9,8 pps frente al mismo lapso de 2019. Y para los hombres fue de 15,7%, un incremento de 2,7 pps.

Lanzan plan piloto para la reactivación de los trabajadores informales

El Gobierno presentó la estrategia para impulsar los micronegocios y garantizar la reactivación segura de este grupo de trabajadores

Los trabajadores informales representan casi el 50 % de la fuerza laboral del país y fueron de los más afectados por la parálisis económica generada por el coronavirus.

PORTAFOLIO

DICIEMBRE 05 DE 2020 – 09:49 A. M.

El Gobierno colombiano presentó este viernes un plan piloto para garantizar la reactivación segura de los trabajadores informales, que representan casi el 50 % de la fuerza laboral del país y fueron de los más afectados por la parálisis económica generada por el coronavirus.

“No podemos seguir con los ojos cerrados frente al 47 % de colombianos que trabajan y generan su sustento de manera totalmente informal”, dijo durante el lanzamiento del programa, presentado en el departamento de Norte de Santander, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.

En el evento, en el que también participó el presidente Iván Duque, Ramírez abogó por una reactivación en la que el sector informal tenga nuevas condiciones de operación, que garantice mayor escala y más rentabilidad, así como se ha venido trabajando para reactivar las actividades industriales y formales.

El plan piloto, pensado como un “laboratorio social para la inclusión productiva de los emprendedores de a pie”, incluye varias líneas de apoyo que incluyen bancarización, dotación de elementos de trabajo y de bioseguridad, capacitación y acompañamiento productivo.

El programa, enfocado en la formalización gradual del sector, se extenderá inicialmente a las ciudades de Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería y Cartagena.

IMPULSO A MICRONEGOCIOS

Según datos oficiales, existen cerca de 925.000 micronegocios en las ciudades priorizadas, de los cuales el 14 % son ambulantes y un 34 % operan en viviendas.
Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, es una de las ciudades con mayores índices de informalidad (71,5 %) y en esa región, fronteriza con Venezuela, el Gobierno pretender atender y enrutar hacia la formalidad a 5.700 de esos micronegocios.

Del programa podrán hacer parte emprendedores estacionarios del centro de la ciudad; micronegocios de artículos de hogar, alimentos, juguetes, ropa y decoración; vendedores informales de plazas de mercado móviles o itinerantes, y pequeños emprendimientos con o sin establecimiento de servicios como peluquerías y tiendas.

La estrategia también apunta hacia la creación y desarrollo de cooperativas que permitirán “unir a varias personas que están desarrollando una actividad informal”.

Durante la presentación del programa fueron entregados kits de bancarización que permitirán a los trabajadores acceder a créditos y digitalizar la comercialización de sus productos, entre otros beneficios.

“Esta es una gran oportunidad que tiene el comercio informal para mejorar el uso del espacio público. El proyecto está alineado con la necesidad de tener unos planes de ordenamiento territorial, que mejorarán las condiciones de la gente y la movilidad y funcionamiento en las ciudades”, subrayó Ramírez.

Piso de protección: ¿el camino para bajar la informalidad?

La medida ya empezó a regir y beneficiaría a 9 millones de trabajadores. Expertos dicen que la vigilancia será clave.

Las personas beneficiadas con el decreto son todos los que ganan, en total, menos del salario mínimo.

PORTAFOLIO

FEBRERO 02 DE 2021 – 08:14 P. M.

Este lunes empezó a regir el decreto que reglamenta el piso de protección social, con el que el Gobierno busca proteger a trabajadores que están por fuera de las prestaciones sociales, sobre todo a los informales. Sin embargo, varias voces se han manifestado en contra de la medida, mientras que otros dicen que esta no debería ser la única salida para fomentar la formalización.

Cabe recordar que este decreto, el 1174 de 2020, reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que busca que las personas que ganan menos de un salario mínimo, y que están en condiciones de vulnerabilidad, tengan la posibilidad de ahorrar para su vejez.

De acuerdo con Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, “el programa de piso de protección social busca ayudar a todos los trabajadores que son informales, que no tienen ayudan de cajas de compensación ni aportan a pensión”.

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, con esta norma al menos unos 9 millones de trabajadores podrían acceder a este beneficio.
Actualmente, la entidad que se encarga de administrar y gestionar el proceso para que los empleadores y trabajadores puedan tener acceso al beneficio es Colpensiones.
“Cuando ya se identifique el trabajador y la entidad, el empleador tiene la responsabilidad de acercarse a hacer los aportes bajo el programa de Pila, y el resto del trámite se hace a través de Colpensiones”, añadió el jefe de la cartera de Trabajo.

Por su parte, las centrales obreras se han manifestado en varias ocasiones en contra de la medida, pues argumentan que podría ser un camino para fomentar la precarización laboral e, incluso, crear la modalidad de trabajo por horas.

“Este decreto constituye una regresiva reforma laboral y pensional puesto que al introducir el contrato por horas con salarios inferiores a un salario mínimo mensual, desconoce el sistema de seguridad y prestaciones sociales vigente en el código sustantivo del trabajo, quedando el trabajador en otro régimen: el del piso de protección social, que en salud no reconoce ninguna incapacidad común o por accidente de trabajo, ni licencia de maternidad, pues estará en el Sisbén y, además, no cotizará, como bien se deduce, en el sistema de pensiones, sino en los precarios BEPs, que nunca le permitirán pensionarse”, alertaron las centrales obreras en un comunicado.
Eso sí, ayer se conocieron dos borradores de decreto con los que el Ministerio de Trabajo busca complementar el piso de protección social para que los que se acojan a este programa accedan al subsidio familiar, las mujeres tengan derecho a su licencia de maternidad y con los que el empleador no se pueda liberar de las responsabilidades laborales como vacaciones, primas, y cesantías, entre otras.

¿Y la informalidad?

Mientras que, por un lado, el piso de protección busca asegurarles a los beneficiarios unas condiciones para que entren al sistema de prestaciones sociales, persisten los desafíos del aumento de la informalidad, y el aumento de la pobreza agudizados por la crisis por coronavirus.

Para Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, para impulsar la formalización se deben desechar opciones de formalización en las que haya una reducción de derechos para impulsar la formalización.

“Se deben fortalecer las políticas activas, la formación para el trabajo y la inclusión de incentivos a la contratación laboral con vocación de permanencia como parámetro de formalidad incluido en la Ley 1610 de 2013”.

Por otro lado, expertos dicen que será clave que una reforma laboral incluya algunas medidas para aliviar las cargas laborales de las empresas, fomentar el empleo formal y buscar que el mercado laboral sea más flexible. Por su parte, el Mintrabajo dice que avanza en una política para los vendedores informales.

Covid causará mayor desigualdad entre los trabajadores

La pandemia está golpeando de forma desproporcionada a los menos cualificados.

Además de las empresas formales, el conteo también servirá para mapear la informalidad en el país.

ENERO 28 DE 2021 – 04:28 P. M.

La crisis sanitaria tendrá como consecuencia en el mercado de trabajo aumentar la desigualdad entre los trabajadores con escasa formación y los altamente preparados, debido principalmente a la digitalización y automatización, analizaron hoy expertos en un debate del Foro de Davos.


La tendencia ya era clara antes de la pandemia. Los ingresos de los trabajadores altamente cualificados han progresado de forma significativa en los últimos años, mientras que los de los trabajadores poco cualificados bajaron o, en el mejor de los casos, se estacaron.

La demanda de trabajadores del primer grupo es elocuente, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Angel Gurria. Su proporción ha aumentado en un 25 % en los países de la OCDE en los últimos veinte años, anotó el responsable en un panel que discutió las necesidades de formación de la fuerza laboral mundial.

La pandemia, afirmó, está golpeando de forma desproporcionada a los trabajadores menos cualificados, así como a los sectores de la economía en los que están más presentes, por ejemplo, los restaurantes y el comercio al detalle.

Según Gurria, el aumento de la tasa de desempleo en ese grupo de trabajadores tiene varios riesgos, como la posibilidad de que permanezcan inactivos por un largo periodo y que su vínculo con el mercado de trabajo se debilite.

También los jóvenes llamados a entrar en el mundo del trabajo afrontan retos adicionales por la pandemia porque “lo más probable es que accedan a menos formaciones y ganen menos experiencia de lo normal”.

Gurría sostuvo que se necesitan macropolíticas laborales que recorten el periodo de recesión, así como políticas nacionales dirigidas a formar y especializar a los trabajadores. “De lo contrario, los países no saldrán adelante tras la pandemia”, vaticinó.

El responsable de la conducción de la OCDE puso como ejemplo de política adecuada la medida de desempleo parcial adoptada en países como Francia o Suiza, y que implica ayudas públicas para reducir las horas de trabajo del empleado, lo que tiene la ventaja de que éste no pierde su puesto.

En una situación como la actual, los trabajadores menos cualificados tienen entre el 30 y 50 % menos de oportunidades de recibir alguna formación. “Nos estamos moviendo hacia un mundo más numérico, digital y tecnológico, y los trabajadores deben adaptarse”, indicó.

En la misma sesión del Foro de Davos, que este año se realiza de forma virtual, el consejero delegado de la multinacional de recursos humanos Manpower, Jonas Prising, dijo que dentro de la categoría de trabajadores con poca formación se debería dar prioridad a mujeres y jóvenes en materia de formación.

“Los responsables políticos deben tomarse esta situación tan en serio como lo hacen con el cambio climático”, sugirió. Sostuvo que la polarización del mercado de trabajo puede llevar, una vez pasada la pandemia, a una polarización social que debe ser anticipada y que podría evitarse tomando las medidas necesarias.

Con censo económico, el país podría mitigar mejor la crisis

El Dane ya comenzó el conteo de las unidades productivas, pero faltan recursos para ese registro. Será clave para ayudas.

Además de las empresas formales, el conteo también servirá para mapear la informalidad en el país.

CÉSAR MELGAREJO / CEET

PORTAFOLIO

ENERO 20 DE 2021 – 09:00 P. M.

Esta semana el Dane comenzó el conteo de unidades productivas en el país, que es el primer paso para realizar el Censo Económico, el cual será clave para la toma de decisiones que mitiguen el impacto de la crisis, y le den un impulso a la recuperación.

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, ese proceso iría hasta el 18 de abril, cuando esperan terminar el conteo de 505.024 manzanas ubicadas en cabeceras municipales y centros poblados de los 32 departamentos y 1.102 municipios del país.

Con esos insumos, que serán publicados en julio de este año, el país tendrá las primeras herramientas para empezar el censo económico, que no se hace desde hace 30 años.

De acuerdo con Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, “es muy importante comprender cuáles han sido las transformaciones que ha tenido la economía colombiana en los últimos años. Pasamos de ser un país, en donde la composición rural era más alta, a un país más urbano”.

Precisamente, según el Dane, ese primer conteo de unidades productivas arrojará información preliminar sobre la estructura económica del país, cómo está compuesto su tejido productivo informal, la actividad constructiva, y las unidades productivas desocupadas.

Aunque ese ejercicio estadístico no puede determinar el impacto de la pandemia en las unidades productivas, pues el último censo se hizo hace 30 años, sí servirá como punto de partida para tomar decisiones para impulsar la reactivación.

Para José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, este ejercicio será clave porque “en la medida en la que conozcamos bien en qué sectores están las empresas, y cuál es el nivel de informalidad, se puede tener un diagnóstico más claro de los retos desde el punto de vista de la producción. Con eso, se podrán focalizar mejor los programas de estímulos”.

Giraldo, en ese sentido, apunta que “si el Gobierno hubiese contado con un censo económico habría sido más fácil identificar cuáles eran las empresas que necesitaban de ayudas directas para evitar los efectos que ya se vislumbraban de marzo y abril que iba a tener la pandemia”.

Precisamente, el Dane detalla que con este ejercicio será más claro el panorama de lo que se puede hacer para impulsar la formalidad, que se ha visto golpeada por la pandemia y que configura uno de los problemas más graves del mercado laboral.

FALTA DE RECURSOS
Aunque ya se están dando los primeros pasos para hacer el Censo económico este año, todavía el Dane no ha recibido la asigna- ción presupuestal suficiente para empezar ese proceso en el segundo semestre de este año.

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, de los $380.000 millones que se requieren para la operación, solamente tienen asignados alrededor de $75.000 millones. “Confiamos en el Congreso y en el Gobierno, que nos ayudarán a conseguir estos recursos”.

Colpensiones superó la barrera de los 1,4 millones de pensionados el año pasado

miércoles, 10 de febrero de 2021

En 2020, 64.381 personas se trasladaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media

Paola Andrea Vargas Rubio – pvargas@larepublica.com.co

En medio de la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19, Colpensiones pensionó a más de 79.000 personas al cierre del año pasado, por lo que el número de pensionados por parte de la entidad superó 1,43 millones en todo el territorio nacional y en el exterior, destacó Juan Miguel Villa, presidente de la compañía.

Los más de 1,43 millones de pensionados de Colpensiones representan a casi 90% de los usuarios del sistema que reciben periódicamente este pago mensual en la actualidad. A esto se le suma que la entidad completó un total de 6,81 millones de usuarios afiliados, mientras que el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), bajo el que operan las AFP, cuenta con 17 millones.

En medio de este panorama, Villa también destacó que 64.381 personas se trasladaron del Rais al Régimen de Prima Media (RPM), que es administrado por Colpensiones, mientras que 987 individuos pasaron de RPM a Rais al cierre del año pasado. “En octubre, pusimos a disposición el Traslado de Régimen (a través del canal digital), que, en tan solo dos meses de operación, recibió más de 13.427 requerimientos”, añadió.

Antonio Alonso González, PhD., decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, dijo que “en los últimos años, se ha detectado una tendencia importante en el traspaso de asociados desde los fondos privados de Rais hacia Colpensiones correspondiente al RPM, y no solo mediante el trámite convencional de Doble Asesoría, sino también mediante procesos y resoluciones judiciales iniciados por estas personas cuando percibieron vulnerados sus derechos”.

El anticipo de las mesadas en las AFP y en Colpensiones movilizará más de $4,8 billones

Los miles de usuarios que han solicitado el traspaso de sus contribuciones al Régimen de Prima Media han generado un incremento sustancial del capital de Colpensiones, por lo que se ha fortalecido en materia financiera a lo largo de los últimos periodos, dijo González.

Lo anterior se evidencia en que las utilidades de administración de Colpensiones ascendieron a $243.000 millones al cierre del año pasado, convirtiéndose en una cifra récord, ya que se traducen en una variación de más de 92,8% frente al dato de 2018.

Estos resultados también son producto de que Colpensiones también evitó el pago de $71 billones en gestiones administrativas, acciones judiciales y prevención de daño antijurídico. Y, a su vez, ha logrado detener o prevenir la afectación al patrimonio público por un valor estimado de $996.000 millones.

“La prima media ha demostrado la eficiencia en la crisis sanitaria y económica, en la cobertura de riesgos socialmente relevantes, eso explica el traslado de pensionados de retiro programado del Rais, dada la exacerbación del riesgo financiera, ordenado en el decreto 558 de 2020 que fue declarado inconstitucional”, explicó Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Este es el cuarto año consecutivo en el que el fondo público registra utilidades. En 2018 anotó ganancias por $126.000 millones y en 2019 por $172.000 millones, dijo Villa, quien agregó que la entidad se sitúa como la administradora más económica del mercado, pues su costo efectivo de comisión de administración a cargo del afiliado pasó de 0,85% en el 2019 a 0,77% en 2020.

El papel que tendrá el fondo público en el avance del plan de vacunación
Durante la presentación del balance de Colpensiones correspondiente al cierre del año pasado, Villa compartió que la entidad trabajará de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, con el objetivo de cruzar información que sirva para ubicar a los ciudadanos que atienden para facilitar el proceso de vacunación. Además, el presidente de la entidad dijo que durante el año pasado, Colpensiones le apostó a fortalecer su Modelo de Bienestar para los usuarios de todo el territorio.

Los colombianos caminaron en ‘chanclas’ durante el 2020

De acuerdo con Acicam, el calzado ‘confort’, donde se incluye a las sandalias, pantuflas e inyectados, representó el 75% de las ventas del sector.

Con la gente ya no en la calle sino en las casas, hubo una reducción de compras,

MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY

FEBRERO 10 DE 2021 – 09:00 P. M.

El año pasado el sector del calzado fue el más impactado en el comercio minorista por la pandemia. De acuerdo con el reporte del Dane, entre enero y noviembre, la categoría cayó 36,3%, frente al mismo periodo del 2019.

Con la gente ya no en la calle sino en las casas, hubo una reducción de compras, y se registró una fuerte reconfiguración de la demanda, por lo que las categorías de preferencia cambiaron significativamente.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), se estima que el 75% de las ventas del año pasado en todo el sector fueron aportadas por el segmento ‘confort’.

Aquí se encuentran las chancletas tres puntadas, las pantuflas, el calzado inyectado en EVA, y el deportivo fabricado con materiales sintéticos y textiles, según el gremio.

“Aunque desde hace unos años este tipo de productos viene acaparando el mercado, con el confinamiento su participación en el total de ventas aumentó debido a que las personas buscan una mayor comodidad para sus pies mientras están en sus hogares”, explicó Jorge Andrés Zuluaga, presidente de la Junta Nacional de Acicam.

Para empresarios como Juan Manuel Rueda, gerente de Colhuellas S.A., compañía que vente calzado inyectado en la línea de dama, hombre y niños, la percepción es la misma.
“Obviamente al reducir los eventos masivos y las reuniones, las personas han cambiado un poco el consumo de moda y están migrando a cosas más informales”, dice.

No obstante, destaca que el verdadero diferencial está en el tema del precio porque en las crisis la gente busca productos más económicos.

Del lado de las ventas digitales, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reportó que el calzado no es una categoría que se mida de manera independiente, sino que se agrupa junto con las de moda y belleza.

Entre enero y junio del 2020 este segmento tuvo una participación del 6,1% en el mercado total de e-commerce en Colombia, siendo mayo el mes de mayor incidencia (8,7%).

Pero plataformas como Linio, sí tienen desagregada la participación del sector, y de hecho, afirman que el calzado creció un 50% en el año anterior, especialmente por la compra de tenis y zapatillas deportivas de marcas como Adidas, Nike, Skechers, Fila, Reebok, Tellenzi, Asics, Outfit Colombia, New Balance Brahma y Croydon.

Y es que respecto a esta última compañía, Leicel López, el gerente comercial y de mercadeo argumentó que el portafolio de Croydon va desde calzado para hacer deporte hasta zapatos cómodos para estar en casa. Razón por la cual las ventas solo disminuyeron un 5% en los pasados doce meses.

Entre los renglones con mayor dinamismo, apunta a su turno Carlos Pareja, gerente general de Grulla y Wellco, el de dotación, con marcas como Multinal, fue uno de los más constantes porque “básicamente es una obligación de ley dotar a los trabajadores de calzado”.

LAS CAÍDAS DEL SECTOR

Según los datos de la compañía FollowUp, que analiza el comportamiento de algunos retailers en el país, durante el mes de enero la categoría de calzado tuvo una caída de 53% como consecuencia de los cierres y restricciones por el segundo pico de la pandemia.

El resultado fue mucho más pronunciado que el de la contracción de la industria en general, que se ubicó en el 35%.

“También es importante rescatar que el ticket promedio a nivel país aumentó en este mes en un 20,7% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que para el calzado tuvo una caída del 2%, lo significa que el cliente está comprando más costoso, pero en esta categoría el valor de la canasta disminuye”, explicó la empresa.

En este sentido, como comenta el presidente de Acicam, el calzado de cuero y el formal fueron los de mayores reducciones en el consumo por la inasistencia a las oficinas; y seguida de estos estuvo la línea escolar.

Además de lo anterior, otro problema en esta industria es el contrabando, que, según los datos del gremio, fue del 80% en el segmento confort; y que, a nivel general, le quitó al sector un 25% de participación en las ventas del 2020.

Las ayudas del Gobierno, con 8,7 millones de beneficiados

Por crisis, crece el debate sobre el futuro de las transferencias monetarias, y si se debería crear una renta básica garantizada.

Archivo Portafolio.co  MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

DICIEMBRE 13 DE 2020 – 07:30 P. M.

En medio de una crisis que impactará los niveles de pobreza, el Gobierno ha logrado llegar a 8,7 millones de personas y hogares a través de transferencias monetarias.

Aún así, expertos plantean que a esos programas les quedan varias tareas pendientes para amortiguar el golpe de la pandemia en los más vulnerables.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con corte al quinto giro realizado en septiembre, el Gobierno ha llegado a 1,7 millones de personas con Colombia Mayor, a 3 millones con Ingreso Solidario y a 1 millón de personas con la Compensación del IVA.

Para el caso de Familias en Acción, entre giros ordinarios y extraordinarios, han impactado a 2,6 millones de hogares y con Jóvenes en Acción se han transferido recursos a 425.402 personas en lo que va del año.

Según las cuentas del DPS, esos cinco programas sociales han desembolsado $11,9 billones este año, que para el caso de Ingreso Solidario y los giros extraordinarios de Familias y Jóvenes en Acción provienen de recursos adicionales que asignó el Gobierno a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

En ese sentido, cabe resaltar que Ingreso Solidario fue creado en el marco de la pandemia con el fin de solucionar el problema urgente de familias que quedaron sin ingresos por cuenta de la crisis.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que fue la entidad que estructuró el proyecto, este programa le envía ayudas de $160.000 mensuales a familias vulnerables e inicialmente iba hasta mitad de este año, pero se extendió hasta junio de 2021.

El otro programa nuevo fue la Devolución del IVA, que aunque ya se había planteado con la Ley de Crecimiento de finales de 2019, se empezó a implementar por cuenta de la pandemia. La intención de esa iniciativa es compensar ese impuesto que pagan los hogares pobres y vulnerables en algunos productos, por lo que se les giran $75.000 a esas personas cada dos meses.

Con una caída dramática del empleo y de la producción, que llevó al país a una contracción del PIB de 15,7% para el segundo trimestre, así como una tasa de desempleo que tocó el 20%, varios analistas han llamado la atención sobre la necesidad de buscar salidas para evitar que más personas caigan en la pobreza o en la vulnerabilidad.

De hecho, hace un par de meses el Dane actualizó la metodología para medir la pobreza monetaria y extrema y reveló que el porcentaje de personas en esa condición creció 1 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente en 2019, lo que representa un desafío mayor ante los efectos de la crisis. Concretamente, para el primero el dato ascendió a 35,7% y para el segundo llegó a 9,6%.

Ante ese panorama, centros de estudio y de pensamiento, como Fedesarrollo, han hecho algunas estimaciones de cómo quedaría la foto de pobreza al cierre de este año.

Según Jairo Núñez, investigador de esa institución, contando los impactos positivos de las transferencias monetarias en los hogares, el país podría terminar con una pobreza monetaria de 44,1% y extrema de 12,1% para el cierre de este año.

Eso significa que el país tendrá 4,2 millones de nuevas personas ganando menos de $327.674 mensuales, que es la línea de pobreza monetaria, para alcanzar 22 millones de colombianos en esa situación.
Además estima que habrá 1,3 millones de nuevas personas que ganan menos de $137.350 mensuales, que es la línea de pobreza extrema, por lo que ese número subiría a 6 millones de colombianos.

EL RETO QUE SE VIENE

Ahora bien, ese nuevo retrato de la pobreza y los hogares vulnerables configura un reto para los programas de protección social, así como la política en esa materia que tiene el país, teniendo en cuenta que habrá necesidades más pronunciadas como el acceso a la salud, educación o una pensión.

Precisamente, varios han planteado la posibilidad de unir todas las transferencias monetarias en un solo monto y crear una renta básica garantizada. Otros han puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar permanente Ingreso solidario, con un monto un poco mayor y con mayor cobertura.

Para el economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, en el corto y mediano plazo se debería pensar en que las transferencias pasen por un proceso de convergencia, con el fin de incluir la nueva información de beneficiarios y los nuevos pobres que ha dejado la pandemia.

“Colombia ya tiene la base de datos, la tecnología y la experiencia para empezar a pensar en tener un ingreso mínimo garantizado. Es decir, focalizado en población pobre y vulnerable y parametrizado en capacidad de pago. Pero antes se tiene que hacer una revisión del ecosistema del sistema de gasto social, y de ahí tomar decisiones en ese sentido”.

En esa línea, Sandra García, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Ph.D. en política social, transitar hacia un ingreso mínimo garantizado puede ser una buena salida en el mediano y largo plazo pero, coincide con Angulo, se debe revisar las necesidades del sistema de protección social y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Finalmente, Núñez plantea que unir todas las transferencias monetarias puede ser una buena salida, pero será clave que haya unas condiciones para evitar que haya “una trampa de pobreza, en la que esas familias también busquen empleo, estudien y encuentren mayores oportunidades. Es decir, hay que diseñar muy bien un sistema de emprendimiento, formación para el trabajo y servicio público de empleo para sacar a estas personas de su situación”.

LAS LECCIONES DE BOGOTÁ

Al comienzo de la pandemia, en Bogotá se desplegaron varios esfuerzos para tener una renta básica garantizada a través del Sistema Bogotá Solidaria en Casa, en la que se giraron $240.000 a hogares vulnerables con recursos de la Nación y la Alcaldía de Bogotá y llegaron a 790.978 personas, con corte al cuarto giro de pagos.

Para Angulo, quien fue parte del proyecto en los primeros seis meses, explica que una de las lecciones fue haber podido complementar las bases de datos de la Nación para llegarles a esas personas que estaban siendo afectadas por la crisis, pero que no estaban identificadas previamente como pobres o vulnerables. “Una focalización en tiempo real como esa es la punta de lanza para la renta básica del futuro”.


María Camila González Olarte
@CamilaGolarte

Hasta 83 productos de la canasta familiar podrían ser gravados con 19% del IVA

jueves, 11 de febrero de 2021

Según lo anunciado, la reforma tributaria ampliaría la base gravable de los productos de la canasta familiar colombiana Carolina Salazar Sierra

“Con la reforma tributaria el IVA no va a subir, pero tendremos más productos gravados”

El Gobierno presentará la reforma tributaria ante el Congreso en el primer semestre de 2021 y aunque la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios aún está preparando un informe preliminar de recomendaciones, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño anunció que se ampliaría la base gravable del IVA. “Hay ciertos bienes que podemos gravar, no gravar toda la canasta familiar, eso no pasará, pero sí podemos ampliar la base de productos que paguen IVA”, dijo el funcionario.

Hoy en día, según datos proporcionados por la Dian, hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, otros 10 de ellos tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%. De este modo, habría hasta 83 productos a los que se les podría aplicar esa nueva tarifa en la reforma si se llega a ampliar la base.

Por ejemplo, productos de la canasta como huevos, leche, queso, panela, pollo, res, fríjoles, entre otros, podrían pasar de estar exentos (0%) a tener una tarifa de IVA de 19%. También están los bienes gravados con 5%, como el azúcar, el café, el chocolate o la sal a los que se le podría aplicar.

Al igual, hoy no pagan IVA el plátano, las naranjas, la cebolla, la papa, la yuca, el tomate, la zanahoria, la sal o el arroz, entre otros.

No obstante, la idea detrás de esta reforma tributaria es que las personas de más altos ingresos paguen más impuestos, por lo que, haciendo que el IVA sea más progresivo, el Gobierno planea ampliar el esquema de devolución de este impuesto. “Podemos ampliar la base de productos que pagan IVA con un mecanismo muy importante y es que se haga una gran exención de IVA a los sectores más vulnerables para que no sienta ese aumento de los productos gravados”, dijo Londoño.

De hecho, se planteó que la devolución se haga a casi 30% de la población colombiana que se encuentra en situación de vulnerabilidad. “Hoy se le devuelve a un millón de personas y nosotros estamos viendo que hay situación de vulnerabilidad de casi 30% de los colombianos”, dijo el viceministro de Hacienda. Además, el presidente Iván Duque ya había afirmado que en el país se necesitan reformas sociales y tributarias para atender los efectos de la pandemia.

Hay que recordar que en el ojo del Gobierno en esta reforma está en $92 billones de exenciones que el Estatuto Tributario tiene actualmente para personas naturales y empresas, de los cuales $74,93 billones se centran en el impuesto del IVA.

Dentro de las propuestas para la reforma también están ampliar la base de los contribuyentes del impuesto de renta y gravar las pensiones más altas. Cabe mencionar que según lo anunciado por el Gobierno, aunque la tributaria se tramitaría en 2021, las nuevas medidas para el IVA solo aplicarían a partir de 2022.

La lucha contra la evasión

Según el viceministro de Hacienda, la implementación de la factura electrónica ayuda a disminuir la evasión de impuestos. Se espera que este año culmine la universalización de la medida. “La factura electrónica va a ser que esas personas no puedan evadir impuestos porque tenemos la trazabilidad de los bienes y servicios y podemos identificar quién no está pagando impuestos. Venimos de un proceso que ha funcionado, que este año debe concluir”, dijo el viceministro Juan Alberto Londoño.

El Dane informó que diciembre de 2020 cerró con una tasa de informalidad de 49%

jueves, 11 de febrero de 2021

Las ciudades con el indicador más alto fueron Cúcuta (72,9%), Sincelejo (65,1%) y Santa Marta (64,5%). En Bogotá, la tasa fue 42,2% Laura Vita Mesa – lvita@larepublica.com.co

Las grandes compañías aportaron 45% de los empleos formales del país según estudio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que entre octubre y diciembre la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%, y que para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 49%.

Estas cifras significaron un aumento de 1,6 puntos porcentuales en las 13 ciudades y 1,4 puntos porcentuales en las 23 ciudades.

En el desagradado de género se informó que la proporción de hombres ocupados informales fue de 47,7%, un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al mismo trimestres móvil de 2019; y respecto a las mujeres, informó que la proporción se ubicó en 48,5% con una caída de 0,5 puntos porcentuales.

En lo que respecta a la informalidad por ciudades, el Dane informó que de las 23 ciudades las de mayor proporción fueron Cúcuta (72,9%), Sincelejo (65,1%) y Santa Marta (64,5%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales (39,8%), Tunja (42,1%) y Bogotá (42,2%).

La entidad, además, reportó que 90,8% de los ocupados de las 13 ciudades están afiliados a seguridad social en salud, lo que supone una ligera caída frente al 90,9% del año anterior. En contraste, 49,7% de los ocupados cotizan a pensiones, lo que implica un aumento de 0,1% frente al dato de 2019.

El Plan de reactivación económico generaría hasta dos millones de empleos en el país

viernes, 12 de febrero de 2021

La estrategia denominada “Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia” contará con inversiones superiores a los $135 billones

Valentina Acosta Fonseca

Tras cuatro meses de publicado el borrador del documento Conpes para reactivar la economía del país ayer se dio el visto bueno a la propuesta por $135 billones, que equivalen a 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB) actual del país, y que además será ejecutada en alianza con el sector privado. Este tiene la meta de generar dos millones de empleos.

Luego de tener una reunión en Casa de Nariño, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, dio a conocer el plan que tiene un horizonte de seis años, que empieza en 2021 y finaliza en 2026.

Puntualmente, 7,2% del plan de inversiones se destinará a la construcción de vivienda, actividad crucial para la generación de empleo y la reactivación de la demanda en distintos sectores de la producción y del comercio. Cabe señalar que el sector de la construcción abarca cerca de 50% de la demanda de materiales de la industria nacional.

Otros $57 billones, correspondientes a 42,4 % del presupuesto establecido, estarán dirigidos a transporte, recursos que contribuirán a elevar la productividad futura de la economía y el desarrollo regional.

Por otra parte, unos $35 billones, equivalente a 26,3%, se invertirán en el sector de minas y energía. Además, 15,8%, equivalente a $21,3 billones, se concentrará en la financiación de proyectos en el sector agropecuario y deportes, entre otros. El 3,9% del plan, unos $5,2 billones, irá a parar al sector de educación.

Es importante mencionar que a los programas sociales que involucran transferencias de recursos a los hogares más pobres y vulnerables, principalmente al programa ingreso solidario, se dirigirán cerca de $4,4 billones, equivalentes a 3,3%.

Financiación
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y empleo, las entidades públicas involucradas en la estrategia de reactivación implementarán “acciones habilitantes” que dispondrán de una financiación total de $3,8 billones.

Adicionalmente, según el documento aprobado, se destinarán $669.894 millones para detener y mitigar el incremento de la pobreza debido a la coyuntura generada por el covid-19.

Adicional a ello, la destrucción de empleos requerirá $662.190 millones y la recuperación del sector productivo necesitará $2,2 billones. El fortalecimiento institucional y la articulación de los instrumentos de la política económica y social tendrá el aporte de $307.727 millones. Y, por último, el impulso al desarrollo digital recibirá $1.067 millones.

Cabe resaltar que entre las acciones de política para las empresas sobresale la creación de una línea directa para que pequeñas y medianas empresas puedan solicitar créditos de máximo $2.500 millones para pagarlos en hasta tres años de plazo. Igualmente, el paquete de medidas fue construido con aportes de más de 500 participantes, incluidos el Consejo Gremial Nacional y el Consejo Privado de Competitividad.

De acuerdo con el Gobierno, las proyecciones apuntan a que el efecto más sobresaliente del plan estratégico ocurrirá en 2021, cuando el crecimiento económico será impulsado casi en dos puntos del PIB, debido al “Nuevo Compromiso por Colombia”.

Iniciativa propone eliminar aportes a parafiscales

Según el Conpes se eliminaría durante el 2021 con el fin de acelerar la reactivación económica en el país.

PORTAFOLIO

OCTUBRE 15 DE 2020 – 05:10 P. M.

Para el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es necesario hacer ajustes en el mercado laboral colombiano con el fin de acelerar la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus y para eso propondrá eliminar los aportes a salud y parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sena y cajas de compensación familiar para dinamizar en 2021.

Según la regulación actual, las empresas aportan cada mes el 4% sobre el salario base del trabajador por concepto de cajas de compensación familiar, un 2% para el Sena y el 3% al Icbf.

De acuerdo con la iniciativa, la disminución de estos porcentajes en la nómina mensual de cada trabajador permitirá reducir los costos laborales de las compañías, dinamizar el empleo y darles liquidez a los trabajadores independientes con el propósito de acelerar la productividad.

La propuesta no es nueva, incluso la Anif ya la había puesto sobre la mesa, antes de la pandemia, iniciativa a la cual se opuso el Gobierno Nacional.

Así mismo, el Conpes propone que se reforme el cobro de renovación de matrícula mercantil para 2021..

Aprueban Conpes de reactivación económica

El proyecto centraliza las iniciativas para impulsar la recuperación a través del ‘Compromiso por Colombia’

El Conpes también incluye los pasos a seguir para promover gestionar la aplicación de la vacuna en el país.

PORTAFOLIO

FEBRERO 11 DE 2021 – 04:41 P. M.

Este jueves el Gobierno, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó el documento con el que buscan impulsar la reactivación a través del ‘Compromiso por Colombia’.

Según el DNP, el plan de políticas estratégicas contará con inversiones por más de $135 billones, y será ejecutado en alianza con el sector privado. “Con su puesta ejecución se busca generar dos millones de empleos, afianzar el apoyo a los hogares y las empresas, rescatar el crecimiento de la economía de manera sostenible e incluyente, y garantizar la vacunación de 35 millones de colombianos”, dice el comunicado.
Este paquete de medidas fue construido con aportes de más de 500 participantes, incluidos el Consejo Gremial Nacional y el Consejo Privado de Competitividad.
Según el Gobierno, los recursos tendrán como prioridad la financiación de proyectos en los sectores de vivienda, infraestructura vial y de servicios públicos, salud, educación, actividades artísticas, desarrollo agropecuario, desarrollo digital, también se destinarán a la entrega de transferencias monetarias a los hogares más pobres y vulnerables a través de los diferentes programas sociales.

ANALISTAS12/02/2021

La ‘Gran Recuperación’

Leonardo Mila

El 2020 será recordado seguramente como el año de la pandemia que llevó a la humanidad al aislamiento social y a la crisis más profunda de los últimos 100 años. La reapertura económica se inició tras los picos iniciales de contagio del virus que se registraron en julio y agosto pasados, lo que generó un optimismo creciente sobre el manejo de la enfermedad y la recuperación que vendría.

Este año comienza, por una parte, con noticias que podrían dar soporte adicional a ese optimismo que inició en la segunda mitad de 2020, como el avance en el desarrollo, aprobación y distribución de diversas vacunas para el covid-19. Pero, por otra, con fuertes rebrotes del virus en el mundo y con la aparición de nuevas cepas en diversas regiones del planeta que plantean serios interrogantes para el futuro de la salud pública y de la economía.

La gran pregunta que surge ahora es si hay razones suficientes para mantener el optimismo que llevó a los mercados globales de renta variable a tener fuertes recuperaciones tras la crisis ocasionada por el virus y a marcar máximos históricos al cierre de 2020 en diferentes geografías, o si por el contrario, terminarán predominando los riesgos y las amenazas en este 2021 llevando a la economía mundial a una nueva crisis y a los mercados accionarios a nuevas caídas comparables con las registradas en 2020, o incluso, más profundas. Al considerar los elementos que lucen relevantes, este 2021 se configura como el año que podrá ser recordado como el año de la ‘Gran Recuperación’.

Lo primero que se debe considerar es que la crisis económica que se observó en 2020 tuvo una naturaleza singular al haber sido generada por los cierres de las economías del mundo como respuesta al surgimiento de la pandemia. A diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión no existían desbalances estructurales en la economía o en el sistema financiero que hayan hecho insostenible el dinamismo que se observaba en diferentes latitudes a finales de 2019. No había evidencia de exceso de apalancamiento en hogares o empresas que desencadenara una crisis de insolvencia, así como tampoco existían burbujas en los mercados financieros que anticiparan un colapso inminente en las bolsas del mundo.

Por su naturaleza, su severidad y por su alcance global podemos decir que esta fue la crisis más profunda de la economía mundial de los últimos 100 años, pero también podrá ser la más dinámica y transitoria. La contracción de la economía en el mundo será del -3,5% en 2020, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional publicadas hace unos días, pero la recuperación que se verá en 2021 alcanzará el 5,5% y continuará con un 4,2% en 2022.

Esta dinámica favorable estará soportada por los estímulos sin precedentes desplegados por los gobiernos y los bancos centrales de todos los países del mundo para dar impulso a sus economías en medio de la crisis de salud pública, y que serán incrementados según se requiera, como lo ha mostrado el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden en Estados Unidos al anunciar un paquete adicional de estímulo fiscal por US$1,9 billones equivalentes a cerca del 10% de su Producto Interno Bruto y que buscará la aprobación del Congreso en los próximos meses.

El avance en el desarrollo y distribución de vacunas para combatir el covid-19 alrededor del mundo permite mantener la expectativa de que el virus comenzará a ceder terreno en los próximos meses y contrarresta el surgimiento de nuevas cepas el hecho de que investigadores y autoridades de la salud asignen una elevada probabilidad a que las vacunas existentes con leves modificaciones puedan ser efectivas contra las nuevas variedades del virus.

En este escenario nos encontramos en la antesala de la gran recuperación que comenzó durante el segundo semestre del año pasado, pero que se ha pausado por los nuevos cierres económicos que se han dado ante los rebrotes y mutaciones del virus. El segundo trimestre del 2021 deberá marcar el inicio del gran rebote de la economía y se podrá consolidar durante el segundo semestre para materializar los crecimientos económicos que anticipa el Fondo Monetario Internacional para este año.

Nuestro país no será la excepción a esta dinámica, si bien se encuentra un poco atrás en la línea del tiempo junto con otros países de Latinoamérica cuando se comparan con Europa y Estados Unidos que ya empiezan a registrar retrocesos visibles desde los nuevos picos de las curvas de contagio.

Al igual que en otros países del mundo, nuestro Banco de la República ha entregado una liquidez sin precedentes a la economía y al mercado financiero en ausencia de presiones inflacionarias, y el Gobierno Nacional implementó un estímulo fiscal inédito que planteará grandes retos a las finanzas públicas en el mediano plazo pero que permitió mitigar significativamente el impacto económico y social de la pandemia.

El mayor desafío para Colombia será materializar el crecimiento económico, recuperar el empleo y mantener el grado de inversión por parte de las tres calificadoras internacionales de riesgo más relevantes: Standard & Poors, Fitch Ratings y Moody´s, que se pronunciarán en el segundo semestre del año, lo que dependerá fundamentalmente de que el Gobierno logre tramitar una reforma tributaria sustancial que permita dar inicio a la normalización fiscal de nuestro país.

La receta del Fondo Monetario Internacional, para reactivar la economía colombiana.

sábado, 13 de febrero de 2021

Ampliación de la base de renta de personas naturales y reducción de las exenciones al IVA , entre las recomendaciones del fondo

Valentina Acosta Fonseca

En su primera visita a Colombia luego del inicio de la pandemia en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional reveló las principales recomendaciones y riesgos que puede enfrentar el crecimiento gradual de la economía colombiana.

Por ello, Hamid Faruqee, jefe de la misión en Colombia del FMI, fue enfático en la necesidad de: reforma tributaria, reforma pensional, y el regreso de la regla fiscal, que debe darse a cinco años.

Reforma Tributaria
El primer punto del FMI es que se debe dar una reforma “justa y progresiva”, con miras a generar una equidad de los impuestos, que aumente el recaudo por lo menos en tres puntos del PIB. En este sentido, el jefe de la misión del FMI, sugirió ampliar la base del impuesto a la renta de personas naturales y reducir las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres, así como eliminar regímenes preferenciales para las empresas.

“Eso ayudará mucho a a las finanzas públicas y ayudar a proteger el gasto social y la infraestructura”, indicó.

Regla Fiscal
Según el documento del organismo internacional, la consolidación fiscal gradual liderada por la reforma fiscal debería garantizar un retorno al ancla fiscal durante los próximos cinco años. “Un regreso a la regla fiscal en 2022 resultaría en un fuerte ajuste fiscal que podría descarrilar la recuperación. En cambio, este año debería aprobarse un plan de ajuste fiscal más gradual que garantice la sostenibilidad y credibilidad de las finanzas públicas para restaurar la meta de déficit estructural y restablecer el horizonte de ajuste en el marco fiscal de mediano plazo”.

Misión del Fondo Monetario Internacional solicitó a Colombia una reforma fiscal

Frente a la reforma tributaria, Hamid Faruqee, jefe de la misión en Colombia del FMI, aseguró que están de acuerdo con que se adelante este año, ya que hay ineficiencias en las tarifas del IVA, y tendría que haber una armonización de esas tarifas, aclarado antes, que desde el punto de vista del crecimiento, un aumento de los impuestos en general, va a afectar el crecimiento en corto plazo pero estaríamos a favor de una reforma tributaria gradual.

Reforma Pensional
En este punto, el organismo internacional aseguró que sí sería importante que el Gobierno adelantara una reforma en esta materia aunque, en este momento, lo que debe responder el Gobierno es qué tanto espacio tiene para hacer tantas reformas, añadiendo que la pensional, puede hacerse en el mediano plazo.

Colombia recibió préstamo del Fondo Monetario Internacional por US$5.400 millones

Sistema Financiero
Para el Fondo Monetario Internacional, el sistema financiero se ha mantenido resistente hasta ahora y las medidas de política han ayudado a capear la tormenta. Además, los bancos entraron en la crisis con capital adecuado y beneficios saludables para resistir el impacto.
Para evitar la contracción del crédito, las autoridades han tratado de mantener un delicado equilibrio entre mantener los estándares regulatorios y otorgar alivio a los prestatarios de las extraordinarias consecuencias de la pandemia.
Riesgos
Según el FMI, las autoridades continuarán monitoreando cuidadosamente los riesgos de estabilidad financiera y asegurando una provisión suficiente para pérdidas crediticias, teniendo en cuenta que el riesgo crediticio y la calidad de los préstamos son una preocupación en el futuro dada la recuperación gradual e incierta. A medida que las medidas de alivio temporal se vayan deshaciendo gradualmente, las autoridades seguirán alentando a los bancos a que recurran a las reservas de capital de todo el sistema según sea necesario para absorber pérdidas crediticias inevitables, evitando al mismo tiempo un endurecimiento procíclico de las condiciones crediticias.

Políticas monetarias
Las recomendaciones ahondan en que, dada la credibilidad del banco central y el margen de política disponible, se debe considerar una mayor flexibilización de la política monetaria si la inflación moderada se mantiene muy por debajo del objetivo o si se materializan riesgos a la baja para el crecimiento. El tipo de cambio flexible de Colombia debería seguir siendo una primera línea de defensa eficaz contra los shocks externos. Para mantener la cobertura de reservas, la acumulación debe continuar preservando el seguro contra riesgos externos.

Reformas estructurales son fundamentales
Para el Fondo Monetario Internacional, siguen siendo cruciales las reformas de carácter estructural, con el fin de aumentar el crecimiento inclusivo y la competitividad externa. Las reformas estructurales pueden apoyar la recuperación y sentarían las bases para un crecimiento sostenible e integrador.

La reducción de las barreras a la formalización empresarial y laboral reduciría aún más el desempleo durante la fase de recuperación y mejoraría la productividad. Además, advierte sobre la necesidad de una reforma fiscal para asegurar unas finanzas públicas saneadas, con miras a tener una recuperación gradual de la economía del país.