PROPUESTA: Subsidio a la Pobreza y nuevo sistema Sinbén IV.

Sisbén IV moderniza base de datos para programas sociales
El Gobierno ya ha hecho uso de la información del nuevo Sisbén, la cual se viene recolectando desde el año 2017, cuando se empezaron a aplicar en el país las encuestas de Sisbén IV.

Durante la pandemia este insumo se aprovechó para el desarrollo de programas como Ingreso Solidario o la devolución del IVA.  

“De seguro esta información que tenemos hoy en el Sisbén IV nos servirá para diseñar nuevos programas, para atender a la población y la pandemia, para tener una reactivación masiva y segura”, aseguró el director de Planeación Nacional en la presentación. Eso se haría por medio del análisis de dimensiones de vivienda, salud, educación y mercado laboral, buscando así que los subsidios lleguen a la población con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad.

Dentro del sistema hay en la actualidad información de 23 millones de personas, de estas, 4,6 millones están clasificadas dentro del grupo A, que hace referencia a quienes viven en condiciones de pobreza extrema, y equivalen a 19,7% del total de la población dentro del sistema.
En el grupo B, que engloba la categoría de personas en condición de pobreza, se encuentra la mayor cantidad de ciudadanos, 8,5 millones, que representan 36,2% de los que están dentro del Sisbén.
En el grupo C están los vulnerables (33,6%), que son 7,9 millones de personas, mientras que en el grupo D están quienes no se clasifican dentro de niveles de pobreza o de vulnerabilidad, que corresponde a 2,4 millones de personas.

Además, dentro del Sisbén IV también se tendrá en cuenta las características de la pobreza por departamentos, diferenciando sus zonas rural y urbana, de modo que se puedan priorizar áreas con mayores necesidades.

A continuación informe desarrollado con base a porcentajes de suscriptores de Viviendas a servicios de Energia Electrica, según Superservicios para el año 2019 y luego proyectado a 2020, con Incidencia de la Pobreza Monetaria en Colombia.

Como podemos ver la Pobreza extrema aumento en 2,77 millones de personas al pasar de 9,6% al 15,1%; la Pobreza aumento en 654.8 mil personas al pasar del 26,1% a 27,4% y los Vulnerables bajarón 806 mil personas que pasaron a Pobreza y Pobreza extrema. Esta movilidad social es resultado del impacto que tuvo la pandemia en las Clases Sociales de la población total.

Conozca cómo es el mapa de los estratos en las grandes ciudades de Colombia

lunes, 27 de mayo de 2019

El DNP y el Dane confirmaron que convocarán a una misión de expertos que evalúe el instrumento de estratificación socioeconómica que tiene el país.

Noelia Cigüenza Riaño – nciguenza@larepublica.com.co

Llegada de venezolanos agotó el inventario de arriendo de vivienda en los estratos bajos

Una pregunta tan inocente como ¿dónde vives? puede ser decisiva para conseguir un trabajo, entrar en la universidad o encajar en un determinado círculo social en Colombia, donde los hogares se dividen desde hace más de tres décadas en estratos que van del 1 al 6. En este sistema único en el mundo, los ciudadanos que habitan en los más bajos, el 1, 2 y 3, reciben subsidios de servicios (agua, gas y energía) mientras que los usuarios de los altos, el 5 y el 6, contribuyen con estas ayudas en sus facturas, y el 4 ni paga sobrecosto ni recibe ayuda.

Sin embargo, si bien la estratificación socioeconómica se ideó para focalizar los subsidios de los servicios públicos domiciliarios hacia las personas más desfavorecidas, este sistema de clasificación se ha convertido en un instrumento que acentúa la desigualdad y la segregación en un país en donde más de 13 millones de personas son pobres.

Y es que, como solo se tienen en cuenta las características físicas de las viviendas y su entorno, se presentan problemas de focalización en la asignación de las ayudas. Esto se da porque actualmente hay personas de estratos 1, 2 y 3 que fueron avanzando y ahora tienen ingresos suficientes para no recibir este tipo de subvenciones. De hecho, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los dos quintiles más altos de la población reciben 36,6% y 32,1% del total, respectivamente, de los subsidios en servicios públicos.

El desbalance entre los que subsidian y los que se benefician es tan elevado que se podría decir que en promedio tan solo 10% de los usuarios se encarga de financiar los servicios que recibe otro casi 80% de la población. Entre tanto, el restante 10% pertenece al estrato 4.

Esa dinámica se puede comprobar en las grandes ciudades del país como es el caso de Bogotá donde, según la Encuesta Multipropósito de 2017, viven en el estrato 1, 2 y 3 hasta 6,9 millones de personas (86,04%); en el 4 habitan 757.923 (9,42%); y en el 5 y 6 apenas 365.459 (4,54%). Lo mismo ocurre en Medellín donde los estratos bajos concentran 75,52% mientras que los que pagan una contribución extra son solo 12,73% del total; o en Cali donde 83% de los lados de manzana de casas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 frente a 8% que están en 5 y 6.

Según datos suministrados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 llegaron a $4,8 billones el año pasado siendo los de energía los más costosos por un valor de $3 billones, seguidos de los de alcantarillado, que supusieron $721.147 millones; los de gas representaron $621.400 millones; y los de acueducto, otros $446.960 millones.

En ese sentido, cabe destacar que por lo general el estrato 2 es el más financiado en todos los servicios públicos domiciliarios, excepto en energía en el que el 1 recibe $1,5 billones y al 2 le pagan $1,3 billones. Por su parte, a los usuarios del 3, que son a los que en un primer momento el Plan Nacional de Desarrollo iba a quitarles el subsidio junto con el de gas, se les financiaron el año pasado $250.000 millones.

Entre tanto, las facturas de las empresas de servicios públicos domiciliarios llegaron el año pasado a $55,2 billones; sin embargo, como el monto de las contribuciones no es suficiente para cubrir el de los subsidios, la ley contempla un fondo de compensación que asume esta diferencia, es decir, que el dinero que falta sale de las arcas públicas. En ese sentido, desde la Secretaría de Planeación de Bogotá, le dijeron a LR que en 2015 este modelo solo cubrió 69% de los subsidios de la capital para el servicio público de acueducto, por lo que la ciudad tuvo que poner $52.000 millones y la Nación otros $250.000 millones.

Soluciones a la vista
Debido a los problemas en la focalización de subsidios en los hogares más necesitados, a la ineficiencia del gasto público que genera y a la falta de actualización al mismo ritmo que el de las viviendas, la idea de desmontar los estratos en el país no es nueva.

Con el objetivo de resolver esta problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo, que sancionó el presidente Iván Duque el pasado sábado, se planteó la necesidad de evaluar el instrumento de estratificación socioeconómica y se delegó al Dane y al DNP como entidades que tienen competencias frente al tema.

Para esto, según explicó la directora del DNP, Gloria Alonso, ambas entidades convocarán a una misión de expertos que permita evaluar el instrumento de estratificación socioeconómica. De este modo, dado el caso, se definiría la necesidad de diseñar una propuesta alternativa que lo sustituya, junto con las propuestas de ajustes normativos y el diseño de transición hacia el nuevo instrumento de focalización.

“Existe la evidencia a partir de múltiples estudios de los problemas que presenta este instrumento para la asignación de subsidios que no tiene en cuenta información de la situación socioeconómica de los beneficiarios frente a la evolución de predios y viviendas, lo que probablemente estaría ocasionando errores en la focalización”, manifestó Alonso.

Planeación tendrá lista implementación del Sisbén IV el próximo año
Con el objetivo de ofrecer una aproximación integral a la situación real de los hogares, que combine calidad de vida y capacidad para generar ingresos, el DNP inició en 2017 la recolección de información del Sisbén IV, que se estima finalice en 2019 y que se implemente en su totalidad en 2020. Actualmente, la entidad cuenta con información de 489 municipios, 5,7 millones de personas y 2,2 millones de hogares. La última etapa del barrido se realizará en 606 municipios que incluye ciudades como Bogotá.

Lanzan plan piloto para la reactivación de los trabajadores informales

El Gobierno presentó la estrategia para impulsar los micronegocios y garantizar la reactivación segura de este grupo de trabajadores

Los trabajadores informales representan casi el 50 % de la fuerza laboral del país y fueron de los más afectados por la parálisis económica generada por el coronavirus.

PORTAFOLIO

DICIEMBRE 05 DE 2020 – 09:49 A. M.

El Gobierno colombiano presentó este viernes un plan piloto para garantizar la reactivación segura de los trabajadores informales, que representan casi el 50 % de la fuerza laboral del país y fueron de los más afectados por la parálisis económica generada por el coronavirus.

“No podemos seguir con los ojos cerrados frente al 47 % de colombianos que trabajan y generan su sustento de manera totalmente informal”, dijo durante el lanzamiento del programa, presentado en el departamento de Norte de Santander, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.

En el evento, en el que también participó el presidente Iván Duque, Ramírez abogó por una reactivación en la que el sector informal tenga nuevas condiciones de operación, que garantice mayor escala y más rentabilidad, así como se ha venido trabajando para reactivar las actividades industriales y formales.

El plan piloto, pensado como un “laboratorio social para la inclusión productiva de los emprendedores de a pie”, incluye varias líneas de apoyo que incluyen bancarización, dotación de elementos de trabajo y de bioseguridad, capacitación y acompañamiento productivo.

El programa, enfocado en la formalización gradual del sector, se extenderá inicialmente a las ciudades de Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería y Cartagena.

IMPULSO A MICRONEGOCIOS

Según datos oficiales, existen cerca de 925.000 micronegocios en las ciudades priorizadas, de los cuales el 14 % son ambulantes y un 34 % operan en viviendas.
Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, es una de las ciudades con mayores índices de informalidad (71,5 %) y en esa región, fronteriza con Venezuela, el Gobierno pretender atender y enrutar hacia la formalidad a 5.700 de esos micronegocios.

Del programa podrán hacer parte emprendedores estacionarios del centro de la ciudad; micronegocios de artículos de hogar, alimentos, juguetes, ropa y decoración; vendedores informales de plazas de mercado móviles o itinerantes, y pequeños emprendimientos con o sin establecimiento de servicios como peluquerías y tiendas.

La estrategia también apunta hacia la creación y desarrollo de cooperativas que permitirán “unir a varias personas que están desarrollando una actividad informal”.

Durante la presentación del programa fueron entregados kits de bancarización que permitirán a los trabajadores acceder a créditos y digitalizar la comercialización de sus productos, entre otros beneficios.

“Esta es una gran oportunidad que tiene el comercio informal para mejorar el uso del espacio público. El proyecto está alineado con la necesidad de tener unos planes de ordenamiento territorial, que mejorarán las condiciones de la gente y la movilidad y funcionamiento en las ciudades”, subrayó Ramírez.

Las ayudas del Gobierno, con 8,7 millones de beneficiados.

Por crisis, crece el debate sobre el futuro de las transferencias monetarias, y si se debería crear una renta básica garantizada.

Archivo Portafolio.co  MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

DICIEMBRE 13 DE 2020 – 07:30 P. M.

En medio de una crisis que impactará los niveles de pobreza, el Gobierno ha logrado llegar a 8,7 millones de personas y hogares a través de transferencias monetarias.

Aún así, expertos plantean que a esos programas les quedan varias tareas pendientes para amortiguar el golpe de la pandemia en los más vulnerables.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con corte al quinto giro realizado en septiembre, el Gobierno ha llegado a 1,7 millones de personas con Colombia Mayor, a 3 millones con Ingreso Solidario y a 1 millón de personas con la Compensación del IVA.

Para el caso de Familias en Acción, entre giros ordinarios y extraordinarios, han impactado a 2,6 millones de hogares y con Jóvenes en Acción se han transferido recursos a 425.402 personas en lo que va del año.

Según las cuentas del DPS, esos cinco programas sociales han desembolsado $11,9 billones este año, que para el caso de Ingreso Solidario y los giros extraordinarios de Familias y Jóvenes en Acción provienen de recursos adicionales que asignó el Gobierno a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

En ese sentido, cabe resaltar que Ingreso Solidario fue creado en el marco de la pandemia con el fin de solucionar el problema urgente de familias que quedaron sin ingresos por cuenta de la crisis.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que fue la entidad que estructuró el proyecto, este programa le envía ayudas de $160.000 mensuales a familias vulnerables e inicialmente iba hasta mitad de este año, pero se extendió hasta junio de 2021.

El otro programa nuevo fue la Devolución del IVA, que aunque ya se había planteado con la Ley de Crecimiento de finales de 2019, se empezó a implementar por cuenta de la pandemia. La intención de esa iniciativa es compensar ese impuesto que pagan los hogares pobres y vulnerables en algunos productos, por lo que se les giran $75.000 a esas personas cada dos meses.

Con una caída dramática del empleo y de la producción, que llevó al país a una contracción del PIB de 15,7% para el segundo trimestre, así como una tasa de desempleo que tocó el 20%, varios analistas han llamado la atención sobre la necesidad de buscar salidas para evitar que más personas caigan en la pobreza o en la vulnerabilidad.

De hecho, hace un par de meses el Dane actualizó la metodología para medir la pobreza monetaria y extrema y reveló que el porcentaje de personas en esa condición creció 1 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente en 2019, lo que representa un desafío mayor ante los efectos de la crisis. Concretamente, para el primero el dato ascendió a 35,7% y para el segundo llegó a 9,6%.

Ante ese panorama, centros de estudio y de pensamiento, como Fedesarrollo, han hecho algunas estimaciones de cómo quedaría la foto de pobreza al cierre de este año.

Según Jairo Núñez, investigador de esa institución, contando los impactos positivos de las transferencias monetarias en los hogares, el país podría terminar con una pobreza monetaria de 44,1% y extrema de 12,1% para el cierre de este año.

Eso significa que el país tendrá 4,2 millones de nuevas personas ganando menos de $327.674 mensuales, que es la línea de pobreza monetaria, para alcanzar 22 millones de colombianos en esa situación.
Además estima que habrá 1,3 millones de nuevas personas que ganan menos de $137.350 mensuales, que es la línea de pobreza extrema, por lo que ese número subiría a 6 millones de colombianos.

EL RETO QUE SE VIENE

Ahora bien, ese nuevo retrato de la pobreza y los hogares vulnerables configura un reto para los programas de protección social, así como la política en esa materia que tiene el país, teniendo en cuenta que habrá necesidades más pronunciadas como el acceso a la salud, educación o una pensión.

Precisamente, varios han planteado la posibilidad de unir todas las transferencias monetarias en un solo monto y crear una renta básica garantizada. Otros han puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar permanente Ingreso solidario, con un monto un poco mayor y con mayor cobertura.

Para el economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, en el corto y mediano plazo se debería pensar en que las transferencias pasen por un proceso de convergencia, con el fin de incluir la nueva información de beneficiarios y los nuevos pobres que ha dejado la pandemia.

“Colombia ya tiene la base de datos, la tecnología y la experiencia para empezar a pensar en tener un ingreso mínimo garantizado. Es decir, focalizado en población pobre y vulnerable y parametrizado en capacidad de pago. Pero antes se tiene que hacer una revisión del ecosistema del sistema de gasto social, y de ahí tomar decisiones en ese sentido”.

En esa línea, Sandra García, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Ph.D. en política social, transitar hacia un ingreso mínimo garantizado puede ser una buena salida en el mediano y largo plazo pero, coincide con Angulo, se debe revisar las necesidades del sistema de protección social y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Finalmente, Núñez plantea que unir todas las transferencias monetarias puede ser una buena salida, pero será clave que haya unas condiciones para evitar que haya “una trampa de pobreza, en la que esas familias también busquen empleo, estudien y encuentren mayores oportunidades. Es decir, hay que diseñar muy bien un sistema de emprendimiento, formación para el trabajo y servicio público de empleo para sacar a estas personas de su situación”.

LAS LECCIONES DE BOGOTÁ

Al comienzo de la pandemia, en Bogotá se desplegaron varios esfuerzos para tener una renta básica garantizada a través del Sistema Bogotá Solidaria en Casa, en la que se giraron $240.000 a hogares vulnerables con recursos de la Nación y la Alcaldía de Bogotá y llegaron a 790.978 personas, con corte al cuarto giro de pagos.

Para Angulo, quien fue parte del proyecto en los primeros seis meses, explica que una de las lecciones fue haber podido complementar las bases de datos de la Nación para llegarles a esas personas que estaban siendo afectadas por la crisis, pero que no estaban identificadas previamente como pobres o vulnerables. “Una focalización en tiempo real como esa es la punta de lanza para la renta básica del futuro”.

María Camila González Olarte
@CamilaGolarte

Durante los meses de la pandemia se han cerrado más de 427.800 micronegocios

jueves, 1 de abril de 2021

La encuesta de micronegocios evidenció que el comercio fue el sector que más pequeños negocios cerró y aportó 2,9 puntos a la caída total Ana María Sánchez – amsanchez@larepublica.com.co

La pandemia del covid-19 dejó rezagos a nivel social y económico y 2020 demostró ser uno de los peores años para los empresarios. En Colombia, en particular el daño económico se reflejó en una caída de 6,8% en el PIB, un desempleo por encima de 15% y un déficit que asciende a $90 billones, cifras que, ni en la peor de las crisis, se habían evidenciado.

Este panorama no solo se dio a nivel macro, pues parte importante que compone a la economía, es decir, los micronegocios, que representan más de 60% del tejido empresarial, tuvieron una reducción entre 2020 y 2019, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En concreto, al cerrar 2020 el indicador de micronegocios presentó una contracción de 7,3%, lo que quiere decir que, se pasó de tener 5,8 millones en 2019 a ser 5,4 millones en 2020. Una cifra que demuestra que, en total, fueron 427.848 micronegocios los que fueron cerrados por el rezago que dejó la pandemia sobre el sector empresarial del país.

Y aunque la cifra es menor que lo registrado en el periodo de enero a octubre de 2020, pues el total de micronegocios cerrados fue 509.370, lo cierto es que esto demostró que en los últimos meses del año la perspectiva económica cambió y la confianza en el sector privado aumentó, al pasar de 77,8% de negocios abiertos en el tercer trimestre a 91,2% en el cuarto trimestre. Además, hubo 19,7% y 7,2% de negocios cerrados, para el tercer y cuarto trimestre del año, respectivamente.

Estas cifras también se contrastan con las entregadas recientemente por Confecámaras, en las que se evidenció que en el tercer trimestre del año (octubre-diciembre) hubo una variación positiva de 23% en la creación de empresas en el país. Se pasó de 53.197 en 2019 a 65.363 en 202o. No obstante, aunque esta cifra no representa el total de micronegocios, es relevante porque agrupa todos los tamaños de empresas que se registran en el país.

Por sectores, el comercio y reparación de vehículos automotores fue el que más reducción en el indicador de micronegocios obtuvo, al aportar 2,9 puntos porcentuales a la caída con una reducción de 169.337 micronegocios entre 2020 y 2019.

“No solo el comercio ha estado muy afectado a nivel económico sino también por el tránsito a la informalidad en razón al aumento del desempleo”, argumentó Carlos Garzón, docente de economía de la Universidad de la Sabana.

Cifra de micronegocios en Colombia durante 2020 cayó 7,3% a 5,4 millones

Por otra parte, el Dane también mostró cifras de la afectación a nivel de ingresos, consumo intermedio y valor agregado. En el que, se evidenció que el sector de la construcción fue el que tuvo una reducción más abrupta en ventas, seguido de la industria manufacturera y el sector de las comunicaciones.

A nivel regional, la encuesta de micronegocios estimó la existencia de 2,4 millones de micronegocios en las 24 ciudades principales del país y sus áreas metropolitanas. De estos, 77,8% se localizaron en siete ciudades: 27,5% en Bogotá; 14,5% Medellín A.M.; 11,4% Barranquilla A.M y 10,4% en Cali y su área metropolitana.